RAWSON (ADNSUR) - Mariano Arcioni pidió a sus asesores que le acerquen la redacción de un borrador que ponga un techo a los sueldos por un tiempo acotado, para luego buscar consenso con los principales actores de los otros poderes. En el gabinete entienden que la Constitución habilita al Ejecutivo, ante una situación de emergencia y por un lapso determinado, a avanzar sobre la intangibilidad salarial. Antes de tomar una decisión, en el gobierno se evalúa el costo político: podría ser bien recibido por los trabajadores privados y los estatales de menores ingresos, pero también generaría rispideces con los afectados, que serían los cargos más altos de la Justicia, Legislatura, Salud, Servicios Públicos y organismos descentralizados.

Dentro de las medidas que buscan achicar el gasto público y que están en estudio por estas horas en los despachos de Fontana 50, hay una en particular que viene dando vueltas desde hace meses en la cabeza del gobernador Mariano Arcioni: poner un límite a algunos sueldos de trabajadores estatales que le parecen una exageración, y que están muy por encima de su propio cargo de primer mandatario, que es el de mayor responsabilidad dentro de la Provincia. Por ello, en los últimos días encargó a su equipo de colaboradores que le acerquen la redacción de un borrador, que podría convertirse en un DNU o en el mejor de los casos, en una Ley consensuada con la cúpula de la Justicia y con los diputados.

En los despachos con mayor peso político en Casa de Gobierno, se estuvo trabajando toda la última semana contrarreloj en una serie de medidas para bajar el nivel del gasto del Estado, entre ellas el borrador de este posible “topeo salarial” como se le llama dentro del “círculo rojo”, que -de concretarse- podría aplicarse por un lapso determinado que sería en principio de 6 meses, y con una justificada causa de emergencia, basada en las fuertes consecuencias de carácter extraordinario por la retracción económica que generó la pandemia y la consecuente baja en la recaudación provincial.

De acuerdo al texto de este borrador aún en análisis, durante esos 6 meses de emergencia salarial, ningún sueldo dentro del ámbito estatal de la provincia del Chubut, tanto de agentes activos como pasivos, ya sea de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de todo trabajador de un ente descentralizado u organismo autárquico o de control, podrá percibir un sueldo superior al que percibe el gobernador de la provincia. De acuerdo al relevamiento realizado por ADNSUR, con la última actualización aprobada por la Legislatura, en estos momentos los haberes en bruto del primer mandatario, sin descontar los aportes de ley, ronda aproximadamente los $ 389.000. Según la página oficial del gobierno, el sueldo neto -es decir devengados los aportes y descuentos- de Mariano Arcioni, es de $ 214.325,01.

Entre los argumentos técnicos que se barajan para fundamentar esta medida, el equipo que encabeza el Secretario General de Gobierno, Andrés Meiszner, junto a otros ministros y funcionarios, apunta a dos artículos de la Constitución Provincial, que precisamente hablan de las cuestiones salariales de los diputados y de los jueces. Se trata por ejemplo del artículo 128, donde figura que “los servicios de los diputados son compensados por el tesoro de la Provincia con una dieta que fija la ley, la que no puede ser disminuida por acto de autoridad durante el período del mandato”, lo que quiere decir que son intangibles, pero a continuación agrega que esa remuneración “está sujeta a las disminuciones que se disponen por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado”.

Para el gobierno, esto habilitaría a tocar las dietas de los legisladores siempre y cuando haya una ley general transitoria para todo el estado. Algo muy similar ocurre con el artículo 170 alusivo al Poder Judicial, que expresa que “los magistrados y funcionarios designados con acuerdo de la Legislatura y los secretarios letrados tienen asignaciones fijas pagadas mensualmente”, que también sin intangibles pero que están “sujetas a las disminuciones que se dispongan por leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos los Poderes del Estado, en el marco del ejercicio de poderes emergenciales”.

En esta última frase está para el gobierno el meollo de la cuestión: los impulsores de la idea entienden que la Carta Magna habilitaría a tomar esta decisión con los sueldos, pero siempre y cuando sea de manera restringida, es decir mediante una Ley General, que sea transitoria, y por cuestiones de emergencia. Si esta decisión llegara a prosperar en la cabeza de Arcioni, el primero de los objetivos sería convocar a la cúpula del Superior Tribunal de Justicia, al Vicegobernador y a los diputados, para tratar de buscar un consenso, ya que la opción de sacar la medida a través de un DNU no parece la apropiada: si esto no surge de un acuerdo político corre el riesgo de que luego la Cámara de Diputados lo rechace.

IMPACTO

Aún no está cuantificado cuál sería el impacto presupuestario de una medida de este tipo en una masa salarial de $ 4900 millones mensuales, pero se estima que no sería significativo. Es decir que al gobierno no le van a cerrar de golpe los números por recortar durante 6 meses los sueldos más altos del Estado, que en algunos casos pueden asombrar por lo elevados, pero que en la sumatoria total, no hacen la diferencia. Las fuentes calificadas de gobierno sostienen que más allá de los números, debería ser tomado más como un “gesto” hacia la sociedad, en la búsqueda de mostrar austeridad y “mayor empatía con el trabajador común”, como por ejemplo con el empleado de comercio que en el ámbito privado trabaja 6 días a la semana durante 8 horas por un ingreso de 35 o 40 mil pesos.

