El abogado Emilio Tronfetti, que es otro de los propietarios de terrenos usurpados en zona de Lago Puelo y apeló a su profesión para iniciar una demanda para recuperar su propiedad, cuestionó el rol de la fiscalía de El Hoyo, al indicar que “no hubo predisposición para actuar en el momento en que se estaba perpetrando la ocupación ilegal”. Sobre la demanda civil iniciada, dijo que “esta gente va a tener que ser desalojada en pocos meses, porque no tienen ningún elemento que pueda probar su derecho sobre esas tierras”.

Tal como informó ADNSUR, al exponer el caso del comodorense Martín Lozowski, la fiscalía archivó la causa bajo el argumento de que “no hay delito”, tras un año de abrirse la investigación, por lo que los particulares afectados deben recurrir a una demanda civil, con el costo de ese proceso a su cuenta.

“Cuando me informaron que se estaban ocupando los terrenos llamé a la policía de inmediato y constataron que eran 6 ó 7 familias, en ese momento el delito era en flagrancia, pero no los detuvieron”, dijo el abogado ,que reside en Mar del Plata y es propietario de uno de los terrenos afectados, por lo que hoy impulsa la demanda junto a Lozowski.

“Hay un tercer vecino que pudo repeler la ocupación porque él reside en el lugar y pudo sacarlos de su lote –relató el abogado-, incluso la ley permite actuar por la fuerza, que es algo que uno no va a hacer porque ese deber es de la policía, pero no lo  hicieron. Nos dijeron que iban a elevar el acta a la fiscalía, que llegó 4 ó 5 días después y les pedí que me restituyeran la propiedad del lote. Pero la justicia penal no se ocupó realmente del asunto y dicen que si uno quiere sacar a los ocupantes lo tiene que hacer por la vía civil, que es más lenta y genera un gasto importante. El proceso demora mucho más que si la policía hubiera actuado en el momento para frenar la usurpación”.

“Ahora me informaron que se sumaron más personas y hasta le pusieron nombre al barrio”, lamentó. “Para la justicia penal no hay delito porque dicen que no hay clandestinidad ni engaño, pero el delito se configura cuando se quedan en mi terreno en contra de mi voluntad. Si tienen problemas de vivienda, no es algo que me corresponda resolver a mí como particular”, cuestionó.

“Esta gente va a ser desalojada en pocos meses”

El abogado detalló que el interdicto para el recupero de posesión de la propiedad ya se ha iniciado desde el año pasado y es un juicio rápido.

“Fatalmente para la gente que está ocupando estos terrenos y me pongo en su lugar, esto no va a tardar más de 5 ó 6 meses en resolverse y se tendrán que ir. Cuando se produzca la prueba y nosotros presentemos los títulos de propiedad de los bienes, es inevitable que se ordene el desalojo. Incluso han hecho construcciones en madera que las van a tener que retirar, han gastado dinero en algo que no van a tener un buen resultado. Para nosotros el perjuicio ha sido enorme, pero va a llegar el momento, en algunos meses más, de que lo desocupen”.

Consultado si cree que con apoyo político las ocupaciones podrían sostenerse, respondió:
“Es el temor que tengo desde el primer momento, entiendo que pueden tener apoyo de algunos  que intentan defender la posibilidad de que tengan tierra para construir su vivienda, pero es una solución que debe aportar el Estado y no los particulares”.

Posible demanda al municipio

El abogado también anticipó que está evaluando presentar una demanda contra el municipio de Lago Puelo, ya que en la ocupación de las tierras se talaron árboles de bosque nativo.

“Esto lo denunciamos en su momento y el municipio no hizo nada para evitarlo, se estaban cortando los árboles y no hubo intervención municipal ni fue nadie para cuidar el bosque nativo. Estoy evaluando qué acciones seguir cuando recupere las tierras”.

 Finalmente, también dijo que evaluará la posibilidad de pedir un juicio político a integrantes de la fiscalía, al tiempo que recordó el antecedente de la provincia de Río Negro, cuando la gobernadora advirtió que iniciará esa demanda contra la fiscalía que se negó a accionar en un primer momento en la toma de tierras de Lago Mascardi.

“Ahora estamos en esta situación porque no hubo predisposición de la fiscalía para actuar y convocar a esta gente, para ver qué legitimidad tiene. Se está tramitando el interdicto ante la negativa de la justicia penal a haber tomado las medidas inmediatas, como debió hacerse y no se hizo”.

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