"Es una regresión de derechos": el exjuez Florencio Minatta rechazó la baja en la edad de imputabilidad y advirtió que sería inconstitucional

El debate sobre la baja en la edad de imputabilidad volvió a encenderse en la Cámara de Diputados de la Nación. Este martes, se dio dictamen favorable a un proyecto de ley que propone establecer la responsabilidad penal desde los 14 años. 

En ese contexto, el exjuez de Cámara de Trelew y actual docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Dr. Florencio Minatta, se manifestó con dureza contra la iniciativa: “Es una regresión en materia de derechos humanos, es inconstitucional y no resuelve el problema de fondo”, enfatizó.

Minatta consideró que penalizar a adolescentes “contradice el espíritu y los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, que Argentina incorporó a su legislación con jerarquía constitucional. 

“La convención no prohíbe expresamente que haya regímenes penales juveniles, pero sí impone que toda medida privativa de libertad sea de aplicación absolutamente excepcional. Este proyecto va en sentido contrario”, advirtió, en diálogo con Actualidad 2.0.

“Un retroceso inaceptable”

Para el exmagistrado, la clave no pasa por aplicar penas más duras a menores, sino por fortalecer los mecanismos que ya existen y que no se cumplen. 

“El problema no es que no haya respuesta legal. El problema es que no se aplican las herramientas administrativas y sociales que están legisladas. Hay una falla total en las políticas preventivas respecto de la niñez y adolescencia”, explicó.

Minatta sostuvo que el dictamen aprobado es una muestra más de una tendencia que se viene profundizando. “Es parte de un clima de regresión general en materia de derechos. Y eso es peligroso, porque estamos hablando de retroceder en conquistas que costaron décadas. Es inconstitucional, porque viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos: no se puede legislar hacia atrás”, afirmó.

El tema volvió al centro de la escena política tras un hecho ocurrido el año pasado en Comodoro Rivadavia, donde un adolescente de 15 años mató a otro chico de 17. 

A partir de allí, el gobierno nacional retomó con fuerza la discusión por la baja de la edad de imputabilidad, luego de una comunicación de la ministra Patricia Bullrich con la madre de la víctima. Además, otros hechos, como el asesinato de una niña en La Plata, con un menor de edad involucrado, reactivó este año la discusión.

El ex juez fue contundente al analizar ese caso. “Lo que falla en estos casos es todo lo que debía funcionar antes: la contención familiar, el acompañamiento estatal, las oportunidades igualitarias. La cárcel no resuelve eso. Y lo que esta ley pretende, con un discurso de mano dura, es tapar la ausencia del Estado en esos lugares donde más se lo necesita”, planteó.

“Se hace política con los menores pobres”

El docente recordó que existen múltiples herramientas dentro del marco legal actual para actuar en casos graves sin recurrir a la cárcel: desde monitoreo electrónico hasta el arresto domiciliario y la mediación penal juvenil. En Chubut, incluso, estas figuras ya están reguladas y en funcionamiento, aunque con escasa implementación práctica.

“Las leyes están. Lo que no hay es voluntad de aplicarlas. Por eso, avanzar en esta nueva ley no sólo es innecesario, sino profundamente regresivo -concluyó-. Es un instrumento para que los jueces dejen presos a menores que cometen delitos con penas que arrancan en los 3 años, es decir los robos, que es lo que más perjudica a la sociedad. ¿Qué van a hacer con esos adolescentes? Es todo declamación. Hacen política con los menores pobres, la gente está contenta y cree que esta ley soluciona el problema de la seguridad. Pero no soluciona nada”.

Para Minatta, “hay que actuar mucho antes, pero de este modo se está tapando lo que no se hace; y se cae siempre sobre los menores pobres, de las mismas clases sociales. No cambia nada. El régimen penal, punitivo, roza siempre a los vulnerables, no a los otros. Hay una flagrante desigualdad en la aplicación de la ley, lo cual no es nada nuevo”.