COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un debate que se instaló hace tiempo entre el arco político y los representantes de gremios estatales, es la necesidad de aumentar los ingresos provinciales, ante el gran desfasaje entre gastos y recursos que hoy arroja un déficit estimado de más de $ 30 mil millones para 2020. Uno de los argumentos de la Mesa de Unidad Sindical, es que hay que aumentar los impuestos de los grandes contribuyentes, de sectores productivos de importantes ingresos como el petróleo, el aluminio, la pesca, el juego y la energía eólica, para solventar los mayores gastos del estado. Pero dentro del gabinete hay quienes piensan que antes de avanzar en modificaciones a leyes impositivas, se debería primero aplicar el texto de las normas tributarias vigentes, que está muy lejos en algunos casos de llevarse a la práctica.

Con este fin se encargó a un especialista como el comodorense Diego Touriñán que realice un informe de algunos tributos que no se están cobrando, y el resultado fue rotundo: en el estado chubutense hay ineficiencia, falta de ordenamiento tributario, carencia de información y de cruce de datos, y una política poco agresiva de cobro. Y por esta razón en las últimas horas, los dos funcionarios más políticos del gabinete, Andrés Meiszner y José Grazzini, salieron a hablar de una “reforma tributaria”, o mejor dicho, un “ordenamiento” en materia impositiva que está en carpeta y que se piensa llevar a la práctica en breve.  

“Creemos que si ordenamos las cosas podríamos aumentar los ingresos en por lo menos 4 mil millones de pesos”, dijo una alta fuente del gabinete a esta columna, lo que se convierte en un dato asombroso, si se tiene en cuenta que esa cifra equivale casi a una masa salarial mensual, y que incluso se acerca a la asistencia financiera que debió tomar Chubut del gobierno nacional, endeudándose por los próximos 3 años.

 

 

En este informe detallado que acerca ADNSUR, basado en lo que Touriñán explicó puertas adentro del gabinete, están las razones por las cuales semejante cantidad de recursos no están ingresando a las arcas del estado. Por qué la mayoría de los campos no están tributando el impuesto inmobiliario y qué hace falta para que esto se modifique; por qué un recurso escaso y tan necesario como el agua, muy usado en los discursos políticos que se oponen a actividades como la minería, es usufructuado por todo tipo de actividades sin que casi nadie lo pague, desde productores agropecuarios, hasta petroleras como YPF, y ni hablar del consumo humano a través de las cooperativas de servicios públicos.

Párrafo aparte en el final para el Fondo Ambiental Provincial, un impuesto reciente que el sector pesquero se niega a aportar porque considera que es un doble tributo, y que está a punto de ser judicializado por la provincia. Si se pagara como dice la ley, municipios costeros como Rawson, Puerto Madryn, Camarones y en menor medida Comodoro Rivadavia, podrían incrementar notablemente sus ingresos para acciones de tipo ambiental.

IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL

Lo primero que hay que decir es que el Impuesto Inmobiliario Rural se aplica a todos los inmuebles situados en territorio chubutense pero que no están dentro de ningún ejido municipal, y el cálculo se hace sobre la valuación fiscal de 2010 multiplicada por el coeficiente de variación de referencia, con una alícuota que por ley es del 12 por 1000.

Del relevamiento hecho por el gobierno surge que de un total de 4.096 establecimientos rurales, hay solamente 721 parcelas (17 %) que pagan la alícuota del 12/1000 por una suma de $ 533 millones, pero que hay 1.272 parcelas con titular pero sin domicilio registrado, a las que no se puede cobrar porque no hay dirección para intimar -que suman $ 872 millones-, mientras que hay otras 2.103 parcelas directamente sin titular que deberían aportar $ 747 millones de acuerdo a su valuación, pero que es dinero que no está ingresando a Rentas Generales.

Según el informe, este tributo no se factura desde 2004 (hay que recordar emergencias por sequía y por ceniza volcánica), pero también debido a una base de datos del padrón inmobiliario rural desactualizada e ineficiente, en la que surge que hay más de 4000 parcelas registradas en la Dirección de Catastro, pero hay información de facturación solamente de 721, porque faltan datos claves, por ejemplo sobre inmuebles con título pero sin mensuras, y otros con adjudicaciones en venta o simples ocupaciones.

