COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Aun cuando tuvo una merma del 5,5% en relación al primer semestre del año pasado, se mantiene en el cuarto lugar del ranking nacional, detrás de Buenos Aires, de Santa Fe y Córdoba. Por retenciones a los productos primarios, esas colocaciones generaron al Estado nacional alrededor de 3.900 millones de pesos. Sin embargo, el único aporte no reintegrable del Estado nacional en el marco de la crisis actual ha sido de 100 millones de pesos.

Un análisis desapasionado de los números, sin que ello pretenda excluir la responsabilidad fundamental del gobernador Mariano Arcioni para cumplir con el pago de salarios en término y respetar los acuerdos paritarios firmados con los agentes públicos, permite poner en contexto la situación actual.

En una provincia que exporta una gran cantidad de dólares, pero a la que le faltan pesos para pagar salarios y normalizar la actividad en escuelas, hospitales y tribunales, entre los servicios más visibles de la administración pública, la solución no puede estar tan lejos de las posibilidades que genera su economía, aunque basada casi en la mono producción petrolera.

Los datos oficiales así lo registran: la exportación de aluminio cayó en el primer semestre de 2019 un 24,1%, mientras que la de pescados y mariscos se retrajo 9,1%. La exportación de petróleo, en cambio, aumentó un 11%, de modo que esa sumatoria de variables deriva en una baja general del 5,5% (81 millones de dólares menos) en relación al primer semestre del año pasado. No obstante, si se compara contra el mismo período de 2016, las exportaciones muestran un crecimiento del 54%.

 

Recursos generados a favor del Estado nacional

Si se considera que la mayor parte de las ventas externas de la provincia se explican por productos primarios sujetos a retenciones, de 4 pesos por cada dólar exportado, puede llegarse a la siguiente estimación, en base a los registros del INDEC: del total de U$1.399 M (Millones de dólares) exportados, U$ 607 M provienen de ventas externas de petróleo; más U$359 M en productos primarios (pescados y mariscos sin elaborar y lanas sucias), totalizando 966 millones de dólares de productos sujetos a retenciones. Estas captan 4 pesos por cada dólar exportado, por lo que el Estado nacional recaudó alrededor de 3.900 millones de pesos por esa vía, a raíz de productos originados en Chubut.

Vale recordar que las retenciones dispuestas el año pasado por el gobierno de Macri, al igual que ocurrió también durante el gobierno kirchnerista, no son coparticipables con las provincias que originan esos recursos. Sin embargo, bien vale tener presente la referencia de los recursos generados por la provincia, a la hora de comparar con lo que viene desde Nación, por otras vías.

Según detalla el economista Facundo Ball, en un reciente informe, en el primer semestre de este año, las transferencias automáticas desde el Estado nacional hacia Chubut alcanzaron los 11.181 millones de pesos, con un crecimiento del 45% en relación al mismo período del año 2018.

Vale ahora volver a tomar datos oficiales del INDEC, en este caso para medir la inflación: según el Índice de Precios al Consumidor publicado en julio de este año (Informe Técnico nº127), la inflación acumulada en la Patagonia entre junio de 2019 frente al mismo mes del año 2018, alcanza un 57,1%.

En otras palabras, más allá del aumento nominal en la cantidad de plata transferida por Nación (a partir de la coparticipación de impuestos y otros conceptos), quedaron 12 puntos por debajo de la inflación medida oficialmente en el mismo período anual. Otro dato interesante: el incremento de la masa de recursos se acerca a los 3.500 millones de pesos, por lo que resulta casi equivalente a los 3.900 millones estimados como recaudación por retenciones. Si ese dato, calculado por esta columna, fuera correcto, significaría que, en términos coloquiales, la provincia de Chubut “no le costó ni un peso” a la Nación, ya que el incremento de transferencias se compensa con las retenciones a la exportación de productos primarios de la provincia.

 

Posibles soluciones

La inquietud de este análisis no apunta a profundizar discordias entre jurisdicciones ni sesgos partidarios, sino aportar elementos para la búsqueda de alternativas que contribuyan a que la provincia pueda normalizarse.

Una discusión aparte será si los acuerdos paritarios firmados este año, por encima de la inflación patagónica según reconoció el gobierno provincial, fueron acordes a la realidad provincial. Claramente, el déficit empieza a agigantarse a partir de junio, cuando impactan los incrementos salariales. ¿Se debió ajustar y fijar aumentos por debajo de la inflación anual? En opinión de este columnista, no. Pero tampoco podía obviarse la responsabilidad de proyectar los recursos para hacer frente a esa obligación, asumida por la efervescencia electoral y el “después de ganar las elecciones, vemos”.

Ahora, es tarde. Y el problema debe afrontarse. La provincia necesita reunir antes del cuarto día hábil una masa salarial de 3.360 millones de pesos, sin incorporar la totalidad de los aumentos acordados, tal como se están liquidando los distintos rangos salariales.

Como la mayor parte de los recursos ingresa a partir de la segunda quincena del mes, según explicó el ministro de Economía provincial, fue necesario el auxilio de Nación para iniciar los pagos –otra vez escalonados y sin siquiera cumplir el anticipo de 30.000 pesos para todos los rangos-, compuestos del siguiente modo, según detalló Antonena: 600 millones de pesos por reprogramación de vencimiento de deuda con Nación; 500 millones de pesos como adelanto de coparticipación; 127 millones de pesos como anticipo del Incentivo Docente. Y 100 millones de pesos como Aportes del Tesoro Nacional. “Salvo los ATN, el resto hay que devolverlo”, dijo el funcionario provincial. Es decir, en el marco de la crisis, el único aporte adicional del gobierno nacional fue por este último concepto.

Entre las alternativas que se exploran, se vuelve a mencionar la posibilidad de salir a contraer endeudamiento (en octubre se terminan de pagar los 220 millones de dólares del BODIC 1), mientras también se especula con recrear aquella iniciativa mencionada el año pasado por el gobernador Arcioni, en torno a un fondo fiduciario a conformar con aportes de las principales empresas de la provincia.

Dichos aportes, reintegrables, deberían conformar una masa del orden de los 4.000 millones de pesos (menos de 70 millones de dólares, al tipo de cambio actual) para reunir una masa salarial completa y arrancar el próximo mes con los salarios normalizados, mientras se sientan las bases para un nuevo marco de negociación de los aumentos pendientes.

No parece demasiado (es mucho, pero no inalcanzable), considerando que la recaudación por retenciones que mantendrá Nación hasta diciembre de 2020 (atravesando todo el año del nuevo período de gobierno nacional) y la perspectiva de regalías petroleras que sigue generando el sur de la provincia son activos más que sólidos para buscar esas opciones. Si lo que se prioriza es buscar un principio de solución apelando a la racionalidad, en una relación madura entre Estados, podrían explorarse otras opciones –más calificadas- que exceden los límites de este informe.  Si prima la racionalidad y no las mezquindades políticas, ni los excesos de protagonismo para medir fuerzas, tal vez todavía se esté a tiempo de evitar que la crisis se agrave hasta un camino sin salida.

No es mucho pedir, si se piensa que a cambio pueden volver los chicos a la escuela y a atender con algún grado de normalidad en los hospitales de la provincia.