PUERTO MADRYN (ADNSUR) - El Consejo de la Magistratura resolvió este jueves avanzar en el sumario contra el juez de Ejecución Gustavo Toquier, para tratar la denuncia impulsada por la AFIP contra el magistrado comodorense, quien es cuestionado por el organismo nacional a partir de su negativa a remitir el concurso de acreedores de la firma Oil Combustibles hacia el Juzgado 4 de Buenos Aires, cuyo juez titular reclama para sí la competencia de intervenir en dicho proceso. Por otro lado, el organismo pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 26 de septiembre, fecha en que se volverá a reunir para definir otro candente asunto pendiente: la designación –o un eventual rechazo- como juez penal del abogado comodorense Francisco Romero.
Según informaron fuentes del ámbito judicial a ADNSUR, el organismo escuchó el informe de la comisión de admisibilidad que receptó la primera denuncia de parte de la AFIP contra el juez Toquier, cuestionado en un controvertido proceso por su colega de Buenos Aires y por el organismo tributario, que apunta a reclamar una deuda de 8.000 millones de pesos a la mencionada firma, en concepto de Impuesto de Transferencia a los Combustibles.
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Asimismo, contra el juez de esta ciudad se sumó una segunda denuncia de parte de la Inspección General de Justicia, ya que ese organismo también cuestiona el criterio de tramitar el concurso en el juzgado local, ya que no concluyó el trámite de cambio de domicilio hacia Comodoro Rivadavia, que había iniciado la empresa tras la denuncia de la AFIP por la mora tributaria. Dicha denuncia también será sustanciada en el mismo sumario, que podría concluir en un tribunal de enjuiciamiento contra el juez local.
El consejero sumariante tendrá un plazo de 90 días para elaborar el informe, en el que deberá determinar si hay elementos para iniciar un juicio de destitución o si cabe otro tipo de sanción para el magistrado en cuestión.
Por otra parte, las mismas fuentes consignaron que quedó sin resolver la designación del Dr.Francisco Romero como juez penal de esta ciudad. El caso deviene polémico a raíz de una vieja sanción del Colegio de Abogados, lo que el Consejo tomó conocimiento luego de que había seleccionado al postulante para el cargo, contando además con acuerdo de la Legislatura.
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Habitualmente la designación es sólo un paso formal, tras la selección por el examen satisfactorio en el concurso de oposición y el posterior acuerdo legislativo, pero la complejidad del caso habría motivado tomar un mayor tiempo de análisis para definir si designa o si el Consejo toma una decisión de retrotraer la selección. De ocurrir esta última opción, sería la primera vez desde los 20 años en que lleva funcionando el organismo.
Otras definiciones del Consejo fueron la designación del Dr. Benesperi como defensor general alterno, al tiempo que se declararon vacantes los cargos vacantes en dos Defensorías.
