Trabajaba en un juzgado y seguía ejerciendo como abogado: lo acusan de cobrar por información clasificada y amenazar a un cliente

El caso despertó un escándalo. Un abogado que era profesor de Ética en la Universidad de la Patagonia y cumplía funciones en un juzgado de Comodoro seguía atendiendo clientes particulares, lo que motivó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo despidiera de su cargo.

Casi dos años más tarde, ese polémico episodio tuvo su capítulo judicial, con la apertura de una investigación contra F. C., el letrado acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacciones agravadas.

La curiosa historia se destapó en septiembre de 2023, mediante una publicación de ADNSUR. Las evidencias analizadas por el STJ alcanzaron para determinar que el abogado faltó al decoro y a la ley de ética pública al seguir atendiendo casos de clientes particulares al mismo tiempo que trabaja como secretario del Juzgado Laboral N.º 2 de Comodoro.

Además de la resolución administrativa que dispuso su despido, el Ministerio Público Fiscal(MPF) comenzó a investigar un posible delito por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, ante las sospechas de que, como funcionario judicial, C. accedía a información clasificada de los casos, por las que cobraba una suma de dinero.

Esas acusaciones quedaron plasmadas en la imputación que se realizó durante la apertura de la investigación. Según detalló el MPF, se trata de al menos tres casos.

El primero habría ocurrido en mayo de 2023. “C., en su ejercicio funcional e incumpliendo los deberes que le correspondía observar y conocía, le solicitó a A. C. la suma de setenta y ocho mil pesos argentinos ($78.000) arguyendo que era para la realización de una pericia contable en relación al sumario tramitado bajo un expediente tramitado en el Juzgado Laboral, omitiendo excusarse de intervenir por la inhabilidad que lo comprendí, ya que previamente a su asunción había intervenido en calidad de abogado patrocinante”, señaló la acusación presentada por el fiscal Julio Puentes.

El segundo hecho investigado habría ocurrido entre el mes de marzo y junio del año 2023. “El imputado en su ejercicio funcional e incumpliendo los deberes que le correspondía observar, le solicitó a R. A. F. S. la suma correspondiente a sesenta mil pesos argentino ($60.000) arguyendo que la misma era a los efectos de practicar una pericia psicológica en el marco de otro expediente, omitiendo excusarse de intervenir por la inhabilidad que lo comprendía”, agregó el fiscal,

Sobre el tercer episodio, detalló: “En fecha 22 de junio del año 2023, en ocasión en que una oficial superior del juzgado laboral Nro. 1 se encontraba prestando funciones se hizo presente el imputado solicitándole acceso al sistema libra de dicho juzgado a través de su usuario a los efectos de realizar una consulta de unos expedientes acumulados, en clara violación a los deberes que debía observar, puesto que ya se encontraba en ejercicio de funciones y debía abstenerse de intervenir por sí o por terceros en proceso judiciales tramitados en el juzgado en el que prestaba funciones violando el deber de objetividad”.

Por último, el fiscal relató un presunto hecho de coacción que habría sido cometido el 25 de julio del año 2024 cuando, ya destituido de su cargo, el acusado habría llamado a la esposa de una de las víctimas para amenazarla: “Mira les voy a dar una semana a ustedes para que se vayan de Comodoro porque si no les voy a tirotear la casa, …. tu marido es un hijo de puta y lo voy a cagar a tiros”.

La jueza penal Lilián Bórquez resolvió formalizar la apertura de la investigación preparatoria del hecho por el hecho y la calificación planteada por la Fiscalía.