COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una abogada matriculada que cumple funciones en Comodoro Rivadavia está acusada por el delito de falsificación de instrumento público y estafa procesal y podría recibir una pena máxima de tres años y seis meses por concurso ideal de delitos.

Foto: Ilustrativa

El caso data del año 2014 y tendrá el próximo 11 de agosto a las 8:40 horas, su instancia de juicio oral y público. Tras disolverse una relación de pareja, la profesional intentó cobrar primero un millón de pesos y en segunda instancia tres millones y medio empleando sendos pagarés cuyas firmas habrían sido falsificadas tal como se corroboraría luego a través de un informe caligráfico.

El día 20 de marzo del año 2014 la abogada que registra matrícula en el Colegio Público reclamó el pago de la suma de un millón de pesos fundada en la supuesta acreencia que surgía de un pagaré. El procedimiento determina que el mismo debe responderse en un plazo legal de cinco días u oponer excepciones, por lo que se libró el correspondiente mandamiento de intimación y embargo. Pese a interponerse una excepción por falsedad de título negándose la legitimidad de la firma, el mismo se desestimó llevándose adelante la ejecución el 20 de marzo del 2014.

DEMANDA

Se promovió entonces una demanda ejecutiva argumentando la falsedad del documento y planteando que la conducta de la profesional del Derecho “llevó primero al juez Eduardo Rolinho y luego a la jueza subrogante Diana de Kazakevich a errar en cuanto a la legitimidad del reclamo al liberarse mandamiento de intimación de pago y embargo el primero y dictando sentencia mandando llevar adelante la ejecución la segunda”. Se adujo que la deuda se había generado por su labor profesional como abogada tras haber actuado al menos en unos nueve expedientes judiciales.

CONVIVENCIA

La abogada y también docente de la UNPSJB mantuvo un vínculo más allá de lo profesional ya que convivió durante siete años con quien luego intentó perjudicar. Y a partir de éste cambio en la pareja, el trato por parte de la mujer se tornó agresivo e incluso, se constataron durante el proceso, amenazas y mensajes intimidatorios a través de la vía telefónica hacia la actual pareja del acusado.

Un estudio caligráfico determinó que la firma impresa en el pagaré de fecha 13 de junio del 2.013 no fue suscripta de puño y letra, quedando acreditado el uso de un instrumento extrínsicamente falso como elemento objetivo del tipo penal. Se cuestiona no solamente la condición de profesional del Derecho sino las intenciones de inducir al error a los jueces al iniciar una acción ejecutiva mediante un documento falso, “apto para causar engaño, teniendo en miras, el dictado de una sentencia de condena y así beneficiarse con la disposición patrimonial con pleno conocimiento de la ilegitimidad del accionar desplegado”.

Según informa Diario Jornada, del mismo modo se estableció que al supuesto momento de firmarse el pagaré, el acusado se encontraba de vacaciones en el continente europeo sobre lo que ofrecieron pruebas y documentación.

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