CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - "O se transforman o llegó la hora de irse”: la primera advertencia la lanzó Eduardo “Wado” de Pedro. Durante los primeros días de marzo, el ministro del Interior, habló de la “responsabilidad directa” que tuvieron algunos magistrados o personal de seguridad en crímenes de mujeres. El último lunes, en el marco del Día de la Mujer, la vicepresidenta, Cristina Kirchner le reclamó a la Justicia “que deje de mirar para otro lado” en casos de violencia de género. Esta semana fue el turno de Alberto Fernández: el 8 de marzo, al conmemorar la lucha de las mujeres, mientras se refería a distintos femicidios, habló de una “reacción estatal lenta” o que “directamente no existe”.
En esa vía, el Gobierno Nacional avanzó este miércoles con la oficialización de un registro público de denuncias presentadas contra magistrados por situaciones vinculadas a violencia de género.
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Según destaca Infobae, la medida había sido adoptada por unanimidad el último lunes, en el marco de un plenario extraordinario del Consejo de la Magistratura de la Nación, y fue publicada hoy en el Boletín Oficial. A través de la Resolución 8/2021, se creó la mencionada herramienta y se aprobó el protocolo para su implementación.
El mismo incluye la atención de denuncias presentadas sobre situaciones vinculadas a violencia de género contra magistrados que versen sobre: “vulneración y /o afectación de derechos por actos discriminatorios; inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales; y obstaculización, mediante retardo o impedimento, en el acceso a la justicia”.
En este registro figurarán los nombres de aquellos jueces que han sido denunciados por su actuación en casos de violencia machista. Allí se dejará constancia de la imposición de sanciones disciplinarias que resuelva el Consejo de la Magistratura, y también en los casos que el Plenario aprobara la apertura del procedimiento de remoción de magistrados.
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La diputada nacional y consejera de la Magistratura de la Nación, Vanesa Siley, destacó la creación del registro como “un paso importante en materia de género, en la búsqueda de transparentar actos y corregir conductas de funcionarios públicos en el Poder Judicial”. “Tomar medidas concretas, efectivas, para transformar a un Poder del Estado que repercute directamente en la vida de todas y todos”, agregó la legisladora oficialista.
En la misma sintonía, en la Secretaría de Derechos Humanos celebraron la medida como “un paso importante hacia una respuesta judicial efectiva en casos de violencia de género”. Con la creación del registro se cumplió uno de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo firmado por el caso de Olga del Rosario Díaz, sobreviviente de un intento de femicidio.
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El acuerdo se firmó el 23 de octubre de 2019, a partir de la denuncia presentada por la Defensoría General de la Nación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y fue aprobado en agosto de 2020 por el Decreto N° 679/2020 del presidente Alberto Fernández.
El caso de Olga Díaz comenzó en 2002 cuando tomó la decisión de separarse de su entonces marido, Luis Palavecino, luego de descubrir que le había sido infiel. Sin embargo, el hombre pretendió impedírselo mediante agresiones físicas, amenazas de muerte y hasta golpes a la menor de sus hijas. La mujer realizó una denuncia formal respecto de los hechos. Pero la causa se mantuvo paralizada durante 15 años pese a que en 2008 y 2016 la situación de violencia empeoró. El 24 de marzo de 2017 Palavecino la apuñaló en la casa que compartían en un intento de homicidio.
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Este último hecho dio origen a una causa distinta donde se ordenó la prisión preventiva de Palavecino y la acumulación de los cargos de la anterior. En consecuencia, el hombre fue condenado a 20 años de prisión por tentativa de homicidio agravado y violencia de género en diciembre de 2017.
Al año siguiente desde la Defensoría General de la Nación, a cargo de Stella Maris Martínez, se denunció al Estado por no actuar “de conformidad con la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género contra la mujer”.
En el acuerdo que aprobó Alberto Fernández por decreto el año pasado, se establecieron medidas para reparar a Díaz, así como también disposiciones tendientes a evitar la repetición de los hechos, dado que este caso constituye un ejemplo de una muy deficiente respuesta judicial frente a la violencia de género.