Un defensor público de Chubut irá a juicio por desempeño "insatisfactorio": acoso a una empleada

El Consejo de la Magistratura de Chubut, en su última sesión realizada en Comodoro Rivadavia, resolvió, por mayoría, enviar a juicio político al defensor público de Trelew, Carlos Flores Pericich, tras considerar que su desempeño durante el período abril 2020 – abril 2023 fue "insatisfactorio". La decisión se basó en el informe elaborado por la comisión evaluadora, que detectó serias deficiencias en el cumplimiento de sus funciones.

A lo que se suma, además, un hecho aún más grave, ya que al funcionario se le abrió un sumario en 2023 por acoso laboral tras la denuncia de una empleada de la Defensoría. La sanción fue de 5 días de suspensión sin goce de haberes y fue separado de su lugar de trabajo, trasladado a otra oficina.

Con esta resolución, el defensor deberá enfrentar un jury de enjuiciamiento que podría derivar en su destitución. Desde el Consejo de la Magistratura señalaron que se trata de una medida excepcional, pero necesaria, ante la gravedad de los hechos relevados.

El defensor jefe de Trelew, Rafael Frontini, a cargo de la realización del informe, indicó que tras el sumario, el accionar del defensor hacia sus compañeros fue “ponderado en forma despreciativa, aduciendo una conspiración de toda la oficina en su contra”.

En este marco, mostró preocupación acerca de si el funcionario “tiene la capacidad de gestionar las situaciones de conflictos que pudieran generarse para interactuar con sus pares y subordinados en sus labores cotidianas trabajando en equipo”.

Ante un posible regreso de Pericich a la sede de Tribunales, el defensor público dijo sentirse “desmotivado con su trabajo, y decepcionado y defraudado con la Defensoría General en cuanto a la pasividad y falta de empatía respecto de su situación”.

Sin embargo, se consideró aislado en su oficina actual, en condiciones edilicias que no lo satisfacen. Aunque trabaja tranquilo, “no recibe la ayuda necesaria del personal administrativo de la Oficina de la Defensa Penal”, ya que solo articula labor con sus dos compañeros directos, pero no con los demás funcionarios.

“No se observaron indicios de autocrítica o reconocimiento de los hechos ocurridos que conllevaron a una sanción, percibiendo Pericich que se cometió una injusticia con su persona y en ello radica su descontento”.

Ante este panorama, se descarta que vuelva a la oficina ubicada en 9 de Julio, ya que al momento del sumario ya tenía dificultades de relación con la mayoría de sus pares y con algunos funcionarios y empleados de menor jerarquía. “Su forma de vincularse era complaciente con superiores jerárquicos, pero no mantenía la misma actitud con colegas y subordinados”, sostiene el informe.

Además, se planteó en el informe que actualmente “no es fuente de consulta ni posee un conocimiento profundo de los procesos y necesidades del equipo. Tampoco es un referente para empleados y funcionarios. Esto genera un impacto negativo en el servicio”.

La Comisión Evaluadora estableció que al acosar a una empleada de su equipo con comentarios desubicados e indebidos, maltrato y gritos, cometió violencia de género, violando la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

A su vez, tampoco acató la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este incumplimiento es causal de mal desempeño. Tampoco cumplió con la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública ni su Reglamento Interno General.

Por lo que se estableció que su desempeño “fue deficitario, ya que no demostró capacidad para reflexionar sobre su participación en un episodio crítico que lo tuvo como protagonista y no asumió responsabilidad. Carece de las competencias necesarias para ejercer su rol de manera efectiva, particularmente en cuanto a liderazgo, trabajo en equipo y conducción de equipos, lo que no se ajusta a las expectativas y políticas institucionales de la Defensoría General”.