COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Si en el gobierno quedaba alguna esperanza de que se apruebe antes de fin de año el llamado proyecto de Desarrollo Productivo para la Meseta -que consiste en la zonificación de dos departamentos para habilitar la actividad minera-, esta última semana se terminó de derrumbar por cuestiones ajenas al que debería ser el verdadero debate de fondo.

El audio viral de una diputada asegurando que había colegas suyos que habían cobrado coimas por $ 10 millones, sumado a la difusión de una cámara oculta a un diputado que en otra época negociaba con una empresa para hacer una supuesta “rosca” a favor de la minería, fueron dos hechos muy fuertes que provocaron una serie de denuncias de legisladores en la justicia y terminaron de dar por tierra con un tema que ya venía mal desde su génesis.

La manera en que fue encarada toda la cuestión minera, un debate pendiente hace 17 años en esta provincia, desde el comienzo podría resumirse en el manual de lo que no hay que hacer: en vez de plantear de cara a la sociedad una nueva actividad productiva, invitando a debatir un proyecto de ley en las comisiones de la Legislatura, se intentó trabajar sobre un propuesta que se conoció públicamente recién a fines de noviembre, pese a que los autores afirman que lo venían charlando en 60 reuniones a lo largo de 10 meses de las que nadie se enteró.

“Coimas, mentiras y video”: crónica de otro fracaso de la clase política para dar un debate serio sobre la minería

El proyecto fue conocido recién de manera masiva por la sociedad el lunes 23 de noviembre, cuando quedaban apenas 5 sesiones para terminar el año. Los interesados en su aprobación no alcanzaron a prever el escenario que se venía encima: las redes sociales, los escraches, y lo que es más grave, no entender cómo funcionan las cosas adentro del Poder Legislativo, y cómo es la manera de responder de un diputado bajo presión. La idea de “esto no es para miedosos, que ahora salgan a jugar a la cancha y pongan lo que hay que poner”, puede servir en otros asuntos de Estado, pero no en éste.

Una enseñanza que el gobierno quizás debe estar entendiendo a esta altura, es una máxima legislativa que marca que “nadie quiere ser el voto 14”.  Esto quiere decir que el proyecto deberá salir por consenso. Es más fácil para diputados con una postura asumida hace años y con un respaldo gremial detrás, como el petrolero Carlos Gómez, hablar públicamente a favor y mantener un posicionamiento coherente en el tiempo. Pero no es tan sencillo para aquellos diputados que se suman de manera silenciosa a último momento y terminan de redondear la mayoría, porque terminan siendo los que quedan más expuestos ante la sociedad y a los que se apunta con el dedo incluso en su propio domicilio y contra su grupo familiar.

Una cosa es que uno de los operadores políticos de la ley le diga a un legislador que hay 16 o 17 votos, entre ellos el suyo, y otra muy distinta es que a la hora de votación ese diputado vea que en realidad hay 12 o 13, y que su voto pasa a ser clave. Esa fue una de las razones de la sorpresa expresada luego en la pregunta “pero cómo, ¿no estaban los votos?” No, nunca estuvieron. A la falta de debate, se le sumó la equivocación de un “poroteo” que siempre estuvo inflado.

AUDIOS Y VIDEOS

La incapacidad de la clase política para dar un debate serio quedó aún de mayor manifiesto esta semana, cuando lo que pasó a ser el eje de la discusión -en vez del contenido del proyecto, el área de zonificación, los puestos de trabajo, los controles ambientales y los puntos de regalías-, fue la cuestión de si los diputados cobraron o no cobraron coimas, a partir de la afirmación expresada en un audio de Whatsapp que se hizo viral por parte de la diputada del interbloque, Leila Lloyd Jones.

“Coimas, mentiras y video”: crónica de otro fracaso de la clase política para dar un debate serio sobre la minería

Y este clima se tornó aún más turbio con la difusión (¿pase de factura interno?) de una cámara oculta al diputado del PRO, Sebastián López, en un contexto desconocido y con interlocutores en las sombras, en el que habla de cobrar un monto de dinero para hacer un trabajo de “rosca política” para instalar el tema minero y ser defendido ante los medios de comunicación. La consecuencia fue la ruptura del bloque de Juntos por el Cambio y la alianza con los radicales en la Legislatura, e incluso denuncias cruzadas con las autoridades del PRO, y sospechas de “extorsión”.

