Desde la estatización parcial de YPF hasta el fallo de la jueza Preska: cómo afecta a Chubut la medida judicial de Estados Unidos

Cuando en marzo de 2012 el entonces gobernador Martín Buzzi emitió un decreto para intimar a YPF para que incrementara sus inversiones en Chubut, bajo advertencia de revertir las concesiones de Escalante Trébol y Manantiales Behr semanas después, se dio una secuencia de hechos que derivó, el 16 de abril de 2012, en la expropiación del 51% del capital accionario de la empresa. 

Aunque no estaba acordada con el gobierno nacional, la jugada contó con el 'ok' de Julio de Vido, porque el gobierno de Cristina Fernández ya pergeñaba la idea de la estatización parcial, según anticipaban medios afines desde febrero de aquel año.

El fallo judicial por el que este lunes una jueza de Estados Unidos ordenó que el Estado argentino entregue el 51% de las acciones de la petrolera al grupo Burford, que compró el derecho a litigar de accionistas que se sintieron perjudicados al momento de la expropiación (por no haber recibido una oferta similar a la que obtuvo el accionista mayoritario, como dicen los estatutos de la empresa), retrotrae la mirada a un proceso que tuvo sus primeros indicios en Comodoro Rivadavia.

Reversión de áreas desde Chubut con ‘luz verde’ de Nación

Aunque no había una estrategia acordada con el gobierno nacional, el desempeño de Repsol YPF, con el ingreso del grupo Eskenazi, llevaba a una situación confrontativa en el golfo San Jorge. Problemas de contratos con las pymes, escasez de combustibles y una fuerte caída en los planes de inversión anual llevaron al gobierno de ese momento a plantear la alternativa de la reversión de algunas de las áreas.

Quien dio luz verde para ese plan fue el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, luego de la consulta de los funcionarios provinciales con relación al plan para revertir El Trébol-Escalante, a lo que semanas después se sumaría la reversión de Manantiales Behr.

En una reunión reservada entre el gobernador y algunos de sus colaboradores con el poderoso ministro nacional, éste les comprometió una respuesta en 24 horas. Al día siguiente, les dieron luz verde para avanzar.

El gobierno de Cristina Fernández ponía en marcha un plan que ya estaba en estudio, pero que tal vez se precipitó con aquellos acontecimientos. Hubo también una señal política para que todos los gobernadores petroleros, nucleados en la OFEPHI, iniciaran un proceso de reversión de áreas en sus provincias. 

El 15 de marzo de 2012 se dio la movilización hacia el puesto 'Ramón Santos', con los gobernadores de Chubut y Santa Cruz anunciaron la quita de las concesiones en sus provincias, en reclamo contra "las decisiones que se toman en España". 

Lo curioso es que se cuestionaba la conducción española, pero que en 2008 había permitido el ingreso del grupo argentino Eskenazi -con el visto bueno del entonces del gobierno nacional-, que con el 25,5% del capital accionario se había hecho cargo del control de la compañía.

La modalidad de compra, pudiendo pagar con los mismos dividendos generados por la compañía (lo que necesariamente retrajo las inversiones) fue uno de los puntos más polémicos de aquella operación.

La expropiación y el objetivo de Vaca Muerta

Con la expropiación y nueva conducción de la compañía, en representación del 51% del capital accionario, el foco comenzó a ponerse en Vaca Muerta, donde ya se conocía la existencia de recursos importantes, pero que llevaría algunos años hasta alcanzar el perfil de explotación cuyos resultados hoy son apetecibles para el mundo. 

Mucho más aun para un litigante que representa a un inversor, Eton Park, que en aquel momento tenía 3% de las acciones, además de Petersen, con el 25,5%. pero que hoy una jueza estadounidense pretende que se le entregue el 51% del capital de la empresa, en garantía del pago indemnizatorio. 

El capítulo judicial todavía tiene etapas para cumplir, con algún tipo de acuerdo al que deberá llegar el gobierno argentino para evitar la entrega del control de la empresa, pero llegando a un acuerdo de pago sobre la indemnización de 16 millones de dólares que el Estado argentino debería abonar a los demandantes. 

El monto que finalmente se abone se suma a la indemnización de 5.000 millones de dólares que en el Estado argentino ya había aceptado pagarle a Repsol.

Sólo el final del litigio podrá revelar si fue una decisión acertada o no, en tanto hay quienes se preguntan si la empresa en manos privadas hubiera desarrollado los recursos hoy transformados en reservas de la cuenca Neuquina.

¿Chubut podría verse afectada por la demanda?

Vale recordar que Chubut tiene un 2% de las acciones en la composición del capital, algo que terminará de perder a fin de este año, cuando YPF concrete la venta de Manantiales Behr, por lo que desaparecerá su derecho a mantener un representante en el Directorio, como también a la posibilidad de participar de la distribución de dividendos.

Hay que recordar que el 51% del Estado nacional se distribuyó, posteriormente, con participación de las provincias, en proporciones que también fueron de 51 y 49%, repartidas entre estas últimas. 

Así, Chubut había quedado con un 2% de la participación en aquel reparto, que perderá una vez que YPF se desprende del último activo que mantiene en esta provincia, Manantiales Behr, cuando cumpla su anuncio de desprenderse de los activos convencionales a fines de este año.

Un análisis preliminar permitiría deducir que las provincias no se ven afectadas por la demanda, considerando que ésta apunta contra el Estado nacional y no contra la compañía ni sus socios. 

Además, las acciones a las provincias se entregaron en forma posterior al daño invocado por los demandantes, por lo que no se verían afectadas, en caso de que aún sean socias al momento en que el Estado nacional inicie el pago de la indemnización que finalmente se acuerde con los demandantes.