RAWSON (ADNSUR) - La jueza de garantías Mirta Moreno resolvió desarchivar la supuesta denuncia que realizaron grupos antimineros respecto de la falsificación de un informe realizada por el CONICET que consta en el proyecto que el gobernador Mariano Arcioni presentó en la Legislatura sobre la zonificación de la minería en la meseta del Chubut.

La decisión de la magistrada se conoció al concluir una audiencia de impugnación realizada a media mañana de este viernes en la Oficina Judicial de Rawson.

La supuesta denuncia se produjo en noviembre pasado y durante la feria judicial de verano fue archivada por el fiscal Osvaldo Heiber. También se realizó en el fuero penal federal de la ciudad de Esquel que se declaró incompetente, según informó el Ministerio Público Fiscal. 

La serie de impugnaciones a la decisión del fiscal Osvaldo Heiber fue explicitada por la abogada Silvia De Los Santos en representación de las organizaciones que se oponen al proyecto de zonificación minera. Dijo que el proyecto “es ilegal y clandestino. Además del medio ambiente, tiene repercusiones económicas, sociales y hasta culturales, negativas”.

La denuncia fue formulada por una supuesta “falsedad ideológica” en el informe producido por profesionales del CONICET que está incluido en el proyecto que el Poder Ejecutivo Provincial presentó en la Legislatura del Chubut referido a la zonificación de la explotación minera en la meseta del Chubut. Las cuatro personas denunciantes no estuvieron en la audiencia

Para Heiber, no hubo alteraciones ni falsificaciones en el informe, sino que se trata de diferencias en cuanto a la “interpretación” de los conceptos allí vertidos. Afirmó que el proyecto no solo se basa en el informe del CONICET, sino en otros informes de otros organismos nacionales, provinciales y privados. Apuntó además que “en tal caso, el informe presuntamente falsificado, no fue incorporado al proyecto”.

Para argumentar la decisión de archivar la denuncia, concluyó en que “quien debe resolver la cuestión es la Legislatura del Chubut” y que se trata de un “acto no judiciable. La Justicia “no debe influir en ámbitos netamente políticos” –destacó- y si tiene alguna intervención del Poder Judicial, “en tal caso le corresponde al fueron administrativo y no al fuero penal”.

Para la abogada De Los Santos “el fiscal no fue objetivo”,  que al archivar la denuncia “se tomó una decisión apresurada” y que hubiese sido oportuno “realizar una apertura de la investigación” para darle la oportunidad a los denunciantes de presentar pruebas.