Es probable que el anuncio sea bien recibido por un sector de la sociedad como el de cuentapropistas o pymes a las que les cuesta salir adelante pagando los sueldos de sus empleados además de afrontar altas cargas sociales e impuestos, y que ante una disminución de la actividad como la que se vive, tiene que rebuscársela con ahorros o toma de préstamos. También es cierto que dirigentes sindicales que representan a los sectores de menores ingresos, han salido a cuestionar públicamente los sueldos de otras reparticiones estatales: fue el caso de Guillermo Quiroga, de ATE, quien apuntó especialmente al Poder Judicial. En esos ámbitos vinculados a lo privado y a los estratos estatales más bajos, quizás una medida de este tipo no caiga mal.

Pero lo que en el gobierno se está evaluando antes de hacer cualquier tipo de anuncio, es el impacto negativo que esto puede tener, y para eso se debe analizar a qué sectores afectaría la medida, que son aquellos que están percibiendo sueldos superiores a los que por ley cobra el Gobernador. Para esto hay que tener en cuenta el sueldo bruto de $ 389 mil, que en principio, dentro del mismo Poder Ejecutivo, es superado en no pocos casos, como por ejemplo en más de 100 sueldos del Ministerio de Salud, que de bolsillo están por encima de $ 215 mil y en algunos casos llegan hasta $ 450 mil. Claro que no se puede considerar representativo de un sector que tiene más de 6300 agentes.

En el ámbito estatal, hay varios casos de trabajadores de mayor antigüedad dentro del área de Servicios Públicos que verían recortados sus ingresos, como así también un número considerable de integrantes de Fiscalía de Estado, Contaduría General, Dirección de Rentas, por mencionar algunas áreas; y también cargos jerárquicos y de carrera en entes descentralizados como el ISSyS, el IAS, Chubut Deportes, la Universidad del Chubut; así como organismos de control como el Tribunal de Cuentas o la Oficina Anticorrupción, que tienen sueldos “enganchados” a la Procuración General.

En principio las estimaciones indican que una ley de este tipo casi no afectaría a sectores como los docentes, los viales, los policías, y mucho menos los auxiliares de escuelas, empleados de las áreas de Familia, Administración Central, donde están los ingresos más bajos. En realidad, en el universo del Ejecutivo quizás no llegue a un 5 % de sus empleados. Aunque también hay que dejar en claro que la medida en estudio alcanzaría a los jubilados de mayores ingresos, que en esos valores tampoco son muchos, es cierto.

RIESGO

Probablemente el mayor riesgo de un fuerte contrataque y de más rechazo lo vaya a encontrar el gobierno si pretende avanzar con esta medida, en los dos poderes que serían más afectados: el Legislativo y el Judicial. En el caso de la Legislatura, el número total de empleados sumando a diputados y planta política apenas supera los 500, lejos el poder más pequeño del Estado. Pero también el más apuntado en materia salarial por el resto de la sociedad. El sueldo bruto de un diputado ronda hoy los 450 mil pesos, es decir que está un 15 % por encima del Gobernador. Y si esto se llegara a aplicar, también alcanzaría a los sueldos más elevados en la escala de ese poder, que además son los de mayor antigüedad, como los secretarios de comisiones y la Secretaría de Enlace, entre otros casos.

La duda que surge, tanto en el Legislativo como en el Judicial, es respecto a cómo se aplicaría esta medida en la práctica, porque en esos poderes, existe una escala salarial porcentual, con un cargo que es el índice de referencia, a partir del cual se calcula el resto. Si se le reduce el sueldo a ese cargo, ¿también se aplicaría en la escala hacia abajo, disminuyendo el sueldo de todos los empleados? Es una pregunta que fuentes de ambos sectores hicieron en off a esta columna. Y la verdad que aún se desconoce cómo podría implementarse.

En el caso de la Justicia, una voz de las más importantes dentro de ese poder, comentó a ADNSUR su preocupación por el impacto que esto puede generar en el éxodo de jueces y fiscales, que en estos momentos están concursando para cargos en otras provincias, y que podrían provocar un vacío difícil de llenar en áreas claves del servicio de justicia. Como se sabe, los salarios de los judiciales los fija el STJ por acordada, y están enganchados a los de la Suprema Corte. Las más altas esferas de los ministerios públicos y de la judicatura, perciben ingresos que están hoy un 50 % por encima de lo que cobra el jefe del Ejecutivo.

Si a estos sueldos se los equipara a los del gobernador durante el lapso de medio año, como pretende esta medida que hoy está en análisis dentro del gabinete, es probable que esto toque los ingresos de unos 200 agentes de los 1800 que hay en la Justicia, justamente los cargos de magistrados y funcionarios, así como los de empleados de mucha antigüedad. Está claro que allí estará uno de los focos de mayor oposición a la medida.

El tema del techo salarial está en carpeta desde hace rato, pero los que corren parecen ser días decisivos a juzgar por el requerimiento del gobernador a su equipo. Todo parece indicar que el gobierno cree que ante la merma de ingresos extraordinaria, llegó el momento para encarar el asunto de manera concreta. Para ello, deberá trabajar muy fuerte en la búsqueda de consenso con la mayor cantidad posible de sectores: una medida de este tipo necesita una Ley General, de carácter extraordinario, con acuerdo de los distintos partidos y también del resto de los poderes. Habrá que estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas, donde la última palabra la tendrá Mariano Arcioni.