Tras el hábeas corpus, la justicia exigió mejoras para Jones Huala en la cárcel federal de Rawson
El referente de la RAM permanece en aislamiento y bajo prisión preventiva, mientras el juzgado ordena el acceso a elementos básicos y la comunicación con familiares, en respuesta a los reclamos de sus abogados por trato inhumano y violaciones procesales.
Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), volvió a ser protagonista de la escena judicial argentina tras ser detenido el pasado domingo por la noche en la localidad de El Bolsón, Río Negro.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina y se realizó cuando el referente mapuche descendía de un micro proveniente de Bariloche, en cumplimiento de una orden emitida por la Justicia Federal de San Carlos de Bariloche.
ACUSACIONES, DETENCIÓN Y TRASLADO A CHUBUT
La detención de Jones Huala fue impulsada por una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, luego de que el activista reivindicara públicamente actos de sabotaje e incendios durante la presentación de su libro “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, escrito durante su detención en Chile.
En ese contexto, Jones Huala defendió los sabotajes y atentados incendiarios “contra la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes”, aunque negó haber atacado el medio ambiente o a la población civil.
Los delitos por los que se lo acusa incluyen:
- Intimidación pública
- Incitación a la violencia colectiva
- Apología del crimen
- Asociación criminal
La ministra Bullrich calificó a la RAM como “una organización violenta y terrorista”, y aseguró que “con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y esta vez no lo van a soltar”.
Tras su detención, Jones Huala fue trasladado a la cárcel federal de Rawson, donde quedó alojado bajo prisión preventiva por 90 días, mientras la investigación judicial tendrá un plazo de 180 días. La decisión fue adoptada por el juez federal subrogante de Bariloche, Ezequiel Andreani, tras la audiencia de formulación de cargos, realizada de forma virtual.
RECLAMOS POR CONDICIONES DE DETENCIÓN
Los abogados defensores de Jones Huala, Gustavo Franquet y Eduardo Soares, integrantes de la Gremial de Abogados, presentaron un hábeas corpus denunciando condiciones extremas de detención, aislamiento e incomunicación en el Penal 6 de Rawson.
En respuesta, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, ordenó a la dirección de la unidad penitenciaria mejorar las condiciones del detenido, garantizándole acceso a ropa de abrigo, elementos de higiene, papel, lápiz, mate y comunicación fluida con familiares y defensa.
También exigió que se evalúe el acceso a vestimenta cultural y hierbas medicinales para garantizar el ejercicio de la cultura y religión mapuche.
Durante una audiencia preliminar realizada por Zoom, Jones Huala pudo relatar personalmente su situación en el penal. Ante la predisposición del juzgado, los abogados desistieron momentáneamente de la acción penal a la espera de una resolución judicial sobre las condiciones de detención.
En paralelo, la defensa apeló la prisión preventiva ante la Cámara Federal de Roca, recusó al juez subrogante Andreani y solicitó la nulidad del proceso de detención por presuntas irregularidades. Estas acciones legales se desarrollan mientras se implementan las medidas ordenadas por el juez Lleral para mejorar la situación del dirigente mapuche en el penal.
Vale remarcar que Facundo Jones Huala, de 38 años, fue expulsado de Chile en agosto de 2024 tras cumplir una condena por un incendio provocado en 2013. El mismo fue vinculado desde hace más de una década a ataques de la RAM contra edificios y vehículos, aunque él mismo ha criticado ciertas tácticas de ocupación de tierras. Su figura genera fuerte controversia y polarización, tanto por su activismo mapuche como por las acusaciones de violencia y terrorismo que pesan sobre la organización que lidera.
La situación judicial de Jones Huala se encuentra en un momento clave: la defensa busca revertir la prisión preventiva y denuncia irregularidades en el proceso, mientras el gobierno nacional sostiene una postura de máxima firmeza frente a la RAM. El caso reaviva el debate sobre la conflictividad en la Patagonia, la criminalización de la protesta indígena y el equilibrio entre seguridad, derechos humanos y demandas territoriales históricas.
Por Raúl Figueroa
Por Rodrigo Gómez