Este lunes comenzó la audiencia preliminar para determinar si van a juicio los imputados en la investigación por presuntas sobre fracturaciones de trabajo a municipio de Comodoro Rivadavia durante la emergencia climática de 2017. Según informó el fiscal Héctor Iturrioz en contacto con ADNSUR, la audiencia se llevará a lo largo de varios días hasta determinar si la causa se eleva a juicio o se hace lugar al pedido de sobreseimiento planteado por los abogados defensores, mientras que la fiscalía considera que en la mayoría de los casos se cobró al municipio por el doble de los trabajos efectivamente realizados.

 El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister, relató el fiscal. 

“Son 11 los imputados hasta el momento –precisó el fiscal de la causa-, entre los que hay ex funcionarios y empresarios. El objeto de la causa es desentrañar lo que para el Ministerio Público Fiscal fue el fraguado de documentación con la cual se incrementó la cantidad de trabajos de movimiento de suelo para remediar las consecuencias del temporal”.

Según se informó desde la agencia de prensa de la Fiscalía, entre los imputados se encuentran los ex funcionarios Abel Boyero y Rubén Palomeque; y desde el sector empresario que prestó servicios en aquellos días, Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.

“Lo que detectamos en la investigación es que en la mayoría de los casos se certificó más del doble de los trabajos realizados: hay choferes que trabajaban 24 horas seguidos, empresas que tenían 10 camiones y facturaban por 20”, señaló a modo de ejemplo, el impulsor de la acusación pública.

Los hechos investigados están encuadrados, en principio, como “fraude a la Administración Pública, en concurso real con falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.

El origen de la denuncia

La denuncia había sido formulada por el ex funcionario nacional Fernando Álvarez de Celis cuando cuestionó la contratación de la consultora Forever Pipe. Según Iturrioz, “en ese planteo aportó documentación sobre la empresa de los hermanos Pérez, que tenían una disputa pública con el municipio, porque le reclamaban 30 millones de pesos y el municipio les reconocía sólo 4 millones.

Temporal en Comodoro: comenzó la audiencia preliminar para investigar a empresarios y exfuncionarios por presunto fraude

Pero después, en un listado que enviaron el (entonces intendente) Linares y (su secretario de Infraestructura) Boyero, al ministro Rogelio Frigerio, reconocían una deuda de 23 millones de pesos. Sin embargo, la Asesoría Letrada del municipio hizo una denuncia acusando a los hermanos Pérez, pero se olvidó que había funcionarios involucrados”.

Para el fiscal, “es necesario que se eleve a juicio este caso, son muchos los imputados y los hechos a determinar, por lo que nos va a llevar varios días esta audiencia preliminar, en los que presentaremos la acusación y ellos ofrecerán prueba para fundar el pedido de sobreseimiento, que tendrá que resolver la jueza del caso”.

Imputaciones

Del hecho 1 al 6 se imputa a los hermanos Pérez, Boyero, Palomeque y Sartori “el uso de nombres de personas que nunca trabajaron”. Calificando los mismos como “fraude a la Administración Pública” en calidad de “coautores” para los hermanos Pérez, un hecho tentado y 5 hechos consumados, todo en concurso real. Para Palomeque y Boyero” fraude a la Administración Pública”, en carácter de “partícipes necesarios”, un hecho tentado y 35 consumados; y “falsedad ideológica de documentos públicos”, 22 hechos en carácter de “coautores”, todo en concurso real.

De los hechos 7 al 11 se imputa a Lara, Palomeque, Boyero y Monasterolo, de Golfo San Jorge, la “subcontratación de maquinaria que es el primer indicio de corrupción” refirió el fiscal. Imputado a Monasterolo “fraude a la Administración Pública” en carácter de “autor”, 5 hechos; para Lara fraude a la Administración Pública, 3 hechos en carácter de partícipe necesario y 2 hechos en carácter de autor.

El hecho 12 se le imputa a Javier Morales de Patagonia Expeditions, junto a Boyero y Palomeque, por fraguar horas de alquiler de pick up mediante subcontrataciones. Calificando el mismo como “fraude a la Administración Pública” en carácter de “autor”, 7 hechos consumados en concurso real.

Del hecho 7 al 19 para Van Heerden “fraude a la Administración Pública” en calidad de partícipe necesario, 4 hechos, todo en concurso real; y “falsedad ideológica de documentos públicos”, 2 hechos, todo en concurso real.

Del hecho 19 al 25 imputado a Astiz, de Astoil, por inflación en cuanto a las horas trabajadas, y además ninguna de las firmas de los partes diarios eran de los choferes. Calificando el mismo como "fraude a la Administración Pública”, siete hechos en carácter de autor para Astiz. A Mansilla por partícipe necesario de Falsedad ideológica.

La imputación a Lobos Rozas, es similar a la de Morales por subcontratación y de una maquinaria que hace figurar como dos, calificando el mismo como fraude a la Administración Pública, en carácter de autor 11 hechos, en concurso real.

En tanto que para Boyero y Palomeque “fraude a la Administración Pública” en calidad de “partícipes necesarios” y “falsedad ideológica” en calidad de “coautores”, un hecho tentado y 35 consumados, todo en concurso real. Para Mansilla “fraude a la Administración Pública” en calidad de “partícipe necesario”, un hecho tentado y 29 consumados; y falsedad ideológica de instrumento público en calidad de autor, 27 hechos, todo en concurso real.

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