RAWSON (ADNSUR / Incluye audio) - Benesperi remarcó que “Buzzi no se presentó este martes porque tenía un compromiso asumido con anterioridad y está dispuesto a presentarse en la próxima citación. Y eso es lo que va a ocurrir”, afirmó. Además, aseguró que “no hay nada turbio ni oscuro. Es la primera vez que se solicitó su presencia en términos formales ante un juez y con anterioridad a la audiencia dijo que no podía ir”. Por tal motivo, consideró que “para quienes trabajamos en oficinas judiciales y en cualquier tipo de audiencia, muchas veces pasa que no pueden asistir y a la semana siguiente se hace la audiencia” y “en los casos donde da una justificación, se lo cita y viene”. 

Respecto a la ausencia de Buzzi en la audiencia, su abogado remarcó que el ex gobernador “no podía concurrir y había presentado una justificación por lo que en la próxima audiencia se va a presentar. La próxima semana tiene solo tres días laborables porque empieza la feria judicial y están los asuetos administrativos. Yo planteé hacerla la primera semana después de la feria pero dijeron hacerlo la próxima semana, y no hay ningún tipo de inconveniente con eso”. 

Respecto a la acusación y presunta “administración fraudulenta”, Benesperi aseguró que “a nuestro entender no hay ningún tipo de ilícito. Hay un montón de situaciones públicas que en su momento las mencionaremos y probaremos donde sigue haciendo lo mismo. En el ámbito nacional con el corte de ayer el gobierno nacional anunció que le iba a entregar 6 mil pesos de subsidios a cada una de las personas que se encontraban en ese conflicto. Y en parte, es lo que sucedió en aquellos momentos, cuando Puerto Madryn estaba en una situación de crisis grave con los empleados de Alpesca, y el Estado provincial a través de un contrato le otorgó un subsidio a los empleados para que cobren los salarios adeudados de esos meses”. 

“Este contrato tenía algunas clausulas que era que ante el incumplimiento se demandaría a quienes firmaban en nombre de la empresa. Cuando estas personas no cumplieron, se los intimo. Luego se les inició la ejecución civil y de allí se  recaudo entre un millón y medio y un millón novecientos mil pesos. El resto no lo pagaron y tienen embargos en bienes personales por más de 10 millones de pesos. Ese proceso civil en el que el Estado es víctima está en pronto en dictar sentencia en el a sentencia en el ámbito civil”, detalló el abogado. 

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