COMODORO RIVADAVIA - Martín Vargas -alias Casate- y Pablo Gauna fueron detenidos el sábado por cometer dos robos a mano armada durante la semana, uno de ellos en un comercio del Barrio Roca y el otro en una vivienda del Barrio Juan XXIII, en ambos casos había personas dentro de las propiedades violentadas. Este lunes fueron imputados y recibieron 3 meses de prisión preventiva.
"Casate" Vargas gozaba de libertad condicional desde el 27 de julio de 2020 por la condena que cumple por el homicidio de Ana Molina, la mujer a la que le disparó en el abdomen cuando circulaba junto a su pareja en un auto en enero de 2012. Por el crimen, cuya culpabilidad admitió en el juicio abreviado que se celebró en 2017, lo condenaron a 8 años de prisión. En 2023 concluye esa pena.
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En tanto Gauna condenado el año pasado y estaba alojado en un centro de rehabilitación de la ciudad, de donde se fugó. Por ello, el sujeto tenía un pedido de captura, dictado por la jueza Daniela Arcuri.
La apertura de investigación contra Martín Nicolás Vargas y Pablo Luciano Gauna se celebró a partir de las 11 horas de este lunes en la Oficina Judicial de Comodoro. Ambos fueron investigados y detenidos por el personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia.
La funcionaria fiscal Laura Martini expuso los dos robos cometidos por los acusados entre el martes 23 y el jueves 25 de marzo. En el primer asalto, Vargas y Gauna amenazaron al empleado y un cliente del local “Barbería Baires”, ubicado sobre la calle Teniente Levalle 300. El trabajador del comercio recibió un culatazo en la cabeza, y quedó encerrado dentro del local comercial junto con un cliente, luego de que los delincuentes huyeran con dinero, máquinas de cortar el pelo, celulares con cargadores y la mochila del cliente.
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Dos días después, en la noche del jueves 25, ambos malvivientes ingresaron en una casa de la calle Galina al 1000 donde obligaron a los integrantes de la familia a arrojarse al piso, alzándose con teléfonos celulares, una Play Station 3, un televisor Smart de 55 pulgadas, entre otros elementos.
La fiscal los imputó por el delito de robo agravado, cuya actitud de disparo no puede tenerse por acreditada, dos hechos. Argumentó las filmaciones obtenidas para identificar a Vargas y Gauna, testimonios y los elementos secuestrados durante los allanamientos como las prendas de vestir utilizados y el auto en el que se movilizaban.
Martini citó los evidentes incumplimientos judiciales, la gravedad de los delitos, los peligros procesales de fuga y entorpecimiento; y requirió 3 meses de prisión preventiva para los acusados. Además, solicitó el plazo de 6 meses para concluir la investigación, dado que restan conocer las pericias de las pruebas recolectadas.
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Los defensores María de los Ángeles Garro de Vargas (asistió a Vargas) y Romero (representó a Gauna), cuestionaron la prisión preventiva, y pidieron el arresto domiciliario de sus clientes.
El juez Alejandro Soñis formalizó la investigación en los términos planteados por la representante fiscal, y decretó 3 meses de prisión preventiva para los imputados.