COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los fiscales Verónica Dagotto y Juan Carlos Caperochipi formalizaron una acusación contra el juez Gustavo Toquier, a quien imputan irregularidades cometidas durante el concurso preventivo de Oil Combustibles, con la presunta intención de favorecer al empresario Cristóbal López. El mismo magistrado ya había sido sancionado por el Superior Tribunal de Justicia, con 30 días de suspensión, luego de un sumario del Consejo de la Magistratura, en base a denuncias formuladas por la AFIP y la Inspección General de Justicia.

La audiencia preliminar, tras la cual podría elevarse el caso a juicio oral y público contra el juez, se realizará el próximo 27 de junio, según pudo saberse en ámbitos judiciales.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 8 de abril y el 23 de agosto de 2015, según se lee en la acusación formulada por los fiscales a la que tuvo acceso ADNSUR, cuando el juez titular del Juzgado de Ejecución 1 de esta ciudad se avocó al concurso preventivo de Oil Combustibles, pese a que ésta mantenía su domicilio legal en Capital Federal.

Según afirman los fiscales, el juez “fundó su competencia territorial en un domicilio ficticio pese a que surgían de las circunstancias reales (…) no se correspondía con la actividad económico comercial de la sociedad, ni de la de sus acreedores, ni con la numerosa cantidad de juicios existentes en la ciudad de Buenos Aires”.

En la acusación preparada por los fiscales, apuntan que el juez estaba en conocimiento de que “la concursada (Oil Combustibles) había falseado” su domicilio legal “para propiciar una competencia inexistente”, por lo que debió declararse incompetente. Vale recordar que fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que intervino y determinó que el concurso debía tramitarse en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, donde corresponde la radicación legal de la compañía.

La maniobra del cambio de domicilio contravino además una resolución de otro juez federal, que había dictado medidas cautelares para impedir que la firma Oil Combustibles fuera escindida del grupo Indalo, en el marco de la denuncia que había iniciado la AFIP, por evasión de 8.000 millones de pesos por parte de la mencionada compañía, a partir de la retención indebida del Impuesto de Transferencia a los Combustibles. 

“Esta maniobra –sostienen los fiscales en su acusación- le permitió al magistrado conocer de manera fehaciente la ficción incoada por la actora en detrimento del patrimonio del Estado Nacional e inhibirse de ofició; sin embargo, decidió a sabiendas mantener el proceso concursal bajo su órbita”, bajo el argumento de que la firma había iniciado dicho trámite el 21 de marzo de 2016, pero no se hallaba concluido.

Para los fiscales, el juez incurrió en los delitos de “Prevaricato y Retrado de Justicia”. En concreto, la conducta del juez pudo haber favorecido la disolución del grupo Indalo, lo que ponía en riesgo el recupero del monto reclamado por la AFIP, que hoy ronda los 20.000 millones de pesos, considerando los intereses acumulados.

La pena a la que apuntan los fiscales es la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer el cargo de juez por parte del magistrado, además de una multa de 75.000 pesos. El magistrado ya había sido sancionado por el Superior Tribunal de Justicia, cuando lo sancionó con 30 días de suspensión, en base a los mismos hechos que fueron objeto de un sumario del Consejo de la Magistratura de Chubut.