COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A través de una ordenanza de adhesión al Fondo Provincial de Viviendas, creado por una ley provincial que tiene dos años de vigencia, el Concejo Deliberante podría tratar en la próxima sesión una norma que habilita el envío de fondos por parte del Estado provincial para la construcción de viviendas familiares en Comodoro Rivadavia. La iniciativa es impulsada por la concejal Viviana Navarro, que impulsó la ley cuando era diputada provincial, junto a Aflredo Di Filippo.
Según estimaciones basadas en el texto de la ley, el Estado provincial debería haber destinado alrededor de 200 millones de pesos para crédito para la construcción, en condiciones muy blandas, de viviendas familiares. Esto se desprende de la ley XXV Nº61, que creó el Fondo de Vivienda e Infraestructura de Servicios.
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Según la norma, que fue aprobada por la Legislatura provincial en abril del año pasado (aunque el Ejecutivo la vetó, la misma fue luego insistida por los dos tercios de la Cámara, lo que derivó en su promulgación), el fondo se compone de los siguientes recursos: un 30 por ciento de los ingresos totales que recibe el Instituto Provincial de la Vivienda a través de fondos nacionales. Y un 4 por ciento de las regalías hidrocarburíferas totales percibidas por la provincia.
El 90 por ciento del fondo constituido se repartirá en forma proporcional al índice de coparticipación de cada municipio, mientras el 10 por ciento restante debería destinarse directamente a la construcción de viviendas en áreas rurales.
Créditos de hasta 750.000 pesos
Según el texto de la ley, que está vigente desde el año pasado, el fondo debería posibilitar líneas de créditos de hasta 750.000 pesos (actualizables según el índice de construcción), con devolución a 20 años y un tope del 25 por ciento sobre los ingresos familiares en el valor de las cuotas. De este modo, a través de una línea blanda de préstamos, se apunta a financiar la construcción de viviendas para familias que posean un terreno propio, supliendo en parte la demanda que se dirige hacia el IPVyDU.
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Mediante la ordenanza de adhesión, en la que trabaja la actual concejal Viviana Navarro, se buscará activar el envío de fondos desde el Estado provincial, que de haberse aplicado en el tiempo transcurrido desde la vigencia de la ley, se calcula en un monto no inferior a los 200 millones de pesos, según se informó desde ámbitos legislativos.