Por ello, la indicación para revertir este panorama es trabajar en normalizar y completar la base de datos y establecer un mecanismo de actualización, proceso en el que deben intervenir todos los organismos que tienen injerencia, en un proyecto que será liderado por la Dirección General de Rentas, junto con datos de Catastro, Registro de Propiedad Inmueble, Ministerio de Producción, del IAC y del IPA. El pedido pasa por conformar un equipo de trabajo interdisciplinario con especialistas en informática de cada área para hacer la búsqueda y captura manual de datos y supervisores, tarea para la cual además se necesitará la colaboración de municipios, acceder al padrón electoral del Chubut, y a la base de datos de AFIP.

Por otra parte, el planteo que se analiza pasa por encarar un aumento del Impuesto Inmobiliario Rural en la cual haya un recargo del 100 % a personas jurídicas de derecho público y privado, así como también una suba del 100 % a asociaciones, sociedades, entidades, empresas y contratos asociativos considerados como unidades económicas; y también se propone un aumento del 100 % a personas que residan en el extranjero más de 3 años. Y respecto a los inmuebles improductivos, se propone cobrar un adicional por improductividad cuando la producción declarada en bruto no alcance al 10 % del valor fiscal del inmueble, a quienes se podría cobrar una alícuota del 48/1000.

 

 

CANON DE AGUA

Respecto al recurso agua, que pertenece a la provincia, tiene distintos tipos de uso, como agrícola, pecuario, minero, industrial, energético, terapéutico, consumo humano y turístico. El usuario debe solicitar al IPA la autorización para el uso de agua pública, que se concede mediante una resolución en la que se establece el volumen de agua en m3 autorizado, y sobre esa base debería cobrarse el canon. Según la página del IPA, el canon de agua se cobra en función de las hectáreas de riego o los metros cúbicos utilizados, de acuerdo a la actividad. Un módulo equivale al precio del litro Euro Diesel en boca de expendio de una estación del ACA, y se debe abonar en la Dirección de Rentas.

Para determinar el canon de agua se requiere conocer el valor del m3 que fija el IPA por resolución, pero no aparece publicado en la página web del IPA y se desconoce de qué manera se lleva esa información a conocimiento del usuario, que a su vez no podría liquidarlo ante la Dirección de Rentas. Este ente, si bien actúa como recaudador, no tiene intervención en el control y seguimiento de los contribuyentes, de su deuda y gestiones de cobro, tarea que tampoco realiza el IPA, lo que está llevando a la prescripción de períodos por el paso del tiempo. Es decir que se están otorgando certificados de libre deuda sin tener en cuenta este recurso fundamental, que es el agua.

Otra falencia es que no se incluye el canon de agua en la Ley Impositiva Anual de la provincia, y tampoco se cumple con la Ley de Aguas porque las autoridades judiciales y escribanos no requieren ningún informe de libre deuda a la hora de autorizar actos o inscripciones de cualquier naturaleza, lo que debería ser corregido. El informe indica además, a modo de ejemplo de agua para consumo humano, que las cooperativas de Chubut deben en total 273 millones de pesos en trámites que vienen desde 2014 y que en muchos casos ya tienen resolución.

En todo 2019, el IPA recaudó apenas $ 8.736.040, y en 2020 lleva recaudados $ 2.261,177, mientras que anualmente se destina para su funcionamiento una importante cantidad de recursos del presupuesto provincial, cuando la ley de creación dice que debería tener autarquía financiera.

Ante este panorama, se propone modificar el régimen de sanciones incorporando faltas por no entregar información o por utilizar aguas publicas sin autorización. Indica que además se debería cobrar un canon anual de sostenimiento para la preservación del recurso hídrico a  quienes efectúen vertidos o vuelcos en agua de dominio público, que sea proporcional al volumen del volcado o al grado de sustancias vertidas.

También se instruye que hay que atender la situación de empresas petroleras o mineras que no verifican consumos, como por ejemplo YPF; determinar usuarios reales y empadronarlos, en especial inmuebles ribereños con actividad agrícola o pecuaria, y que el IPA remita la base de datos de su padrón de contribuyentes al área de Rentas. Y como recomendación global, se pide mejorar las inspecciones, utilizar tecnología satelital, aérea o drones para fiscalizar, aplicar multas e intimaciones, e instar a hacer los trámites para la solicitud de uso de agua pública.

