RAWSON (ADNSUR) -  De las 11 causas abiertas en la justicia por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante los dos años de la última gestión como gobernador de Mario Das Neves, tres causas esperan el inminente inicio del juicio oral, y en otras seis se está por presentar en los próximos días la acusación para convocar a la audiencia preliminar para que sean elevadas a juicio.

Además de la causa Embrujo, que involucra a Diego Correa y su entorno y que todavía aguarda movimientos de los abogados defensores que dilatan el inicio del debate, ya está elevada a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex titular de Ceremonial, Oscar “Chito” Alarcón, mientras que en los próximos días se presentará la acusación para llevar a juicio la causa Revelación, la causa de contrataciones en Servicios Públicos, la causa por encubrimiento al empresario automotriz Esteban Parra. y las dos causas vinculadas al temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia: la de los materiales para la emergencia y la denominada Royal Canin.

Es decir que en 6 de las 11 investigaciones que se abrieron luego del tristemente célebre “sobre bomba” que llegó a la Legislatura en agosto de 2017, y que contenía fotocopias de las facturas de compras de materiales para la emergencia climática de la zona sur,  están muy cerca de la fecha de debate oral para esclarecer si hubo o no delitos, y quiénes fueron los responsables. Sólo una causa ser archivó hasta el momento, y fue en la que intervino el cuestionado fiscal Osvaldo Heiber, en la que se acusaba el ex titular del ISSyS, Cristian Eguillor, de estar vinculado a las firmas Dual Core y Sepat, del grupo Correa.

Hay que aclarar que la causa denominada “Servicios Públicos” –que tiene 7 imputados y espera su audiencia preliminar para el próximo 13 de junio- es la única que no nació de aquel sobre anónimo que llegó a manos de los diputados del FPV, sino de la denuncia de un ingeniero que trabaja dentro del área. Apunta a  la contratación directa en 2017 de la obra de alimentación de energía eléctrica y estación transformadora “Área Central Stella Maris” de Comodoro Rivadavia, con la Unión Transitoria de Empresas Rigel-Incopa, quien según los fiscales, se benefició al recibir el anticipo del 20 % de la obra por $ 90 millones.

Están imputados bajo la calificación legal de “negociaciones incompatibles con la función pública”, en carácter de coautores el ex ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, el ex subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn, el director de Servicios Públicos, Jorge Feller, y los funcionarios de esa repartición Mario Alegre y Jorge Block. Y como partícipes de la maniobra son acusados el empleado de la SCPL,  Fabián Smith, y el empresario iraní Massoud Ighani.

EMERGENCIA DE COMODORO

La “causa madre” que fue el comienzo de todo y generó luego una serie de desprendimientos es la que investiga la compra de materiales para asistir a Comodoro Rivadavia durante el temporal de marzo y abril de 2017. La novedad en este caso es que antes de pedir la elevación a juicio oral seguramente en junio, los fiscales Rodríguez y Williams van a pedir la ampliación de apertura para sumar como nuevo imputado a un funcionario que se desempeñaba en el área de compras del Ministerio de la Familia.

Hasta aquí hay en total 12 acusados por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en delitos combinados. Se acusa como coautores a un grupo de funcionarios que habría actuado en connivencia con un grupo de comerciantes que son acusados de partícipes. Se investiga un sistema de facturas truchas por elementos que nunca fueron entregados durante la emergencia, como leña, colchones, pasto, agua, y carne, entre otros. Se estima que el perjuicio al erario público ascendería a 15 millones de pesos.

Los imputados son: Diego Correa (ex subsecretario Unidad Gobernador), Diego Lüthers (ex secretario de Correa), Alberto Gilardino (ex ministro Coordinador de Gabinete), Leticia Huichaqueo (ex ministra de Familia), Marcelo Suárez (ex subsecretario de Promoción Social), Viviana Barale (encargada del depósito de Familia en Rawson), Franco Finiguerra (de la firma Mall Don Bosco)

Bruno Taurelli Chiribao (de la empresa Agrícola), Cecilia Sabada (del Kiosco Emanuel), Marta Fracasso (de Blanqueria Matices), Guillermo Williams y César Hughes (ambos de Casa Maza).

