Fue luego de que el gobernador Ignacio Torres pidiera públicamente esa medida y ante el cúmulo de cuestionamientos, que incluyeron un pedido de juicio político por parte de la Asociación de Magistrados. También se sumaron al rechazo el sindicato de trabajadores judiciales y los colegios públicos de abogados de la provincia.

Días atrás, habían hecho lo mismo el procurador general y el defensor general de la provincia, rechazando los incrementos y disponiendo la devolución del dinero percibido desde el mes de febrero de este año.

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