CHUBUT (ADNSUR) - El reclamo de los gremios docentes para que el Ministerio de Educación de Nación aporte fondos para destrabar la crisis que atraviesa la provincia en materia salarial, que involucra a todos los sectores estatales, tiene un basamento en la llamada ley “de los 180 días de clases”, que estipula que el Estado nacional debe concurrir en auxilio de las provincias, a fin de garantizar el normal funcionamiento de las escuelas. Además de la cuestión política, que requiere una atención específica desde el gobierno federal, también el marco legal exige dicha participación, que no ha sido tenido en cuenta hasta ahora ni por el gobierno de Alberto Fernández ni por su antecesor en el cargo, Mauricio Macri.

No hay una cuestión de voluntarismos, ni de simpatías ni antipatías políticas. El Estado nacional está legalmente obligado a intervenir en la catástrofe educativa de Chubut. Así lo establece la ley número 25.864, sancionada en diciembre de 2003 y promulgada en enero de 2004, que estipula la obligatoriedad de cumplir ciclos anuales de 180 días de clases, en su artículo 4.

“A fin de asegurar el cumplimiento del CICLO a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, las jurisdicciones provinciales que, una vez vencidos los plazos legales y reglamentarios, pertinentes, no pudieran saldar las deudas salariales del personal docente, podrán solicitar asistencia financiera al Poder Ejecutivo Nacional que, luego de evaluar la naturaleza y las causas de las dificultades financieras que fueren invocadas como causa de tales incumplimientos, procurará brindar el financiamiento necesario para garantizar la continuidad de la actividad educativa, en la medida de sus posibilidades y en las condiciones que considere más adecuadas”.

En una provincia que desde hace años ha tenido dificultades para completar los 180 días, ya sea por conflictos gremiales o por problemas estructurales de los edificios escolares, con un retraso salarial de entre uno y dos meses de sueldos, además de aguinaldos, las razones para dicha asistencia resultan obvias.

Miopía de ambos lados

Claro que ese incumplimiento no le cabe sólo al gobierno actual, al que representa el ministro Nicolás Trotta y que en las últimas horas recibió los esperables reclamos de manifestantes en su visita a la provincia. Ya en el año 2019, cuando el gobierno era encabezado por Mauricio Macri, hubo dos fallos judiciales en la provincia que reclamaron esa asistencia de Nación. Uno de los jueces, incluso, llegó a requerir la presencia del entonces presidente de la Nación, en septiembre de 2019, para buscar alternativas a una crisis que ya se había hecho visible en el año 2018, cuando un extenso conflicto también restó días de clases al ciclo obligatorio, para recrudecer en 2019.  

El instrumento de que dispone el Estado nacional, en aquel momento y también en la actualidad, se da a través de los Aportes del Tesoro Nacional, por los que la justicia provincial expresó que deberían enviarse a la provincia para subsanar el problema salarial, sin perjuicio de que posteriormente ambos Estados debieran acordar una compensación por dicha asistencia, o el deslindamiento de responsabilidades políticas.

Nada de eso ha ocurrido y, por lo visto, seguirá sin ocurrir. Es llamativa la fecha promulgación de la ley de los 180 días de clases: 4 de diciembre de 2003, pleno gobierno de Néstor Kirchner, quien había asumido con un dinámico jefe de Gabinete, de nombre Alberto Fernández. El actual Presidente de la Nación suele recordar que una de las primeras acciones de aquel gobierno, iniciado el 25 de mayo de 2003, fue viajar a una de las provincias del norte, para resolver –y así lo hicieron- un conflicto educativo que llevaba meses sin resolverse.

Chubut lleva años perdidos de clases, pero parece que todavía no entra en el radar de las normas vigentes.