ESPERAN FECHA

En los próximos días habrá seguramente novedades en dos causas. Para esta semana en los Tribunales de Trelew está prevista la realización de la audiencia preliminar para determinar si se eleva a juicio al empresario Fabricio Eric Parra, dueño de JR Automotores, por presunto "encubrimiento". El hecho investigado ocurrió el 28 de febrero de 2018, en la concesionaria ubicada en la calle Pellegrini 1200 de Trelew, cuando Parra ocultó a los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez que Diego Correa era el verdadero dueño de una camioneta Hiunday H1 que se encontraba estacionada en el playón de su local comercial, y que era investigada como uno de los bienes adquiridos con fondos públicos para la firma Sepat dentro de la causa Embrujo.

Los fiscales determinaron en base a intervenciones telefónicas que luego Parra asesoró a Correa sobre la camioneta, que fue secuestrada el 5 de Marzo en Buenos Aires. Desde el Ministerio Público Fiscal acusan a Parra por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal”.

Por otra parte, se espera que haya novedades en los próximos días en otra causa que también está originada en hechos ocurridos en el operativo de asistencia a la zona sur por el temporal de 2017. Se trata de la causa llamada Royal Canin, que tiene fecha de vencimiento del plazo para presentar la acusación el próximo 1º de junio, y en la que hasta el momento hay 4 imputados (2 ex funcionarios y 2 particulares) por peculado en concurso con falsificación de documentos públicos. Los acusados son: Leticia Huichaqueo (ex ministra de Familia), Marcelo Suárez (ex subsecretario de Promoción Social), Juan Carlos Gómez (era pareja de Huichaqueo), Micaela Cordero (ex titular del Sindicato de Amas de Casa de Rawson).

Se les reprocha el haber vendido para beneficio propio casi 500 bolsas de alimento balanceado para mascotas que habían sido donadas a Casa del Chubut durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

A JUICIO

Tres causas son las que ya están elevadas a juicio oral. La más avanzada claro está, es Embrujo, en la que hay 12 imputados acusados de integrar una banda encabezada por Diego Correa para defraudar al Estado a partir de contrataciones a empresas que pertenecían al ex subsecretario y mano derecha del entonces gobernador Das Neves.

Otra es la que involucra al ex director de Ceremonial y Protocolo de Chubut, Oscar "Chito" Alarcón, está imputado por presunto enriquecimiento ilícito y "autolavado" de dinero. Los fiscales aseguran que en los últimos 15 años Alarcón no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como funcionario, mientras que existen datos objetivos de un incremento patrimonial apreciable e injustificado, al carecer de capacidad económica para la adquisición de los bienes inmuebles de los que es titular, como un local de dos pisos en el centro de Rawson y cuatro lotes en Playa Unión.

Otras dos causas tienen los mismos protagonistas pero tramitan una en Puerto Madryn y la otra en Rawson: se trata de la acusación que pesa contra el ex subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn y el empresario trelewense Darío D´Amico. En ambas se investiga si el entonces funcionario podría haber favorecido a su amigo y socio, con distintas contrataciones.

Ya está elevada a juicio oral la causa ocurrida durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, en la que se reprocha a Korn el haber direccionado las compras a D’Amico, sin haber realizado consultas a otros proveedores de Comodoro Rivadavia o Trelew, ordenando la adquisición de materiales eléctricos por algo más de $ 3,7 millones para restablecer parte de los servicios afectados por el temporal.

Y la otra causa “melliza” también se originó en 2017 en torno a la Obra de Rehabilitación del Sistema Cloacal de Puerto Pirámides, donde Korn ordenó la contratación directa con la firma Electrocity, sin tener en cuenta otras ofertas. En breve se convocará a la audiencia preliminar y se cree que podría unificarse a ambas en un solo juicio.

VENCE EL PLAZO DE REVELACIÓN

La causa Revelación es sin dudas la que mayores repercusiones ha generado por la cantidad de imputados y por el peso político y económico de varios de ellos. Seguramente se acercan novedades en los próximos días porque está por cerrarse el acuerdo con al menos 15 empresarios que pidieron hacer reparaciones con obras para acceder a la suspensión del juicio a prueba y porque además el 22 de junio vence el plazo para presentar la acusación y pedir la elevación a juicio oral.