En total, 14 diputados fueron a la justicia por estas horas a pedir que se los investigue para limpiar su nombre luego de los dichos de Lloyd Jones, quien en la sesión del viernes no quiso dar mayores detalles al ser interpelada por sus pares, pero que presentó un escrito que ahora está en manos del fiscal Omar Rodríguez y que se verá si aporta datos como para una investigación seria.

SI hay algo en lo que coinciden por estas horas tanto diputados, como funcionarios provinciales y municipales, es que este nuevo papelón que se vive con la difusión de audios y cámaras ocultas, sumados a la investigación judicial ante sospechas de pago de coimas, más que perjudicar a algún actor en particular, embarra a toda la clase política. El ciudadano común no hace distinciones: “son todos chorros”, es la frase que se escucha en la cola del supermercado, en el taxi o en la verdulería. Como dice el tango, “en el mismo lodo, todos manoseados”, y no es para menos, porque son los mismos protagonistas de la vida política los que se pasan factura públicamente. ¿Cómo llegó a todos lados el audio de una diputada difundido en un grupo de Whatsapp de otros diputados? ¿Cómo se filtró una vieja cámara oculta a un actual diputado enemistado con la dirigencia de su partido?

Diputado Sebastián López
Diputado Sebastián López

MARCHAS Y CONTRAMARCHAS

Lo que está claro es que la dirigencia política de Chubut demostró una vez más que no está a la altura para dar un debate serio sobre este y otros temas vinculados con el futuro de Chubut. Muchos de los formadores de opinión más conocidos, figuras con trayectoria que tienen peso político, juegan a las escondidas, y en muchos casos van y vienen con opiniones cambiantes, según el color partidario de turno.

Una frase del diputado Carlos Gómez en la última sesión fue muy interesante. Sin pelos en la lengua, afirmó “a aquellos que dicen que no hay licencia social en el proyecto, les pido que todos nos acordemos que un 25 de noviembre de 2014, el gobierno de Martín Buzzi y de Gustavo Mac Karthy, con Néstor Di Pierro, Carlos Linares, Juan Pablo Luque, gremios petroleros y la Uocra, movilizamos a toda la meseta a la ciudad de Rawson para defender la zonificación, y con los votos del FPV y del PJ, modificamos la iniciativa popular de 13 mil firmas que eliminaba la minería de la provincia del Chubut. Es la hora de que asumamos responsabilidades”, pidió en una arenga que hace habitualmente recordando la postura histórica del peronismo, a un bloque kirchnerista que nunca le responde.

Planteó que se atienda el reclamo de los sindicatos que se van a movilizar mañana lunes que será dijo “en un marco de paz social y garantizando la participación de todos los sectores para sacar el mejor proyecto que podamos garantizar”.

De este modo, salió a bancar la “foto” de la semana pasada del gobernador Arcioni y el vicegobernador Sastre junto a gremios de mucho peso como Petroleros, Uocra y Camioneros, a los que se sumaron dirigentes de empleados de Comercio y La Bancaria, estos dos últimos no pocos planteos de las bases en el sentido contrario. Mañana, estos grupos buscarán mostrar una marcha masiva desde Comodoro Rivadavia a favor de la minería, para tratar de contrarrestar las marchas de las asambleas ciudadanas con vecinos en contra del proyecto de zonificación.

“Coimas, mentiras y video”: crónica de otro fracaso de la clase política para dar un debate serio sobre la minería

Cierra un año absolutamente atípico, en el que Chubut acentuó aún más la crisis que viene padeciendo hace dos años. En un contexto de pandemia, caída de puestos laborales y cuentas en rojo, los chubutenses se perdieron la oportunidad de dar un debate serio, a fondo, para determinar si conviene o no desarrollar la actividad minera, y si el proyecto de zonificación en la meseta -un sector que avala esta actividad productiva- es o no la mejor alternativa.

La culpa en primer lugar es de toda su dirigencia, que ahora tiene la responsabilidad y la misión de volver a intentar dar una discusión amplia y participativa, donde se pongan en juego la mayor cantidad de miradas posibles, y donde se escuche a todas las voces. Es hora de barajar y dar de nuevo, y aprender de los errores.