RAWSON (ADNSUR) - Este jueves al mediodía se llevó a cabo una conferencia de prensa desde la Jefatura de la Policía de Chubut en Rawson, donde se brindaron detalles de la investigación que terminó con varios allanamientos en Comodoro Rivadavia y Rawson.  Durante los operativos una mujer fue detenida, se allanaron las oficinas del IPV en busca de elementos sobre la estafa en la entrega de viviendas. Se conoció que se cobrarán hasta $300 mil para agilizar la adjudicación de las viviendas. 

Andrés García, jefe de la Brigada de Investigaciones de Comodoro, explicó que se trataba de una venta de adjudicaciones de un plan de 324 viviendas que se están construyendo, próxima a entregarse en la zona de Kilómetro 14 de nuestra ciudad.  “Empezamos la investigación a través de una denuncia de una persona con identidad reservada, donde indicaba que una mujer ofrecía la adjudicación, una vez comprada la persona no tenía que hacer más tramites y le entregarían la vivienda en la primera tanda prevista para enero del 2021”, detalló. 

Asimismo, indicó que en el marco de la investigación se concretaron intervenciones telefónicas, y se pudo establecer que les hacía saber a los futuros compradores, que, si bien era un 99% legal, contaba con una parte ilegal, la parte del pago, “esta suma de dinero que empezó con 150 mil pesos y las ultimas por 300 mil pesos”, dijo el comisario. 

García confirmó que en los allanamientos realizados esta mañana se secuestraron varias carpetas de ventas iniciadas, y 4 millones de pesos. Además, la mujer involucrada en la estafa, quedó detenida a la espera de la audiencia de control. 

DOS EMPLEADOS DEL IPV INVOLUCRADOS 

El Fiscal Héctor Iturrioz también detalló que la mujer detenida -identificada como Griselda Jonás- trabajaba con un grupo de gestores a los que les daba una comisión. Y afirmó que “había al menos dos personas vinculadas al IPV”, y uno de los funcionarios “estaría atravesando un proceso sumarial, estaría suspendido, podría tener alguna otra causa judicial”. 

Y aclaró que son entre 100 y 200 carpetas las que ya se habían vendido. “Nos aportaron fotografías, videos e intercambio de mensajes, la mujer ingresaba a los barrios y muchos pensaban que era del IPV, ella aclaraba que trabajaba para alguien del IPV”, dijo, mientras indicó que exigía el pago en mano y no por transferencia, aceptaba dólares. 

Por último, el ministro de Seguridad Federico Massoni, manifestó que “no hay nada más repugnante que un delito que se sujeta a la necesidad de la gente; ésta no es la primera vez que pasa en el IPV. Se tiene que terminar cualquier hecho de corrupción, pero hay una conciencia colectiva de querer hacerse millonario a través del estado”, puntualizó. 

Y anunció que la provincia se va a presentar como querellante en la causa: “estamos convencidos que hay gente que cree que está en algunos lugares para beneficiarse”, destacó.