El "karma" de los ministros de Familia de Chubut y la oficina embrujada de las causas de corrupción

RAWSON (ADNSUR) - Hay una frase que se atribuye a Karl Marx, quien parafraseó a Hegel para describir al gobierno de Luis Bonaparte, y reza: “La historia se repite dos veces, la primera vez como tragedia, la segunda como una gran farsa”. La definición viene a medida si uno analiza los hechos que vuelven a tener como protagonista a una ministra de Familia en Chubut, como es el caso de Cecilia Torres Otarola, a punto de convertirse en la tercera de los últimos cuatro en este mismo lugar que es imputada por la justicia por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función. Y como si fuera una gran comedia escrita por un guionista profesional, la historia quiso que fuera allanada en la misma emblemática oficina que era la sede operativa de Mezeta Consulting, la empresa creada por Diego Correa para lavar dinero proveniente del Estado, lo que fue demostrado en un juicio que le valió una condena en octubre pasado.

En ADNSUR ya vinimos relatando con lujo de detalles los pormenores de la investigación “Ñoquis Calientes” contra Otarola, que no viene a cuento repetir aquí: las denuncias en torno a una operatoria para quedarse de manera coercitiva con la mitad del sueldo de su personal político, las contrataciones de gente de dudosos antecedentes que no se sabe qué funciones cumplían, y las sospechas en torno al incremento de su patrimonio. Lo que llama la atención de la procuración, según reconoció el mismo Jorge Miquelarena, es cómo pueden llegar a repetirse determinadas conductas en el seno de la administración gubernamental cuando ya hubo una andanada de causas de corrupción que se ventilaron públicamente y que dejaron al descubierto un modus operandi que no va más.

Hace tres años, allá por marzo-abril de 2017 cuando aún gobernaba Mario Das Neves, el Ministerio de Familia fue el área que debió coordinar la ayuda social a la gente afectada por el terrible temporal que azotó a los vecinos de Comodoro Rivadavia. Un año después, la justicia procesó a la entonces ministra Leticia Huichaqueo, y al subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, por entender que fueron partícipes de una maniobra para estafar al Estado, y a la gente. A partir de un anónimo “sobre bomba” se descubrió un festival de facturas truchas de mercaderías –colchones, leña, agua, comida- que nunca se entregaron, pero que se pagaron, y es lo que se pretende demostrar próximamente en un juicio oral. Incluso Huichaqueo tiene en su contra otra causa, en la que se la acusa de haber vendido de manera particular una gran cantidad de alimentos para mascotas que había sido donada al Estado para atender esa emergencia.

La suerte del sucesor de Huichaqueo en Familia, fue todavía peor, y aún puede tener consecuencias. El elegido para reemplazarla por parte del gobernador Mariano Arcioni, fue el ex intendente de Dolavon, Martín Bortagaray, quien luego de 8 meses en el cargo, fue detenido en su mismo despacho en Fontana 50 y retirado por el portón de acceso de la Residencia Oficial en septiembre de 2018.

Su detención no obedeció a su desempeño en Familia, sino al trabajo realizado previamente en el IPV, donde para los fiscales de la causa Revelación –Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz- formó parte de una asociación ilícita junto a otros ministros para la recaudación de una “caja negra” con fondos provenientes de retornos de la obra pública. La causa espera fecha de juicio oral, mientras que los responsables de la detención –que fue en contra de un artículo de la Constitución- debieron enfrentar un sumario ante el Consejo de la Magistratura.

Antes de que asumiera Otarola en diciembre, la ministra de Familia fue otra cordillerana, la esquelense Valeria Saunders. Durante más de un año ocupó ese lugar sin problemas, pero el gobernador le pidió que fuera candidata a concejal por su boleta en Esquel, y luego de ganar en junio, asumió su banca en diciembre pasado. Conocedora del tema social, de buena imagen y aceptación entre intendentes y compañeros de gabinete, mostró que por fin se había dado con el perfil indicado para el cargo. Pero las necesidades electorales y el entramado propio del armado político, hicieron que se “desvistiera un santo para vestir otro”. Y las consecuencias fueron nefastas.

HISTORIA DE UN MINISTERIO

Uno podría preguntarse por qué un área tan sensible, encargada de la llegada de la asistencia social a los sectores más vulnerables, no ha tenido suerte con el perfil de la gente que se eligió para ocuparlo. Otros funcionarios dejan el cargo por razones políticas, o por su desempeño: sin ir muy atrás en el tiempo, los casos de Marcial Paz, Carlos Relly, Nicolás Cittadini, Carlos Simionatti, por citar algunos. Es algo normal de cualquier gestión, e incluso saludable: el recambio por oxigenación. Pero muy distinto es tener que dejar el cargo por una investigación judicial por el desempeño en la función. Le pasó por ejemplo a Graciela Cigudosa, quien dejó el Ministerio de Educación hace un año procesada por la justicia en una causa por contrataciones de obras en edificios escolares. Y lamentablemente es algo que se está haciendo costumbre en Familia: de 2018 para acá, hubo cuatro ministros, y tres de ellos se fueron con causas judiciales.

¿Es la cartera social un área importante para los gobiernos de turno? ¿Cómo se elige el perfil de un ministro de este tipo? Más allá de que la Constitución exige algunas cuestiones vinculadas a la residencia, está claro que para ocupar un cargo político no hay un requisito de idoneidad. Pero igualmente hay ciertas normas que son habituales y que tienen que ver con la especificidad de un lugar. Para ser ministro de Economía, se escogen habitualmente especialistas en los números con experiencia en la cosa pública; para Infraestructura, el IPV o Vialidad, ingenieros o arquitectos especialistas en construcción; para Salud, la norma es que se elija a un médico o agente del sistema sanitario; para Educación, más allá de alguna excepción como Meiszner, en general suele ocupar el cargo alguien con pasado docente y conocedor del sistema.

