El secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, anticipó hoy su expectativa de que la Legislatura provincial convoque a una sesión especial para dejar sin efecto la ley del Fondo Ambiental Pesquero (FAP), que desató una ola de protestas por parte del sector pesquero en Rawson y Puerto Madryn. La salida del conflicto no es sencilla, ya que los municipios involucrados exigen garantías de que las empresas abonen la deuda acumulada en los últimos 3 años.
“El gobernador (Arcioni) no puede expresar nuevamente una voluntad política para derogar esta ley, sin el acompañamiento de los principales involucrados, que además de los trabajadores (y empresarios) son los intendentes costeros, que creen que resignarían un ingreso que genera aportes para sus municipios”, explicó el funcionario provincial.
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La referencia es al hecho de que en su momento el Ejecutivo provincial buscó vetar la polémica norma, pero la posterior insistencia de la Legislatura, con una mayoría especial, la puso en vigencia, desatando una ola de presentaciones judiciales de empresas, por entender que se trata de una doble imposición (ya que por otro lado, rige un canon de extracción de langostino previo a esta norma, que se promulgó en agosto de 2019).
“Lo que dice el gobernador es que podríamos ensayar la salida siempre que esté expresada la voluntad política de los intendentes Damián Biss (Rawson), Claudia Loyola (Camarones) y Ricardo Sastre (Puerto Madryn), insistió Aguilar, en diálogo con Actualidad 2.0.
Hasta ahora, el intendente Biss hizo saber su acompañamiento, al igual que Loyola, según citó el secretario de Pesca, pero siempre y cuando se les garantice una participación futura en el canon pesquero que rige sobre la extracción del langostino, o alguna otra renta generada por la actividad.
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La búsqueda de una sesión especial de Legislatura y los escollos que falta resolver para concretarla
Aguilar precisó que durante toda la jornada se buscó determinar cuántos diputados provinciales se encuentran en la zona para convocar a una sesión especial el próximo viernes, en la que se buscaría tratar un proyecto de ley que anule el cobro del FAP.
Sin embargo, según pudo saber ADNSUR por otro lado, desde Legislatura se ve todavía lejana esa posibilidad, hasta tanto se les den garantías a los intendentes respecto del pago de la deuda generada en los últimos 3 años y la participación futura en la renta generada por la actividad.
Asimismo, se busca dar garantías de que a la hora de pagar la deuda acumulada, que suma “varios millones de pesos y algunos millones de dólares”, según reconoció Aguilar, que los trabajadores marítimos no deberán afrontar parte de esa deuda: esto genera un problema adicional, porque parte de los ingresos se conforman sobre el valor de las capturas, mientras que la deducción del canon sobre cada cajón de langostino (a razón de 1 dólar por cada unidad) representa una pérdida de valor de ese producto, que indirectamente se traslada a la liquidación salarial de los trabajadores.
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“La deuda se tiene que cancelar”
Aguilar también fue taxativo al afirmar que aun cuando se lograra convocar a la sesión para anular la ley, al deuda generada tendrá que cancelarse. “Los empresarios hicieron saber que con alguna quita y un plan de facilidades de pago estarían dispuestos a afrontar la cancelación –detalló el funcionario provincial-. También nos encontramos con un reclamo de los trabajadores de la Secretaría de Pesca, porque parte de ese fondo contemplaba el pago de un fondo estimulo para ellos, por lo que al quedar sin efecto la ley perderían ese beneficio”.
“Estamos tratar de resolver todo este problema en tiempo record –enfatizó el funcionario-, es una ley que provoca un claro perjuicio para la actividad, que si bien hoy sólo alcanza a la flota roja, que es la que están en actividad con permisos de pesca en aguas nacionales, la flota amarilla se está anticipando al problema porque se verían perjudicados en noviembre, cuando se inicie la próxima zafra en aguas provinciales”.