La tragedia ocurrió el 19 de septiembre de 2002, pero la onda expansiva de semejante hecho sigue repercutiendo en la sociedad. Ocho alumnos y una docente murieron al caer al río Chubut durante un viaje escolar. Más de cinco decenas de personas cruzaban una pasarela que no estaba habilitada para soportar ese peso.

“Durante los 30 días que me tomé para redactar la sentencia, estuve descompuesta 25. Leer simplemente las constancias del expediente y lo que había sucedido era muy, pero muy movilizante”, contó Testino. Y agregó: “Sin lugar a dudas, es una de las causas más sensibles que me ha tocado decidir”.

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“No hay parámetro para cuantificar este daño. Uno pone una cifra, porque la ley lo exige, pero en el fondo sabe que es apenas un gesto frente a lo irreparable”, reflexiona. Y en su voz se percibe resiliencia, no una solemnidad que intenta ser objetiva.

El expediente que nadie quería abrir

La causa dormía desde hacía años. Varios, demasiados. Acumulación de expedientes, jurisdicciones cruzadas, plazos vencidos, pericias huérfanas, acuerdos extrajudiciales que deshilachaban el núcleo del conflicto. Cuando cayó en manos de Testino, el caso parecía más un rompecabezas roto que una causa civil en condiciones de ser resuelta.

No se trataba solo de un número. Cada hoja del expediente era un niño, una madre, una historia. Muchos de los sobrevivientes a��n están en tratamiento psicológico.

¿Por qué se demoró tanto la causa?

La tragedia ocurrió en 2002. La justicia penal actuó primero. En 2006, seis docentes y un funcionario municipal fueron condenados por homicidio culposo. Pero la causa civil —la que debía reparar el daño desde el Estado— quedó empantanada en trámites, competencia y peritajes.

Esta causa, iniciada en la Corte Suprema poco después del hecho, tardó casi 23 años en resolverse. “En 2007, la Corte se declaró incompetente y la remitió a Chubut, llegando al juzgado a mi cargo en 2022, aunque el expediente ingresó en 2007”, recordó Testino.

Según detalló la jueza, el retraso se debió a múltiples factores: la necesidad de recopilar extensas pruebas en Buenos Aires, la obtención de documentación y sentencias penales, problemas económicos que afectaron el pago de sueldos a jueces y empleados judiciales, paros, recusaciones, la falta de respuesta de algunos involucrados y la complejidad de los procedimientos escritos que acumulaban volúmenes de expedientes.

“Hoy, con procedimientos orales más ágiles y el rol activo del juez en audiencias para acelerar la búsqueda de la verdad, este tipo de causas se resolvería mucho más rápido, a pesar de su complejidad”, desataca la magistrada.

Chubut y Buenos Aires deberán indemnizar a las familias por la tragedia del Dique Florentino Ameghino
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Foto: Diario Jornada

“Pero en ese entonces – prosigue - la lentitud fue responsabilidad compartida entre distintas partes, de todos modos, esto refleja un sistema judicial que ha ido evolucionando hacia mayor eficiencia y compromiso para dar respuestas”.

¿De dónde salen los fondos para pagar los 4.000 millones de pesos?

La sentencia fija montos individuales en base al daño moral, psicológico y material sufrido. Esos fondos deberán ser abonados por las partes implicadas: la Dirección General de Escuelas de Buenos Aires y la provincia de Chubut.

“La condena es en igual parte a la Provincia de Chubut y a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de la Dirección General de Escuelas, como tenía seguro, se hace extensiva la condena a la aseguradora hasta el límite actualizado de la póliza, es decir que la aseguradora paga en parte lo que a ella le corresponde”, explicó la jueza.

¿Cómo sigue el caso?

Si bien la sentencia fue remitida, el tema aún no se termina. “Estamos terminando un informe que debemos hacer antes de elevar los expedientes a la Cámara. En esta semana o a más tardar la próxima elevamos todo y allí se tramitan las apelaciones”, explica Testino.

En este sentido, la Cámara pondrá el expediente a disposición de las partes para que expresen agravios y luego dictará una sentencia.

Una tragedia que sentó precedentes en Chubut

La tragedia que marcó a Chubut no solo dejó secuelas emocionales, sino también un cambio estructural en la forma en que se organizan los viajes escolares en la provincia. Así lo expresó la jueza Amorina Testino, a cargo del reciente fallo civil por el caso: “Desde mi experiencia como docente y madre, puedo decir que esta tragedia marcó un antes y un después”.

Según detalló, a partir de ese suceso se comenzaron a exigir mayores recaudos: autorizaciones formales, contratación obligatoria de seguros —“que en este caso los chicos tenían”—, verificación del estado y habilitación de los colectivos, relevamiento de los lugares a visitar y evaluación previa de riesgos.

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“Todo debe estar documentado, presentado con antelación y aprobado por el Ministerio”, explicó Testino. Para ella, este hecho trágico promovió una cultura de mayor previsión en los viajes escolares, con el objetivo de minimizar al máximo los riesgos evitables. Aunque admite que siempre puede haber imprevistos, destaca que hoy se viaja “con mucha más conciencia y responsabilidad”. Una transformación silenciosa, empujada por el dolor.

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