TUCUMÁN - “Me da mucho miedo encontrar a mi hija muerta”, dice Eliana Barrionuevo. Acaba de volver de declarar en la fiscalía y cuenta que la custodia policial que llegó este jueves al mediodía se retiró a las dos horas, "justo cuando se fueron los canales de televisión". Este martes, tras veinte días de intentar que le tomaran la denuncia, mandó a "Sofía", su hija de 12 años, a la casa de un familiar: el vecino de la casa de al lado, de 71 años, la acosa desde que fue beneficiado con prisión domiciliaria en el marco de la pandemia por coronavirus. 

El hombre, Gregorio Evaristo Leiva, fue condenado en 2017 por abuso sexual agravado por violar a su propia hija, a quien dejó embarazada cuando tenía 14 años y luego la obligó a parir. Cuando la joven lo denunció penalmente, el hombre permaneció un mes prófugo antes de que lo capturaran en Santiago del Estero. La propia familia Barrionuevo lo había denunciado hace más de cinco años por robo. 

El acoso a "Sofía" -no es su nombre real- empezó el 27 junio, relata Barrionuevo, aunque recién pudo radicar la primera denuncia el 11 de agosto, tras que la Comisaría de la ciudad de Alderetes se negara hacerlo en la primera oportunidad y comenzara un rally por otras dependencias, que incluyeron hasta al Patronato de Liberados. "Me mandaban de acá para allá", explica a Clarin. 

Leiva "se obsesionó" con Sofía, cuenta su mamá: la llamaba a los gritos y la espiaba cada vez que salía al patio, la nena estaba encerrada en su propia casa y no podía dormir si no era en la misma habitación con ella. "Él esperaba siempre a que yo me fuera a trabajar, que yo salgo todo el día, para empezar a acosarla, algunas cosas que le decía son innombrables", cuenta Barrionuevo.

Los días pasaron sin que se tomara ninguna medida de protección y en la comisaría le explicaban que la causa la tenía la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que ellos tenían que actuar. Cuando concurrió al lugar, se encontró con que la dependencia estaba cerrada al público por la pandemia y solo funcionaba de manera remota. Redactó todo lo que había pasado y juntó firmas de vecinos, pero al intentar cargar el texto, no pudo hacerlo porque no tenía representación legal. 

"El martes, la volvió a acosar y me agoté. La mandé fuera de la casa y llame a los medios, solo ahí recibí respuesta y me llamaron a declarar", cuenta la mujer a Clarín. El Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia Contra la Mujer que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se puso a disposición de la familia y la Fiscalía le tomó declaración este jueves y solicitó al Juez de Instrucción de Feria medidas de protección y a la Policía, que dispusiera custodia en el domicilio. 

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"Lo que hizo la Justicia provincial es una burla. Él no puede volver así nomás a un barrio con tantos niños", alerta Barrionuevo y aclara que el reclamo es que Leiva "vuelva al penal". "Su casa está acá, a unos metros apenas de la mía, sin división ni tapia de por medio. Y yo durante el día no me puedo quedar, a mí me pagan por día y soy el único sostén de hogar", cuenta a Clarín.

"Mi hijo de seis años se orina en la cama y me dice que tiene pesadillas con 'el viejo', mi otra hija, de 17, vive angustiada y llorando, le da miedo ir a hacer una compra por lo que le pueda pasar al hermano, y mi nena de doce no puede volver a su casa del miedo y me pide todas las noches que no duerma sola por el temor a lo que me pueda pasar a mí por denunciarlo", expresa la mujer. 

"Tengo miedo, vengo a las diez y media de la noche de trabajar y camino cinco cuadras desde la parada hasta mi casa pensando si la voy a encontrar viva. Él está obsesionado sólo con ella, no le dice nada a la hermana mayor ni al nene de seis años: la acosa a ella", contó la madre a TN más temprano.

"Por qué mis hijos tienen que estar encerrados si el que cometió un delito es él. No tiene nada que perder. Si viola, preso está. Si mata, también", concluyó su duro testimonio. Además, denunció que al hombre lo soltaron por ser paciente de riesgo de contagio de Covid-19, pero que "tiene gente en su casa todos los días, incluso haciendo fiestas".

Para Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres, "los beneficios extracarcelarios están regulados, pero el problema está cuando el estado se desentiende después de otorgar esos beneficios, cuando no se activan los mecanismos para supervisar esas medidas".

"Es lo mismo que pasa con las restricciones por violencia, que muchas veces se otorgan y luego no se supervisan", ejemplificó la abogada feminista y apuntó que "hay todo un sistema de protección integral de las víctimas de abuso sexual o de violencia, que tiene que articularse ante este tipo de casos".

El director del Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer de Tucumán, Eduardo Ruffino, opinó que "debe haber un análisis particular del caso" antes de brindar un beneficio como la prisión domiciliaria "y más aun cuando hablamos de antecedentes de abuso y violencia de género".

En este caso, "se juzgó erróneamente la situación, teniendo en cuenta que ya tenia denuncias de la familia previamente a ser juzgado y condenado por el abuso de su propia hija", puntualizó.

"Debe haber un cambio de la justicia. La Justicia tucumana viene generando un cambio radical en el último tiempo a partir de la adhesión a la Ley Micaela -Tucumán fue la última provincia en incorporar la ley-, pero si esto se hubiera hecho con un abordaje distinto claramente no estaríamos ante esta situación", señaló Ruffino.