Diputados obtuvo dictamen para el proyecto de la baja de edad de imputabilidad a 14 años

El oficialismo los bloques aliados lograron en la Cámara de Diputados obtener el dictamen que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, quedando listo para su tratamiento en el recinto; el proyecto establece una pena máxima de 15 años solo para delitos graves, priorizando penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación a las víctimas y medidas de reparación del daño.

Las penas de privación de libertad no se aplicarán en condenas menores a 10 años, a menos que el menor haya cometido delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, según lo indicado por sus promotores.

El texto recibió el respaldo de 77 firmas, superando así el mínimo requerido de 73, provenientes de los diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda expresaron su oposición a la iniciativa.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil originalmente propuesto por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, contemplaba un piso de 13 años, pero el oficialismo optó por consensuar un mínimo de 14 años para asegurar el apoyo necesario y obtener un dictamen de mayoría en medio de los 15 proyectos en discusión dentro del plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Presupuesto y Justicia, presididas por Laura Rodríguez Machado (PRO), Roxana Reyes (UCR), José Luis Espert (La Libertad Avanza) y Manuel Quintar, respectivamente.

La oposición ha criticado fuertemente las inversiones destinadas a la creación de lugares adecuados para la detención de menores, cuestionando la propuesta oficial que busca establecer institutos especiales que garanticen derechos fundamentales como la educación, atención médica y tratamiento para adicciones. Además, se estipula que el personal de estos centros deberá estar capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe de manera estricta la convivencia de menores con detenidos mayores, con el objetivo de proteger a los más jóvenes durante su proceso de rehabilitación.

Las penas alternativas a la prisión incluyen la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y la prohibición de conducir vehículos, además de medidas complementarias como asesoramiento interdisciplinario, programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral.

El régimen penal implementado en Argentina incluye intervenciones especializadas para atender no solo problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias, sino también situaciones de violencia familiar, garantizando así un enfoque integral en la rehabilitación de los individuos afectados; además, si se determina que es necesaria una internación, se notificará al juez civil correspondiente, lo que asegurará un seguimiento adecuado y un manejo apropiado de cada caso en función de las necesidades del individuo.

Con información de Infobae.