RAWSON (ADNSUR) – El presidente del bloque Cambiemos, Eduardo Conde, informó que en el Congreso de la Nación Cambiemos posee un proyecto vinculado a causas de corrupción y desde Chubut “queremos por vía de un proyecto de declaración alentar este proyecto”. Al respecto, indicó que el mismo “posibilitará la recuperación de esos bienes para el Estado”.

En diálogo con ADNSUR, Conde informó que “en el Congreso de la Nación hay un proyecto que tiene sanción de diputados tendiente a generar un mecanismo de extinción del dominio de propiedad en cabeza de aquellos bienes fruto de la corrupción política. El tema es que el proyecto está planchado en la Cámara de Senadores y desde nuestro bloque Cambiemos queremos por vía de un proyecto de declaración alentar este proyecto”.

“El fenómeno de corrupción política no se agota en la sanción penal de castigar al funcionario sino que debe complementarse con la recuperación del patrimonio que ha sido sustraído de los bienes del Estado y recuperarlo al patrimonio estatal”, remarcó. Y destacó que “la iniciativa es muy importante y desde la provincia de Chubut, el asunto amerita un rápido tratamiento”.

Conde planteó que “en este momento el sistema vigente de reordenamiento civil y comercial alude a derecho de propiedad. No se puede sortear la protección del derecho de propiedad, de modo que para poder avanzar en la confiscación de esos bienes hace falta un proceso judicial donde se acredite el origen mal habido del patrimonio y a partir de allí una decisión judicial que amerite un resultado en ese sentido”

“Es un mecanismo ágil que frente a un enriquecimiento de patrimonio de un funcionario que está sometido a un proceso en este sentido, posibilitará la recuperación de esos bienes para el Estado”, reafirmó.

Consultado sobre la causa que involucra al ex funcionario Diego Correa, Conde consideró que “hoy por hoy frente a este escenario que estamos evaluando, la situación no difiere del régimen nacional. Los bienes que eventualmente se puedan afectar a una situación, no puede ser dispuesto unilateralmente al Estado para incorporarlo a su patrimonio. No puede tener un destino distinto porque necesita una decisión judicial y este procedimiento que se implementaría, posibilitaría un mecanismo mucho más ágil”