ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - El departamento de Estado de los Estados Unidos calificó este martes al sistema judicial argentino como "lento y politizado", en su informe anual sobre los Derechos Humanos.

Dentro del mismo se mencionan distintos escándalos y casos de presuntos abusos institucionales, como la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, el asesinato de Valentino Blas Correas en Córdoba, el homicidio de Jorge Martín Gómez en la Ciudad de Buenos Aires, la situación en las cárceles, y las detenciones “arbitrarias” durante la cuarentena.

En ese sentido, el gobierno de Joe Biden advirtió sobre la “impunidad”, la “corrupción” y la actuación de un “sistema judicial lento y politizado que impide los esfuerzos para investigar abusos” en el país.

“Respeto por la integridad de las personas incluyendo la libertad”, el reporte señala que “hubo varios reportes de que el Gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o fuera de la ley”, como los anteriormente mencionados.

Por otro lado, remarca que el Comité contra la Tortura de la Comisión de la Memoria de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 debido al “exceso de fuerza policial” en el área metropolitana de Buenos Aires.

 “Ambas organizaciones coinciden en que las investigaciones sobre violencia policial y el uso de la fuerza letal en la provincia fueron limitadas”, sostuvo el reporte al citar a una ONG que reportó que hubo 401 muertes ese año causadas por las fuerzas policiales.

 “La impunidad sigue siendo un problema significativo en las fuerzas de seguridad de todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado impide los esfuerzos para investigar abusos. El Gobierno generalmente denuncia el reporte de abusos y hace esfuerzos para entrenar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles acerca de los derechos humanos, incluyendo un entrenamiento online en la pandemia”, concluye el apartado "desapariciones" donde se menciona el caso Astudillo Castro.

“Se acusó a la policía de no registrar las detenciones, de tratar a los detenidos con fuerza excesiva y de ubicarlos en lugares de detención que amenazaban su salud”, sumaron respecto a arrestos arbitrarios y “no registrados” en el marco de la cuarentena nacional contra el COVID-19.