En esta causa, se investiga el financiamiento de una caja política que superaría los $ 24 millones con fondos provenientes de los retornos de la obra pública durante los años 2016 y 2017. Los fiscales creen que se integró una asociación ilícita en la que se beneficiaban funcionarios y empresarios de la construcción. Nació como un desprendimiento de la causa Embrujo, al descubrirse una contabilidad detallada de ingresos de cheques provenientes de empresas contratistas y de egresos que en su mayor parte eran pagos de sobresueldos a funcionarios. El plazo de investigación finaliza el próximo 22 de junio.

Hay 5 ex funcionarios que son acusados de integrar una asociación ilícita como organizadores y de cometer cohecho pasivo: Víctor Cisterna, Diego Correa, Pablo Oca, Alejandro Pagani, Gonzalo Carpintero. Y otros 5 acusados como miembros o partícipes de la asociación ilícita: Martín Bortagaray, Diego Lüthers, Federico Piccione, Andrés Ninín, y Pablo Bastida.

A estos diez casos se suman 8 empresarios que no han pedido la probation y quieren demostrar su inocencia en juicio, ya que están acusados de cohecho activo. Son Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel (ambos de Capman S.R.L.), Oscar Sandin (Sandin Construcciones), Pablo Menedín (Menedín Ingeniería y Construcciones), Martín Castillo (Bass Construcciones), Miguel Freile (Freile Construcciones), Jorge Rossi (Depofer S.A., de Quilmes), Juan Riquelme (R-V Lonas). Hay que mencionar que en este listado estaba el empresario Fernando Quistani, quien falleció recientemente.

Por otra parte, 19 empresarios que están acusados de cohecho activo solicitaron la suspensión del juicio a prueba, el que les fue concedido hasta el momento a cuatro que tienen un plazo de 18 meses para realizar diferentes obras: Patricio Musante (Sudelco),  Esteban Torraca (Edisud); Oscar Peña (Peña Construcciones) y Juan Ignacio Salaberry (Arteco).

Seguramente accederán a este instituto en breve otros 15 empresarios que también hicieron ofertas de reparación del daño y ya tienen un acuerdo con la fiscalía: Gustavo García Moreno (Pórtico 3), Carlos Castro Blanco (Apicons Elaborados), Juan Carlos Bossi (Auda Construcciones), Osvaldo Bergareteche (Esquel Construcciones), Carlos Di Benedetto (Didelco), Daniel Russo (War Construcciones), Gustavo Moretta (Libra Construcciones), Javier Bahn (Ingar Construcciones), Claudio Fernando Díaz, Diego Cagnolo (Diherco), Claudio Gatica (Gatica Construcciones), Juan Carlos Villegas (Villegas Construcciones), Luis Igarzábal (OCP Ingeniería) , Jorge Barrionuevo (IPE SRL), Marcelo Pasquini (Pasquini Construcciones).

EN MARCHA

El panorama de causas abiertas se completa con cuatro que tienen distinto grado de avance. En la denominada Causa Lotería, se acusa a 7 personas por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. La investigación se inició en noviembre y el plazo expira en el mes de mayo. Los siete imputados son: Diego Correa y Diego Lüthers, ex miembros de la Subsecretaría Unidad Gobernador y Joshué Dahur, ex coordinador de Relaciones Institucionales del IAS, a quienes se les atribuye haber acordado para aprovechar sus cargos y contratar sus propias empresas. Habrían usado la firma Sono Eventos y a Sepat para direccionar al menos 139 contrataciones por un monto de $ 2 millones para realizar eventos oficiales desde 2016.

También está imputado Federico Verdeau: el ex gerente general del IAS, quien autorizó 89 contrataciones de Sono Eventos; Oscar Alarcón: el ex Director de Ceremonial quien contrataba de forma directa a Sono Eventos y a Sepat; y finalmente Jordan Salinas y Martín Villegas, quienes habrían sido utilizados como “prestanombres”, para presupuestar, facturar y cobrar las contrataciones.

La causa más reciente es la llamada TESLA, en la que ya se realizó la apertura de investigación y está imputado el ex presidente del ISSyS, Cristian Eguillor, a quien los fiscales acusan de haber tomado la decisión de aumentar el pago por estudios de diagnósticos por imágenes desde la obra social Seros a la firma Tesla de Trelew, de la que aseguran era contador, de acuerdo a documentación y pericias telefónicas que lo vincularían con los propietarios.