COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El gobierno hace cuentas con la segunda cuota que debe recibir del Fondo Fiduciario nacional, por 1.500 millones de pesos, del total de 5.000 que llegarán hasta diciembre y de los que ya obtuvo 2.000 en octubre. Con ese monto adicional, debe aguardar otros dos ingresos importantes, que no se producen hasta antes de la primera mitad de noviembre.

Por un lado, las regalías petroleras, que se liquidan el 15 de cada mes. Si se mantiene una recaudación similar a la última liquidación, del orden de los 20 millones de dólares, se puede hacer la siguiente estimación. El cronograma de vencimientos de deuda, que sigue corriendo en tanto no hay novedad sobre la renegociación con los acreedores externos, indica que debe afrontar en noviembre un pago de casi 3 millones de dólares, correspondientes al bono llamado BOPRO (para el pago a proveedores), además de otros 13 millones de dólares que se reservarán automáticamente para el nuevo vencimiento de 39,2 millones de dólares programado para enero de 2021, correspondiente al BOCADE.

Con suerte, el gobierno podría contar con un remanente de 4 millones de dólares luego de los vencimientos, es decir apenas unos 320 millones de pesos, sobre un total de 1.600 millones que le debería reportar la liquidación petrolera. Dicho sea de paso, esta semana se cancelarán los 39,7 millones de dólares que corresponden al vencimiento trimestral de octubre, también por el BOCADE.

Por otra parte, las recaudaciones de coparticipación federal, que se ubica en los 2.900 millones de pesos mensuales,  llegan a través de un goteo diario desde Nación, que se refleja en unos 700 millones de pesos por semana, sin considerar los descuentos que debe sufrir por los anticipos que se vienen girando desde el gobierno nacional.

Con estas proyecciones, a las que faltaría sumar la alicaída recaudación provincial de impuestos propios (se había proyectando unos 1.700 millones mensuales en el presupuesto 2020, pero la pandemia afectó la recaudación en niveles de hasta un 80 por ciento en los meses más críticos), es difícil imaginar cómo llegará el gobierno a reunir los 5.200 millones de pesos que necesita para pagar a todos los agentes públicos en un solo rango, mucho más si ese objetivo buscara cumplirse en los primeros días del mes.

Nueva deuda: lo que cambia es el mayor plazo

En realidad, cuando Grazzini habló de que se cumplirá con el anuncio aun si Legislatura no aprueba la nueva colocación de letras, parece vincularse a otra posibilidad evaluada en el seno del gobierno como un plan B. Es que según pudo establecer ADNSUR, la provincia ya cuenta con la autorización de colocar letras por un monto de hasta 200 millones de dólares.

¿Por qué, entonces, necesita un nuevo aval de la Legislatura? Porque lo que cambia es el plazo del endeudamiento. Normativamente, si lo que se busca con este instrumento es cubrir gastos corrientes, la colocación de letras está habilitada para un plazo que no debería exceder los 30 días. En el proyecto que los legisladores tienen para su evaluación, la modificación está en el plazo de la devolución de esa deuda, que el Ejecutivo busca establecer en 30 meses: es en ese caso que, por tratarse del pago de salarios, debe ser autorizado para lograr un mayor período para levantar esas letras.

Es posible especular entonces que, cuando el ministro de Gobierno enfatizó que el gobierno cumplirá “la palabra que ha dado el gobernador”, aun sin precisar en qué día de noviembre, se esté contando con una colocación de letras de corto plazo, si es que no se obtiene la autorización legislativa. No parece un camino muy sustentable: con la devolución en un horizonte de 30 días, sería ‘pan para hoy’ y un nuevo estallido para el mes próximo.

Claro que, en ese caso, le quedará al gobierno el recurso de culpar a los diputados provinciales, si fuera el caso de que no obtuvo la autorización buscada para ‘pedalear’ los 3 años que le quedan de mandato.                          

La ayuda de Nación que parece lejana

Aun cuando la provincia pudiera cumplir con el pago de una masa salarial completa, quedarán pendientes de cancelar los salarios adeudados. Para los rangos 3 y 4 serán dos meses (hoy se les adeuda agosto y septiembre), mientras que el rango 1 y 2 quedarán con un mes pendiente (junto con salud y policía, cobraron agosto), además del medio aguinaldo de julio, que perjudica a todos los agentes.

En el gobierno hacen cuentas con una mejora paulatina de ingresos a partir de enero. En ese combo de optimismo entra una parte de posible reestructuración de deuda, más una mejora en la recaudación de coparticipación e impuestos propios. Las regalías quedan sujetas a variables casi esotéricas: habrá que consultar algún tipo de horóscopo para estimar el precio del petróleo en el año próximo, además de que esos ingresos siguen garantizando sólo el pago a los acreedores externos, hasta tanto surja alguna novedad vinculada a la reprogramación de vencimientos.

Queda el camino de los pedidos de asistencia de Nación, que no parece una vía muy despejada. El próximo jueves habría dictamen en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de presupuesto 2021. Se verá entonces si los representantes de Chubut pudieron convencer a sus pares de incluir algún tipo de asistencia financiera adicional

Fue el opositor Gustavo Menna quien en los últimos días puso una expectativa más moderada a ese reclamo, al que sus pares del oficialismo miran con recelo por la incómoda posición en que quedaron al no poder acompañar, por razones obvias para la política pero contrarias al sentido común: si no hay margen para avanzar en una asistencia de 30.000 millones de pesos en ATN, al menos debería equipararse el monto recibido por La Rioja, con casi 10.000 millones de pesos, admitió el legislador opositor.

En rigor, Chubut debe afrontar una deuda salarial que sigue superando los 15.000 millones de pesos, si se cuentan los meses que quedarán pendientes aun cuando se cumpliera la hipótesis de empezar a pagar en un solo rango desde noviembre. En ese monto se incluyen dos masas salariales, el medio aguinaldo y un monto del orden de los 4.500 millones de pesos, correspondiente a pagos retroactivos pendientes, por la actualización de las cláusulas gatillo acordadas el año pasado.

Quedan pocos días para el cambio de mes, como también para despejar la incógnita sobre cómo encontrará el gobernador Arcioni la salida al callejón en el que él solo se metió, con aquel anuncio formulado semanas atrás.