La Argentina se abstuvo de condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura sandinista durante el tratamiento de un proyecto de resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA). La condena fue aprobada por 26 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú. Votaron en contra Nicaragua, Bolivia y San Vicente.
La Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belize, República Dominicana, Honduras y México. Y otra vez, como sucedió en la ONU con su posición sobre los ataques terroristas de Hamas contra Israel, Argentina quedó por afuera de sus socios del Mercosur: Brasil, Uruguay y Paraguay condenaron al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Una vez concluida la histórica votación contra la dictadura sandinista, el embajador Carlos Raimundi leyó una declaración conjunta de los gobiernos de Argentina y México. El comunicado expresa su preocupación por las detenciones arbitrarias en Nicaragua, y rechaza la resolución en contra del régimen de Ortega y Murillo alegando que se trata de una intromisión a los asuntos internos del país centroamericano.
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“No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales. En este contexto, no nos fue posible acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración hoy en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos”, dijo el representante argentino en la OEA.
Y concluyó Raimundi: “Estamos convencidos de que esta situación será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos”.
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Ortega y Murillo ejecutaron una masacre contra la población civil en abril de 2018. Desde ese momento, la dictadura sandinista fue cada día más feroz y siempre sufrió la condena internacional en las Naciones Unidas y la OEA. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández había votado a favor de los derechos humanos en Nicaragua durante una sesión sobre este tema en la ONU. Y se aguardaba que en la OEA repitiera su posición exhibida en la ONU.
El embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, votó abstención frente a un proyecto de resolución que exige a Ortega y Murillo que terminen con las persecuciones políticas y que garanticen la transparencia de las próximas elecciones presidenciales.
Hasta la votación de Raimundi, la Argentina siempre había votado en contra del régimen sandinista. En tiempos de la embajadora Paula Bertol, la administración de Mauricio Macri asumió una posición de estricta crítica a la dictadura que lideran Ortega y Murillo.
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El proyecto de resolución aprobado por una mayoría histórica sostiene lo siguiente:
1. Expresar su grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas.
2. Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos.
3. Instar enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países.
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4. Continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General.
La declaración de condena avalada por una fuerte mayoría en la OEA -26 votos sobre un total 34 posibles- fue la respuesta multilateral a una caza de brujas desatada por la dictadura de Nicaragua. En las últimas dos semanas, Ortega y Murillo iniciaron una razzia política que implicó la detención de los principales dirigentes de la oposición que tenían intenciones de enfrentar al régimen que ocupa el poder desde 2007.
Ese movimiento represivo implicó la captura ilegal de Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, entre otros líderes políticos. Todos fueron acusados por presunta traición a la patria y lavado de dinero.
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Y hasta ahora, Ortega y Murillo no aportaron una sola evidencia en contra. Por eso, la OEA exigió su inmediata libertad al régimen sandinista y la preservación de la democracia por encima de los intereses políticos de la dictadura de Managua.
Fuente: Infobae