COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un hecho que favorece ese clima es que la mitad de los tenedores de títulos públicos de la provincia del Chubut eran también parte de los acreedores que acaban de cerrar el acuerdo con Martín Guzmán. Así lo reveló a ADNSUR una calificada fuente, que asesora a diputados y otros funcionarios en este complejo tema. 

¿Cómo incidirá el acuerdo con Nación, a la hora de evaluar si se sientan a dialogar con Chubut? Al menos por una cuestión de agenda, hoy los acreedores de la provincia dispondrían de más tiempo para escuchar la propuesta del gobierno de Arcioni.

Desde el punto de vista económico, no hay factores que se modifiquen a partir del acuerdo cerrado por Nación.

Esto significa qué aún si Chubut no logra ponerse de acuerdo con sus acreedores, la provincia no entraría en cesación de pagos, al menos mientras la recaudación por regalías alcance para cubrir los vencimientos trimestrales.

Sin embargo, el nuevo contexto político a partir del acuerdo de Nación generó un clima de aceptación en todo el arco político con representación en la Legislatura.

En términos económicos, hay un factor qué podría generar incentivo a los acreedores, para que consideren reprogramar vencimientos.

Ese factor se vincula con en en el mercado petrolero. Si la crisis del covid sigue impidiendo un aumento de la demanda de combustibles, lo que haría retroceder nuevamente los precios del petróleo, los acreedores verían el riesgo cierto de un default. 

Esta hipotética situación sí supondría un riesgo para la conformación de los fondos que se necesita cubrir cada tres meses.  

Del mismo modo, si el mercado petrolero confirma su tendencia de recuperación y los ingresos por regalías vuelven a estabilizarse, los incentivos para renegociar desaparecen. Cruel paradoja del endeudamiento crónico de la provincia hoy parecería que un recupero fuerte del petróleo le j,ugaría en contra a sus aspiraciones de refinanciar deuda.

Hay quienes advierten además que una aceptación rápida de los acreedores a suspender cobros hasta 2023, podría encerrar consecuencia más negativas para la provincia.

Esa especulación se vincula a las condiciones que demandaran los acreedores para aceptar que pasen dos años sin ver un centavo, cuando disponen de un sistema automático. 

El proceso de renegociación no debería desoír otro reclamo, que empieza a expresarse desde distintos sectores de la sociedad. 

Una sociedad que está obligada a pagar, pero también tiene el derecho a saber en qué se gastó cada uno de los dólares que hoy asfixian a las cuentas públicas.