Lamentablemente la historia del área de Desarrollo Social suele estar vinculada a alguien que trabajó en la campaña electoral, o que tiene buena llegada con los punteros en locales partidarios, o que conoce desde adentro el sistema político, pero no suelen pedirse pergaminos vinculados a lo formativo. Y si -mirando los decretos de nombramientos del personal de gabinete de Torres Otarola- a esto se le agrega el resto del equipo que conforman subsecretarios, directores generales y directores, está claro que no se chequea demasiado. ¿Un ministro debe tener libertad total para designar a quien le parezca, con el argumento de que es de su confianza? ¿Puede un funcionario dar un cargo político a la mujer que cuida a sus hijos con el sueldo de un subsecretario o a un jardinero de nacionalidad extranjera como director general? Más allá de si es ilegal o no, ¿cuál es el beneficio que una designación de este tipo trae a la gente para la cual se gobierna? ¿Hay alguien en la estructura del gobierno que revise estas cosas para que no vuelvan a ocurrir?

Sólo un repaso, sin calificaciones, para hacer un poco de memoria, del área social en Chubut en los últimos 20 años. En la última gestión radical de José Luis Lizurume, existía el Ministerio de Bienestar Social, en una época en la que había solamente cinco ministerios, junto a Economía, Gobierno, Salud, Educación y Producción. Después, Lizurume decidió que Acción Social pase a ser Secretaría, junto con otras como Seguridad, Legal y Técnica y General de Gobierno.

Eran épocas donde la masa de empleados públicos era de 22.800, y si se sumaba a los jubilados, no llegaban a 30 mil. Sólo a título comparativo, hoy el número de ministerios es 11 (Gobierno, Seguridad, Economía, Salud, Educación, Infraestructura, Ambiente, Familia, Hidrocarburos, Agricultura y Turismo), y la masa de empleados públicos asciende supera los 65.000.

Fue Mario Das Neves el que, luego de algunos escándalos por una licitación para la compra de botines en el área de Desarrollo Social, decidió crear el Ministerio de Familia en 2006, cuyo primer titular fue Adrián López, quien luego fue catapultado a la intendencia de Rawson. Luego ocuparon esa cartera Roddy Ingram y Gonzalo Carpintero. En la gestión de Martín Buzzi el área fue ocupada por el entonces macarthysta Adrián Maderna, hasta que rompió filas y comenzó a armar su campaña para intendente de Trelew. Luego de su partida, el cargo lo desempeñó la capitalina Araceli “Bicha” Di Filippo. Con el regreso de Das Neves en 2015, se nombró allí a Huichaqueo, y la historia posterior es conocida.

LA OFICINA “EMBRUJADA”

El último miércoles, pasado el mediodía, hubo una serie de allanamientos en domicilios particulares y oficinas públicas en el marco de la investigación denominada “Ñoquis Calientes” que lleva adelante el fiscal Omar Rodríguez. El operativo que generó más repercusión fue el realizado en las oficinas del Ministerio de Familia, donde llamativamente, todavía estaba presente la ex ministra que el mismo Boletín Oficial de la provincia decía que estaba despedida: Cecilia Torres Otarola.

Mientras la prensa esperaba afuera que bajara la mujer, la ex funcionaria se quedó encerrada hasta la noche y evitó las cámaras, que sí pudieron grabar cuando la policía allanaba su camioneta. Todos los análisis se quedaron en el dato llamativo de que todavía estaba presente en su despacho cuando supuestamente ya no es miembro del gobierno. Pero hay otro dato que pasó desapercibido, y que tiene una enorme carga simbólica: el lugar.

Ese despacho donde se hizo el allanamiento y donde estaba ubicada la ministra de Familia, ubicado en el primer piso de la esquina donde finaliza la Peatonal Fontana en intersección con las calles Belgrano y Luis Costa en la Rawson, tiene una fuerte historia que es muy reciente. Quienes asistieron al juicio oral de la causa “Embrujo”, saben que la prueba corroborada en el debate fue que exactamente allí, a 30 metros de Casa de Gobierno, funcionaba hace tres años la base operaciones de Diego Correa, quien entonces era subsecretario de Unidad Gobernador. A esa oficina -contaron bajo juramento los empleados de aquel entonces-, tenía acceso exclusivo un desconocido, que se hacía llamar “Mauricio”, que a la postre se supo que era Sandro Figueroa, tío de Natalia Mac Leod, la pareja de Correa. Sólo Figueroa y Correa tenían las llaves y nadie podía entrar, ni siquiera el personal de limpieza.

Según los fiscales, en aquel lugar se hacían las reuniones de una empresa recién creada, Mezeta Consulting S.A., en las que se diseñaba la construcción de un mega edificio de consultorios médicos por una inversión de varios millones de dólares, que según se comprobó en el juicio, provenían de maniobras de lavado de dinero negro proveniente de la corrupción.

Que haya sido precisamente allí, en la oficina de ese primer piso, 9 meses después de las condenas a Diego Correa y todo su entorno, donde fue allanada otra funcionaria pública como Torres Otarola, es un dato que no puede ser pasado por alto. Para algunos podrá ser una mera casualidad. Para otros, que quizás dan más peso a lo simbólico, una muestra de que la historia, de manera caprichosa, se repite. Si se repite como una gran farsa, o como una tragedia aún peor, será algo que deberá determinar la justicia. Pero que no vuelva a repetirse nunca más, es algo que está en manos de las máximas autoridades del gobierno. Sólo es cuestión de voluntad.