Un informe del Ministerio de Economía de Chubut detalló en los últimos días que el total de pagos por honorarios, durante el proceso de reestructuración de la deuda externa provincial, alcanzó los 2,1 millones de dólares, a partir de la contratación de agentes que debieron intervenir en dicha negociación. Una vez más, la realidad refleja que las decisiones de endeudar alegremente a la provincia no sólo descalzan las cuentas públicas y provocan el descalabro atravesado por los chubutenses en los últimos años, sino que además hay que cargar con el costo de la intermediación financiera para “comprar” un poco de tiempo.

El documento elaborado por el ministro Oscar Antonena ingresó el lunes 3 de mayo, según pudo saber ADNSUR, en respuesta ante un pedido de informes sobre “contrataciones de asesores financieros jurídicos en el marco de la ley II Nº255”, que fue la que autorizó al Ejecutivo a iniciar el proceso de reestructuración, en octubre del año pasado.

En el detalle remitido por el titular de la cartera económica hacia la Legislatura, surge que las contrataciones alcanzaron un total de 2,1 millones de dólares, abonados a entidades “que fueron contratadas directa o indirectamente para llevar a cabo las tareas de asesoramiento financiero y jurídico, así como también la entidad financiera que cumplió el rol de coordinador de la transacción en el marco de la reestructuración de la deuda pública provincial”.

En el listado se incluye a los siguientes intermediarios:

✅ UBS Securities LLC, como “Agente Coordinador de la Transaacción”, por 622.916,67 dólares;

✅ Milbank LLP, para “Asesoramiento jurídico internacional del coordinador”, por 230.249,42 dólares;

✅ Bruchou, Fernández Madero&Knight, para “Asesoramiento jurídico local del agente coordinador”, por 78.723 dólares;

✅ Deutsche Bank y Holland&Knight, como “Trustee y asesor legal del Trustee”, por 69.162,50 dólares;

✅ Proficio SA, como “Asesor financiero de la provincia”, por 716.042,70 dólares;

✅ DLA Piper, como “Asesor jurídico local e internacional de la Provincia”, por 418.828,30 dólares.

En total, 2.135.925,59 dólares, es decir unos 192 millones de pesos, al tipo de cambio del año pasado, a fin de negociar con los acreedores que aceptaran correr los plazos de vencimientos, que originalmente vencían en 2026 y se extendieron hasta 2030, con una merma de los pagos a realizar durante este año y el próximo.

En la respuesta oficial se advierte además que previo a la contratación de UBS Securities como agente financiero, se dio intervención previa a la Fiscalía de Estado y la Contaduría General, según disposiciones legales vigentes. Y aclara que si bien no se dio intervención a dichos organismos antes de la contratación de las demás entidades, igualmente se presentó la documentación correspondiente ante dichos organismos de control previo al pago de los honorarios más arriba detallados.

El origen de una deuda asfixiante

En agosto de 2016, la Legislatura de Chubut autorizó la emisión del bono BOCADE, por 650 millones de dólares. Como su nombre lo indica, “Bono de Cancelación de Deuda”, parte de la fundamentación fue que se debían afrontar deudas anteriores a diciembre de 2015. Con la asignación de un 15 por ciento para municipios, el resto se dividió en partes iguales con la finalidad de pagar deudas y para realizar obras públicas. Sin embargo, hasta el día de hoy no está claro qué deudas se cancelaron, ni tampoco hay un detalle de obras realizadas con semejante endeudamiento.

El bono fue colocado con una tasa del 7,75% anual y con vencimientos trimestrales, previstos para los días 26 de cada mes de enero, abril, julio y octubre, hasta el año 2026. Tras la reestructuración acordada el año pasado, los vencimientos se extendieron hasta el año 2030, mientras que entre 2021 y 2023 habrá vencimientos por montos menores a los estipulados originalmente. El vencimiento del 26 de abril, por ejemplo, en lugar de casi 40 millones de dólares se redujo a 16, según informó el ministro Antonena en entrevista con ADNSUR.

Además del BOCADE, la provincia también afronta vencimientos por el bono provincial denominado BOPRO, por 50 millones de dólares, que también se contrajo en el año 2016, al inicio del tercer mandato de Mario Das Neves. En ese caso, los vencimientos para este año totalizarán 11,3 millones de dólares, a razón de 2,8 millones por trimestre. Se trata de un título fue colocado a una tasa del 8,75 por ciento y los pagos continuarán regularmente hasta el año 2026.

Terminó de pagarse el “Bodic”, pero las obras tampoco están

En abril, además, estaba previsto terminar de pagar el bono BODIC 2, que había sido colocado por el gobierno de Martín Buzzi, con un vencimiento de 5,6 millones de dólares. En total, el título original fue de 89 millones de dólares, a una tasa del 4,75 por ciento, colocado en 2014. Y se trata de la segunda parte de un primer título, el BODIC I, colocado en 2013, también por el gobierno de Buzzi, por 120 millones de dólares y una tasa del 4 por ciento anual, lo que se terminó de pagar en octubre del año 2019.

Tampoco en el caso de los títulos Bodic hay claridad sobre las obras: con el primer tramo se habían proyectado 10 “centros de encuentro”, de los cuales 4 correspondían a Comodoro Rivadavia. Recientemente, la provincia firmó un convenio con el municipio para transferir las dos estructuras iniciadas, para que la comuna local se haga cargo de la finalización. Con el segundo tramo del bono estaba contemplado construir “dos hospitales”, uno en Trelew y otro en Comodoro Rivadavia, pero los resultados están a la vista: en la urbe petrolera, ni siquiera hubo cartel de obra. 

Si se suma el Fideicomiso Financiero colocado en el año 2010 y que se terminó de pagar en 2020, por 150 millones de dólares, la deuda total en esa década supera los 1.000 millones de dólares, sin contar los intereses pactados en cada una de las colocaciones.

Un monto suficiente que, bien utilizado, podría haber transformado totalmente la infraestructura de la provincia. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y peor aún: el ahogo financiero que persiste sobre las cuentas públicas plantea un futuro todavía más lejos de esas realizaciones, con un escenario que vuelve a recalentarse por los retrasos salariales de los trabajadores del Estado.