COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El abogado Alfedo Pérez Galimberti, que representa a los diputados provinciales que ofician como querellantes en las causas que investigan hechos de corrupción en Chubut, integrante además de Iniciativa Ciudadana, dijo en diálogo con ADNSUR que la alternativa de la suspensión de juicio a prueba con exigencias de reparación económica que propusieron 3 empresarios de la construcción resulta más conveniente para la provincia que la posibilidad de una condena de prisión en suspenso y sin reparación de daños. Sin embargo, admitió que se busca una reparación económica más elevada que la ofrecida hasta ahora por los empresarios, que se basan en obras por un millón de pesos cada uno.

“Hay que determinar cuál es la solución que se pretende para el caso en concreto y también para todos los hechos que involucran a más empresas de la provincia –dijo en principio-. La reparación es un objetivo importante: nunca hubo reparación de delitos económicos en la historia judicial de Latinoamérica y tampoco en Argentina, salvo el caso de María Julia Alsogaray que perdió un inmueble, pero ni siquiera con el caso IBM se pudo llegar al cobro de las sumas. Creíamos que en esta experiencia, que es la primera del país en que personas comunes intervienen como querellantes, como es Iniciativa Ciudadana, el objetivo básico es la reparación económica”.

En torno a la propuesta que se ha planteado para la reparación, aclaró que “tiene que ser mucho más importante, porque no estamos hablando de delitos cometidos por personas que carecen de educación o no tuvieron formación, sino que que hablamos de empresarios con educación universitaria, con una vida de confort, por lo que se está trabajando en (exigir) una reparación importante”.

Por otro lado, señaló que en este caso ya se conoce la verdad porque los empresarios han admitido la participación en los delitos investigados.

“Personalmente pienso (y lo he escrito hace 15 años para un congreso en Perú) que cuando hablamos de delitos económicos, lo central es la reparación y la pública exposición de lo sucedido, para que los hechos no se repitan. Yo no creo que una pena de prisión en suspenso  signifique nada para la ciudadanía y que no se reponga nada y que no pase nada. Creo que tiene que haber una reparación económica muy consistente, que debe apuntar a las personas más vulnerables que son las que más sufren por la corrupción estatal, porque los dineros que se desvían corresponden a obras que no se hicieron, o por obras sobre valoradas, repercute sobre la gente que tiene menos posibilidades. Es una opinión personal –aclaró-, ya que en Iniciativa Ciudadana hay opiniones diversas”.

“UN ESTÁNDAR DE REPARACIÓN ECONÓMICA Y MORAL”

Respecto de la baja de imputación, al reconocer los fiscales que no pudieron probar la participación en la asociación ilícita por parte de los 3 empresarios, cuando aún quedaba tiempo para investigar, respondió: “no conozco toda la prueba, pero en lo que se refiere a esto, ofrecer dinero para cobrar una certificación, creo que los fiscales hicieron un trabajo razonable y para poder seguir investigando todo lo demás, en la precariedad de la organización de la fiscalía, que armó un Frankestain para poder investigar esto, me parece razonable que se vayan concentrando en las cosas más complejas. Lo que sí también es importante es que el estándar de reparación en este caso va a ser un parámetro para los demás hechos. Podemos calcular el perjuicio en relación a la facturación que tienen las empresas, hay modos de calcular el impacto económico que tiene en la vida de la provincia cada sujeto involucrado. Además hay una reparación moral, lo cual es muy importante, porque la ciudadanía está con una gran indignación porque personas que están en lo que podríamos denominar como la cúspide social, tienen estas prácticas. Hay una reparación mucho más profunda”.