COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El gobierno provincial envió a Legislatura un proyecto en el que pide autorización para reestructurar la deuda de Chubut, que en lo que queda de este año afrontará vencimientos por más de 80  millones de dólares, mientras que para 2020 supera los 125 millones de dólares. En total, hasta 2026, la provincia debe pagar más de 1.000 millones de dólares, producto de los bonos colocados para “obra pública”, pero que en la práctica no sumaron más que ahogo a las cuentas públicas y negocios para intermediarios.

“Conforme el estado de emergencia imperante en la provincia (emergencia económica, financiera y administrativa del Estado provincial) se hace necesario reestructurar la deuda, lo cual implica la autorización al poder ejecutivo a realizar todas las operaciones tendientes a tal fin”, plantea el proyecto.

La iniciativa busca que se autorice al Ejecutivo a realizar, “por sí o a través de sociedades coparticipación del Estado provincial, a realizar todo tipo de operaciones de crédito público, para reestructurar la deuda pública mediante la consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o  renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento en los montos o plazos o tasa de intereses de las operaciones originales, o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otra medida que de cualquier modo resulte conveniente a los intereses de la provincia del Chubut”.

La deuda a refinanciar corresponde a los bonos llamados BODHIC I y II, colocados en el gobierno de Martín Buzzi, por un total de 220 millones de dólares. Y los denominados Fideicomiso Financiero, por 150 millones de dólares colocado en 2010 por Mario Das Neves. Y los bonos BOCADE y BOPRO, colocados al inicio de la actual gestión de gobierno, por otros 700 millones de dólares.

Entre otras acciones, se podrán constituir fideicomisos, mientras que la deuda a renegociar será la consolidada hasta el próximo 30 de junio.  También se solicita autorización para reprogramar la deuda mantenida con el programa de Convergencia Fiscal, es decir deuda mantenida con el Estado nacional.

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