Los concejales aprobaron una resolución de autoría del presidente del cuerpo, Daniel Roquel (UCR) solicitando al actual intendente Roberto Giubetich (UCR), "que lleve adelante las acciones jurídicas para el cobro de las deudas que mantiene con el municipio la empresa Austral Construcciones S.A, así como también todas aquellas empresas en las que el Sr. Lázaro Báez sea propietario o tenga participación accionaria", detalla la iniciativa.

AUSTRAL CONSTRUCCIONES, EN CRISIS

La deuda a cobrar, según la resolución, es de más de 4 millones de pesos, en concepto de impuestos inmobiliarios, impuesto a la patente automotor, tasas. Y también remarca que a Austral S.A. le dictaron embargos judiciales por deudas con la aseguradora Provincia ART por más de 12 millones de pesos; que despidió a al menos 1100 empleados; que el Banco Central le rechazó 415 cheques sin fondos por 24 millones de pesos; y que debe al Banco Nación, 160 millones de pesos, y al Banco Santa Cruz, 1 millón setecientos mil pesos.

En el proyecto señalan que la situación de Austral S.A. empeora y que no podrá afrontar sus deudas, "todo lo cual la coloca al borde del concurso de acreedores y de la quiebra". La Nación había revelado días atrás que Báez hace más de dos años que no paga la patente de su flota de más de 900 vehículos, lo cual lo convierte en el principal deudor del municipio local en el rubro de patente automotor.

El acumulado de deuda corresponde a un período que va entre dos y tres años. En algunos casos hay rodados que arrastran deuda de hasta siete años. En 2013, este medio había demostrado que el empresario contaba en su haber con más de 900 rodados, entre autos, camiones y camionetas. El 98% estaba registrado a nombre de Austral Construcciones SA. Los 910 autos corresponden a modelos que en su gran mayoría fueron adquiridos a partir del año 2003, año en que Báez entró de lleno al rubro de la construcción.

La resolución, que fue votada por unanimidad, incluyendo a los ediles del Frente para la Victoria, solicitó al municipio que tome las medidas cautelares pertinentes "sobre los bienes de los deudores para que el cobro no resulte imposible en el futuro, teniendo en cuenta que es inminente la situación de quebranto de esas empresas".

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Entre los fundamentos del proyecto los concejales refieren que el municipio "atraviesa una de las crisis económicas más difíciles desde su existencia", y recuerdan que en este marco el ejecutivo dictó el decreto 090/15 declarando la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, y Patrimonial, ordenando las acciones necesarias y urgentes destinadas a paliar la grave situación".

"Estoy seguro que ese dinero que contaban en "la Rosadita," es el que le falta a nuestros vecinos", señaló Daniel Roquel, impulsor de la iniciativa desde su página de Facebook. Para el concejal radical, "existieron funcionarios públicos que fueron cómplices, pagando sobreprecios en la obra pública", sostuvo, "Quiero que esa plata la vuelvan a contar, pero esta vez, sea para que paguen sus deudas", enfatizó.

Fuente: La Nación