El acueducto Lago Musters de Comodoro Rivadavia y su obra de repotenciación ya transita su sexto año entre anuncios, excusas varias y causas de corrupción.

El acueducto, entre postergaciones y denuncias por corrupción

COMODORO RIVADAVIA (Informe Especial / Por ADNSUR) - El proyecto repotenciación del acueducto Lago Musters Comodoro Rivadavia volvió a escena en las últimas semanas, luego de que se confirmara que la asignación presupuestaria en el proyecto 2019 del gobierno nacional es de sólo 794.000 pesos y de que se conociera que también el gobierno provincial mantiene un incumplimiento con los superficiarios de Sarmiento afectados por el proyecto, ante quienes se habían comprometido obras complementarias por alrededor de 40 millones de pesos, sin lo cual no darán su consentimiento para el paso de cañerías. Además, el proyecto es objeto de una investigación judicial por presuntos sobreprecios, en alrededor de 100 millones de pesos, según la denuncia que formuló la Oficina Anticorrupción, en relación a las tareas que estuvieron a cargo de CPC, del empresario Cristóbal López.

Es sabido que el verano 2018-2019 será uno más en el que se sufrirán cortes de suministro de agua para “reponer reservas”, según la tónica de los últimos años, que si no comenzó todavía con interrupciones semanales del bombeo se debe fundamentalmente a que las temperaturas siguen siendo más propias del invierno que de mitad de temporada primaveral.

El problema no es el verano actual, sino saber cuántos más sufrirán las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly Caleta Olivia con la precariedad del abastecimiento de este servicio esencial, que sin embargo no parece formar parte de las prioridades del poder político. Entre las acusaciones cruzadas de uno y otro sector, lo cierto es que el proyecto se licitó inicialmente en al año 2013 y nada indica que pueda contarse con la obra a partir del verano 2020.

Una primera confirmación pudo establecerse esta semana. Luego de que por error se informara desde el equipo de asesores de la diputada Ana Llanos que se habían proyectado 794 millones de pesos en el presupuesto 2019, la realidad más cruda permitió verificar que en realidad la asignación es de tres ceros menos, es decir de 794.000 pesos.

Una cifra que a todas luces no garantiza la disponibilidad de fondos necesarias para la culminación del proyecto, al que en teoría le resta “solamente un 5 por ciento”, según se dijo en reiteradas oportunidades desde que directivos de la SCPL viajaron para reunirse con el ENOHSA a solicitar que se les permitiera asumir la finalización de la obra, lo que fue ratificado por funcionarios nacionales.

“Lo importante es que esté la partida el crédito presupuestario, después se puede ampliar por compensación, que es la metodología habitual –advierte el diputado nacional Gustavo Menna-. Lo importante es que está la determinación de llevar adelante la finalización. Creo que los obstáculos no son presupuestarios, sino jurídicos”.

En efecto, la traba judicial está dada por la rescisión del contrato por parte del ENOHSA con la empresa CPC, que a su vez está inmersa en el proceso de quiebra del grupo Indalo, a partir de la causa judicial iniciada por la AFIP contra Cristóbal López.

Bonadío y Stornelli investigan sobreprecios

Si bien el organismo nacional busca acordar con la cooperativa que ésta se haga cargo de la finalización de los trabajos restantes para concluir, ese trámite no es de fácil resolución, considerando que además toda la obra forma parte de una investigación judicial a partir de la denuncia de la Oficina Anticorrupción, en la que se sostiene que hay un sobreprecio cercano a los 100 millones de pesos. Pocos advirtieron que el miércoles, cuando el presidente Macri pasó fugazmente por Comodoro Rivadavia para inaugurar el parque eólico Manantiales Behr, habló de que “la obra pública redujo su valor en un 40%, porque eran precios de la corrupción”, acaso sin aludir en forma directa al proyecto del que depende el abastecimiento de agua para 500.000 habitantes y que también incluye sus propios “cuadernos”.

Vale recordar que la obra se licitó originalmente en el año 2013 y el presupuesto inicial era de 331 millones de pesos, pero luego hubo ampliaciones para la obra de ósmosis inversa (para desalinización de agua de mar) en Caleta Olivia. La causa es investigada por el juez Jorge Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, tal como informó ADNSUR en noviembre del año pasado. Según consta en la causa 15.384, la Sindicatura General de la Nación calculó que por la provisión de los cuatro módulos que conforman la planta de ósmosis inversa se habría pagado un sobreprecio de $46.757.340, mientras que por la instalación de esos módulos se habría pagado la suma de $6.741.499,68 de más; lo que sumado al sobreprecio en el acueducto (a partir de un cambio en el tipo de cañerías que era desaconsejado por áreas técnicas del Estado) da un total de $99.574.338,90.

En ese marco, se envió un oficio a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, para que ordene pericias en las tareas de la planta de ósmosis inversa. Por otra parte, resta conocer el avance concreto sobre el resto de la obra de repotenciación y sobre la calidad constructiva de lo realizado, considerando que el ministro de Infraestructura, Raúl Chicala, dejó entrever dudas sobre el estado del hormigón de la nueva planta potabilizadora.

Acaso algunas de esas precisiones puedan conocerse en los próximos días, ya que Menna comprometió un encuentro con el presidente del ENOHSA para recabar información sobre el estado actual del proyecto y cómo se podría canalizar la finalización de la obra, sin perjuicio de las investigaciones judiciales que siguen en marcha.

Rebote en Legislatura

Por su parte, también en la Legislatura provincial habrá repercusiones. La diputada Viviana Navarro apunta a promover un proyecto de resolución para pedir la mediación de los legisladores nacionales, para que el Ejecutivo nacional posibilite el final de obra más allá de la cuestión judicial: “no pido que saquen la demanda, sino que la obra se pueda terminar mientras sigue la investigación”, apuntó la legisladora.

La diputada suma otro frente para atender, que necesariamente involucra al Ejecutivo provincial: el gobierno provincial no ha cumplido el acuerdo con los superficiarios, ante quienes comprometió obras que la cooperativa de Sarmiento cotizó recientemente en 40 millones de pesos. Además, “el intendente Britapaja quiere regalías y es algo que tendrá que resolver con el gobernador”, añadió la legisladora, haciendo el repaso de lo que aún falta transitar para llegar a la concreción. Todo lo cual muestra que se ha avanzado muy poco en los últimos 3 años, ya que estos temas –reclamo de Britapaja y demás superficiarios- es algo que se conoce desde fines de 2015.

Así, entre las críticas oportunistas y las reiteradas evasivas que el poder central brinda a esta región, la postergada obra de repotenciación se prepara para transitar su sexto año entre anuncios y excusas varias, entre millones de pesos revoleados por los aires y caños enterrados, entre promesas de “ya se termina” o “inauguramos antes de octubre”, sin que haya certeza de que esta vez sí habrá agua en el desierto.