 

 

FONDO AMBIENTAL

La Ley sancionada por la Legislatura en 2018 establece que el Fondo Ambiental Provincial (FAP) estará conformado por un arancel aplicado a cada cajón de langostino desembarcado en cada localidad portuaria, cuyo monto -luego de las modificaciones que se introdujeron- será el equivalente en pesos a un litro de diésel premium de YPF. Agrega que este fondo se distribuirá un 50% para la Provincia y el 50% restante se distribuirá en función del número de cajones descargados en cada puerto para el municipio correspondiente al mismo.

Según esta ley, los objetivos específicos de aplicación de los montos recaudados por el FAP en el porcentaje que corresponda a cada municipio, serán destinados al fortalecimiento de las infraestructuras que mitigan los impactos ambientales en el ejido y en aquellos que elevan la calidad ambiental de la ciudad, así como en campañas de concientización y cultura ambiental de los vecinos. Y establece que la autoridad de aplicación del fondo será el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, quien tendrá a su cargo la percepción del arancel, la transferencia a los municipios correspondientes dentro de las 48 horas de ingresados los fondos, y la administración de la parte correspondiente al Poder Ejecutivo.

Los datos actuales muestran que los certificados ya emitidos y por emitir al mes de junio, correspondientes a este tributo, ascienden a $ 231 millones, de los que se pagaron hasta aquí solamente $ 47 millones, es decir, apenas un 20 %.

Si se desagrega por cada uno de los cuatro municipios portuarios, en el caso de Rawson, de los $ 127 millones que se debieron haber pagado, solo se cobraron $ 34,5 millones y $ 17,2 millones fueron al municipio, es decir que quedan $ 93 millones por cobrar, de los cuales $ 46,5 serían para el municipio. Y en Puerto Madryn, de $ 46,5 millones en certificados, hasta ahora se pagaron apenas $ 1,2 millones (600 mil pesos para la municipalidad), y restan abonarse $ 45,3 millones, con lo que el municipio podría recaudar $ 22,6 millones.

En el caso de Comodoro, sólo se pagaron 30 mil pesos y la ciudad percibió apenas 15 mil pesos en 2019, y quedan cobrar $ 4,6 millones ($ 2,3 millones serían para el municipio). En Camarones, de $ 53,4 millones de certificados emitidos y por emitir, restan cobrar 42 millones (21 millones para la ciudad) y hasta aquí se percibieron $ 11,4 millones, de los que $ 5,7 millones cobró la municipalidad.

Resta decir que respecto al FAP, la Provincia está a la espera de que se levante la feria judicial para presentar las demandas de apremio para el cobro de unos $ 126 millones de ese total, que corresponde a comprobantes ya emitidos, ya que hay hasta aquí algunos pagos voluntarios, teniendo en cuenta que el fondo es cuestionado como doble imposición por parte de los empresarios pesqueros.

POLITICA AGRESIVA

El balance final muestra que en un panorama de falta de recursos, el estado debería ajustar todos sus mecanismos para optimizar sus ingresos con la aplicación de las leyes tributarias que hoy están vigentes y que no se cumplen. Se necesita eficiencia, ordenamiento, métodos más modernos de supervisión y cruce de datos, y sobre todo, voluntad política.

El año pasado, el gobernador Mariano Arcioni había anunciado su idea de crear una Agencia de Recaudación similar a la que tiene en práctica hace años la provincia de Buenos Aires, que tuviera una estructura diferente a la que hoy está vigente a través de la Dirección General de Rentas, algo que generó dudas en el personal y que a último momento fue dejada en “stand by” hasta una oportunidad mejor.

Justamente, el nombre de Diego Touriñán era uno de los que más seducía al gobernador para ocupar ese rol, y a juzgar por el papel que desempeña por estas horas en el asesoramiento al gabinete, ha ganado peso en la consideración general. El diagnóstico está más que claro, ahora resta saber si hay decisión política para avanzar a fondo con las soluciones.