A cinco meses de que se desatara el escándalo por la vacunación VIP, la Justicia resolvió este jueves que 65 de los 70 inoculados no cometieron ningún delito, y los restantes fueron citados a testimonial además de profundizar la investigación sobre el ex ministro de Salud Ginés González García.

La decisión fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien firmó una resolución donde se ordena, replicó Infobae, archivar la investigación penal sobre la mayor parte de los integrantes de la polémica lista.

En base a la magistrada en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”.

“Interpretar algunos tipos penales de la parte especial del Código Penal –de vaga e imprecisa redacción- para que forzosamente encuadren en las conductas denuncias se apoya exclusivamente en una interpretación extensiva de los tipos penales y pasa groseramente por alto el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal, como así también el hecho claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario por la Resolucion 2883/20 que expresamente establecía la posibilidad de avanzar simultáneamente entre las diferentes etapas tal como lo recomendaban los especialistas”, agrega.

Las cinco personas llamadas a testimonial son parte del listado entregado por el Hospital Posadas, y tienen la característica común de no cumplir con las condiciones expresadas en la resolución: no eran ni personal de salud ni personas mayores de 60 años ni personas consideradas estratégicas ni personas entre 18 y 59 años con enfermedades expresamente definidas.

De esta manera, los citados son Juliana y Maria Eva Duhalde (de 48 y 45 años), el periodista Gabriel Michi (de 52), Néstor Mandraccio (59) e Irene Lopez (43).

“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los limites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios consitucionales que operan en materia penal”, agrega la jueza en un intento por marcar diferencias entre los cuestionamientos éticos y los penales.

Cabe destacar que Gines Gonzalez Garcia; el ex jefe de gabinete del Ministerio Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé y el secretario de la cartera, Alejandro Collia continúan imputados en la causa, y el fiscal Eduardo Taiano o el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, podrán apelar a la decisión de Capuchetti para que sea la Cámara Federal la que evalúe los términos de la resolución.