COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este viernes se llevó a cabo una audiencia en el marco de una medida de coerción que pesaba sobre el imputado Félix Ricardo Álvarez, detenido en la plaza Scalabrini Ortíz este jueves y quien tenía pedido de captura vigente. El juez resolvió la suspensión de juicio a prueba por un año para él, más trabajo comunitario como reparación y dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control.
En un primer momento la funcionaria de fiscalía solicitó que se declare legal la detención de Álvarez ya que el pasado 24 de mayo del presente año la jueza Mariel Suárez le dictara su rebeldía y captura, ya que no contaba con domicilio fijo y no había sido posible lograr su comparecencia.
El pasado jueves personal policial procedió a identificar a personas que se encontraban en la plaza Scalabrini Ortíz e identifican al imputado, corroborando que tenía vigente un pedido de captura. Por lo expuesto la funcionaria de Fiscalía solicitó que se declare legal su detención y se deje sin efecto la rebeldía y captura de Álvarez, proponiendo una solución alternativa por las tres causas en las que se lo imputa ya que no registra antecedentes penales computables.
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La defensora se refirió a que se podría ofrecer una reparación económica por los tres legajos ya que son delitos leves, pero su defendido no tiene trabajo y no lo va a poder pagar, solicitando una suspensión de juicio a prueba con una reparación consistente en trabajo comunitario, limpiar la pared de la Oficina Judicial de afiches; y presentaciones dos veces ante el Cuerpo de Delegados de Control. Recordando que su pupilo es una persona en situación de calle y que el Estado tiene que intervenir.
Finalmente, el juez penal resolvió declarar legal la detención de Álvarez ya que la misma había sido dispuesta por una jueza penal competente el 10 de mayo pasado. Asimismo, dispuso dejar sin efecto la rebeldía y captura y dar tratamiento a las tres causas que pesan en su contra, dos por daño y una por robo, dictando para concluir la suspensión de juicio a prueba por un año, con una reparación sustituida por trabajo comunitario, comparecer a los tribunales del barrio Roca para extraer carteles de sus paredes y también presentarse dos veces ante el Cuerpo de Delegados de Control.
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Presidió el acto Miguel Caviglia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Andrea Rubio, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Viviana Barillari, defensora pública.
