Cristina Kirchner y su defensa: ¿Por qué piden arresto domiciliario sin tobillera electrónica?
Tras la ratificación de su condena de seis años por la Corte Suprema, la ex mandataria busca evitar la cárcel común. La fiscalía insiste en su detención inmediata, profundizando el enfrentamiento judicial y político.
La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un momento crítico tras la confirmación definitiva de su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como “Vialidad”.
Esta resolución fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó los recursos presentados por la defensa y dejó firme la sentencia dictada originalmente por el Tribunal Oral Federal N° 2 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.
CASO VIALIDAD
La causa Vialidad se originó en 2008 con una denuncia presentada por la oposición, liderada por Elisa Carrió, que señalaba presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015). La denuncia apuntaba a un direccionamiento fraudulento de contratos hacia el empresario Lázaro Báez, un estrecho colaborador del kirchnerismo.
En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, la causa se reactivó con una auditoría de Vialidad Nacional, que detectó irregularidades en 51 obras viales. El juez federal Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner y a varios exfuncionarios por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, trabando embargos millonarios.
El juicio oral se desarrolló hasta diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 dictó la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar que fue jefa de una organización que direccionó obras públicas a favor de Báez, con sobreprecios y demoras injustificadas. Otros exfuncionarios y el empresario Báez también fueron condenados a penas similares, mientras que algunos fueron absueltos.
CONFIRMACIÓN DE LA CONDENA Y FALLO DE LA CORTE SUPREMA
El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y ratificó la actuación del Ministerio Público Fiscal durante el proceso, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La Sala IV de Casación homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, valorando la maniobra fraudulenta que permitió a Báez obtener contratos sin experiencia real y simulando competencia.
Finalmente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia desestimó los recursos de queja presentados por la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la condena. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la inhabilitación perpetua y rechazó los planteos de la defensa por falta de fundamentación autónoma, cerrando así la vía judicial ordinaria y extraordinaria para la ex mandataria.
Este fallo tiene un impacto político inmediato, ya que Cristina Kirchner había oficializado su candidatura a legisladora bonaerense, pero ahora queda legalmente impedida de competir. La decisión generó un fuerte debate en el país, con sectores del oficialismo denunciando una proscripción política por vía judicial, mientras que la Corte sostuvo que no se afectaron garantías constitucionales ni el equilibrio democrático.
LA DEFENSA DE CRISTINA PIDIÓ PRISIÓN DOMICILIARIA SIN TOBILLERA
Tras la confirmación de la condena, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un pedido formal para que cumpla la pena en prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reside con su hija Florencia.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la ex vicepresidenta, de 72 años, debe gozar de este beneficio debido a su edad, a que fue víctima de un intento de asesinato en 2022 y a su condición de ex presidenta, que implica riesgos adicionales para su seguridad.
La defensa también solicitó que no se le imponga el uso de tobillera electrónica, ya que cuenta con custodia permanente, lo que haría innecesario dicho dispositivo, a pesar de estar contemplado en la Ley de Ejecución Penal. Además, advirtieron que su traslado a una unidad penitenciaria implicaría un régimen de aislamiento total y vigilancia permanente, condiciones que serían incompatibles con los estándares constitucionales y tratados internacionales sobre el trato a personas privadas de libertad.
Sin embargo, el juez Jorge Gorini del Tribunal Oral Federal N° 2 estableció un plazo de cinco días hábiles para que Cristina y los demás condenados se presenten en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenidos, y solicitó al Ministerio de Seguridad que determine lugares adecuados para alojarlos mientras se resuelven los planteos legales. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola firmaron una solicitud para que la detención de Cristina se haga de manera inmediata, argumentando que el plazo otorgado es excesivo, especialmente porque incluye un fin de semana y un feriado nacional.
La condena y la inminente detención de Cristina Fernández de Kirchner marcan un hito en la historia política argentina, siendo la segunda expresidenta en democracia en recibir una condena penal firme. La causa Vialidad se convirtió en uno de los casos emblemáticos del llamado “lawfare” en Argentina, donde se denuncian presiones y persecuciones judiciales con motivaciones políticas.
El fallo de la Corte y la confirmación de la condena profundizan la polarización política en el país, con sectores que ven en la sentencia una justicia independiente y otros que la interpretan como una maniobra para proscribir a una figura política de peso. La situación también genera incertidumbre sobre el futuro político de Cristina Kirchner y el impacto en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.
