Acompañada por el sindicato Judicial de Puerto Madryn, Gisela Clavio presentó una demanda contencioso administrativa para ser reincorporada en su puesto de trabajo y además denunció situaciones de violencia de género en el juzgado en el que se desempeñaba.

“No soy vaga y pasé de ser empleada ejemplar a ñoqui”, planteó la empleada en litigio. Analía Barreto, titular del SITRAJUCH de Puerto Madryn, explicó este jueves que la presentación realizada ante la corte provincial apunta a la reincorporación en su puesto de trabajo.

“Sobre Gisela se construyó una denuncia arbitraria y su imagen de ñoqui se fue elaborando a través de un proceso de sumario inconstitucional, la dejaron desempleada en plena pandemia –detalló-, pese al decreto de prohibición de despidos y en un marco de violencia laboral que se venía dando en ese juzgado, no sólo con Gisela sino con todo el grupo de compañeras. En esta demanda se está planteando todo esto, porque le construyen el sumario en el marco de medidas de fuerza a la que estaba adherida, al igual que todos los compañeros, por falta de pago de salarios y además se sumó lo que nos encerró a todos, que era el COVID. Nadie estaba trabajando, en la misma situación de ella estábamos todos, por eso decimos que fue un sumario arbitrario”.

Según expuso el sindicato judicial de Puerto Madryn, la mujer fue cesanteada pese a tener a su cargo una niña de dos años, al tiempo que “sufrió violencia de género en el ámbito laboral, violencia institucional, simbólica y mediática, por parte del Poder Judicial que la difamó públicamente con una sentencia que viralizó en la prensa local y que la estigmatizó como ‘ñoqui’, también a modo de escarnio y disciplinamiento para toda la clase trabajadora. Se violó su derecho a huelga, en un intento de limitar tal derecho como herramienta de lucha y manifestación del descontento social de cada trabajador y trabajadora de la provincia”.