RAWSON (ADNSUR) – El Fiscal de Estado de Chubut, Diego Martínez Zapata, explicó que por el incumplimiento del ex gobernador de Chubut, Martín Buzzi, con el acuerdo firmado en 2012 con magistrados, por intereses y punitorios, la provincia ya debió pagar 200 millones de pesos. Además, sostuvo que la última oferta para magistrados es del 27 al 30 por ciento en 12 cuotas y remarcó que "el 95% de los amparistas ya la aceptaron". En otro orden, sostuvo que la negociación con la Asociación de Magistrados está trabada porque pretenden que se les pague a unos 200 funcionarios que según Zapata, son casos donde perdieron el juicio. Por tal motivo, aseguró que la provincia no va a acceder de ninguna manera y que este planteo es "políticoW porque si no se les fractura la Asociación. A su vez, Martínez Zapata indicó que la oferta del gobierno le cuesta de 48 a 50 millones de pesos al año.

“De haberse cumplido este acuerdo con Buzzi, en mayo de 2012, este conflicto se arreglaba con cerca de 60 millones de pesos pero el incumplirlo generó la ola de juicios y embargos al Estado, intereses y honorarios cuya suma asciendo la suma de 200 millones de pesos que viene pagando el Estado”, indicó Martínez Zapata en Radio Bahía Engaño.

Además, sostuvo que “el conflicto sigue hasta tanto no se le dé al porcentual a acordar el carácter remunerativo en el salario de los magistrados”.

Por tal motivo, “una de las primeras medidas que llevamos adelante desde la Fiscalía es cerrar este conflicto donde ofrecimos un 27% con carácter remunerativo”, indicó el fiscal. Y consideró que “la Asociación de Magistrados no tiene la representación para negociar con todos los ejecutantes, porque las ejecuciones son individuales”.

A su vez, sostuvo que “la idea era que a través de la Asociación se facilite el canal de diálogo. Y por eso es que yo decidí conversar con ellos y transmitirles esta propuesta porque facilitaba el cierre en grupo y no tener que estar yendo uno por uno. Pero si bien a la Asociación de Magistrados les pareció una buena propuesta, ellos tienen dentro de la Asociación a funcionarios, médicos, y arquitectos que están dentro del poder judicial con una sentencia en contra. Y son entre 170 y 200 que no tenían reconocido, entonces López pretendía cerrar el tema de magistrados donde se incluya a estas personas”.

Por ello, Martínez Zapata remarcó que “mal puedo como fiscal de Estado pagar a una persona que no tiene reconocido el derecho y tiene rechazada su demanda”. Por ello, “la propuesta fue avanzar con los magistrados y en la instancia del Superior Tribunal o la Corte, estos funcionarios tienen su derecho reconocido, nos sentaremos a negociar”.

Sin embargo, “López nos dijo que le partíamos la Asociación al medio y que era una cuestión política interna de ellos.

Como consecuencia de los juicios, “hoy tenemos cerca de 35 y 40 millones de pesos embargados de las cuentas”, indicó. Y remarcó que “en un 95% de los ejecutantes actuales hoy estarían en condiciones y aceptarían esa oferta”.

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