COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Como un jugador compulsivo, la provincia se encuentra en un círculo en el que debe cubrir deuda tomando más deuda. Según las explicaciones oficiales, el crédito que se obtendrá con estos acuerdos del gobierno nacional permitirá sanear, en un plazo no inmediato, el déficit provincial.

Sin embargo, las cuentas públicas semejan un barco en el que ingresa demasiada agua, mientras las bombas de achique no dan abasto para evacuar el líquido, para que la nave siga flotando.

Cuesta entender, desde el sentido común, cómo se devolverán las 3 masas salariales y el medio aguinaldo adeudado a los agentes públicos (unos 17.500 millones de pesos en total), si al mismo tiempo los nuevos fondos que se tomarán prestados quedan casi compensados con los vencimientos de los bonos que siguen produciéndose todos los meses, con fuertes impactos trimestrales.

El grotesco vencimiento de octubre

El proceso de renegociación que impulsa la provincia con sus acreedores externos no ha arrojado hasta ahora resultados visibles. Tal como se anticipó desde esta columna desde meses atrás, el vencimiento de octubre por 39,7 millones de dólares correspondientes al BOCADE (pomposo título de ‘Bono de Cancelación de Deudas’) será inevitable de afrontar este mes.

Si bien se ha iniciado también un intento conocido en el mundo de las finanzas como “stand still” (pacto de espera), el objetivo no parece cercano. Ese acuerdo potencial implica que se suspenden temporalmente los pagos mientras se realice la renegociación (que pueden ser 90 ó 180 días, por ejemplo, según el acuerdo entre las partes).

Lo que parece una posibilidad optimista choca, sin embargo, contra dos aspectos negativos: el primero, esa suspensión temporal no implica que el deudor pueda disponer de los fondos. Por caso, Chubut no podría utilizar los casi 4.000 millones de pesos que se dejarían de pagar este mes, para achicar deuda salarial a sus empleados, como sería legítimamente esperable. Es que los fondos deben quedar en reserva, sin tocarse, hasta el momento en que se defina la renegociación.  

El segundo elemento negativo es que quienes conocen de cerca el proceso de renegociación no advierten, en esta primera semana de octubre, que se esté cerca de lograr la suspensión temporal del pago, que se deberá afrontar en las próximas semanas.  

Decir que la provincia pagará es casi un eufemismo, porque en realidad los fondos no llegan a ingresar a las arcas públicas para luego transferir a los tenedores de bonos, sino que se descuenta automáticamente de las regalías petroleras. La opción en contrario sería una decisión política de ruptura, algo que, según evalúan en el seno del gobierno, traería aparejados peores perjuicios.

El dandy que paga afuera y llora adentro

“Es posible que desde el gobierno central vean a la provincia como el ‘dandy que paga su deuda’ de forma automática, pero después acude a Nación para pagar salarios atrasados”. La imagen fue descripta por un conocedor de ámbitos de poder y procesos financieros, al reflexionar sobre la situación de Chubut.

¿Esperan desde el gobierno central que la provincia tense la relación con sus acreedores externos, tal como hizo Nación para renegociar su propia deuda privada? La referencia, señalan en esos ámbitos, hoy es la de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está parado sobre una dura posición, peleando con sus acreedores y en un virtual default, por nada menos que 7.000 millones de dólares. “¿Me venís a llorar porque querés plata para cubrir salarios y vos seguís pagando puntualmente a tus acreedores?”, sería la hipotética visión de reproche, desde un gobierno nacional que viene de transpirar con la posibilidad del default, pese a lo cual logró una reestructuración con el 99 por ciento de aceptación.

No se trata de romper todo, porque las negociaciones siempre son mejores en términos amistosos, pero resulta llamativo por qué no se intentó suspender los pagos. Con casi medio centenar de muertes por la pandemia, que impactan más crudamente en la zona que produce el hidrocarburo que garantiza el pago de deuda, con un sistema sanitario colapsado, acaso el momento más propicio para jugar fuerte sea éste.

Si no se logra convencer por argumentos humanistas, se podría plantear una medida cautelar, esperando a que un juez federal ordene la suspensión temporal del fideicomiso que cada mes retiene automáticamente la casi totalidad de las regalías petroleras.

Sin embargo, en ámbitos oficiales descreen de esa posibilidad. Es que el remedio, entienden, sería peor que la enfermedad, pudiendo desencadenar el embargo del total de las regalías, que hoy están afectadas parcialmente (si los precios del petróleo volvieran a subir, el pago del bono dejaría una diferencia favorable a la provincia, pero con los precios actuales hoy no se verifica). Si existe una cláusula así en el contrato, sería más leonino de lo imaginado.
Tampoco hay reacción en la Legislatura, que presenta muchos comentaristas pero pocos jugadores. ¿Se podría avanzar en una ley que dé fundamento a una suspensión de pagos, basada en razones de fuerza mayor?

Mientras tanto, la realidad sigue su propio curso, con una opción de hierro. O se le paga a los agentes de salud, o a los acreedores externos. ¿Quién de ellos atenderá a los miles de enfermos de covid?