COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En el marco de la designación como juez penal de Comodoro de Francisco Romero, un abogado que mantiene su matrícula suspendida, el presidente del Colegio de Abogados, Nicolás Demitriou, aclaró que “en el 2013 se aplicó (a Romero) una suspensión de matrícula por el termino de seis meses” y  “el directorio ejecutó la sanción. En su momento en el 2013 el entonces directorio aplicó la sanción de suspensión y cuando transcurrieron los dos meses, el Colegio fue notificado de un recurso de amparo y la resolución establecía una medida cautelar donde se había impedido de continuar con la suspensión, es decir que al segundo mes quedó sin efecto la suspensión de la matrícula”.

Agregó que “los cuatro meses pendientes quedan a resulta de cuando la causa judicial se termine. El doctor Romero ejerció todas las vías, no sólo llegó al Superior Tribunal de la provincia sino también la Corte Suprema de la Nación. Frente a la negatoria existe la posibilidad anteponer un recurso de queja por extraordinario denegado. Lo plantearon y fue rechazado recientemente”.

Por tal motivo, “queda reanudar los plazos suspendidos, por lo que teníamos que ordenar la suspensión por los cuatro meses restantes”, indicó, de modo que “estamos reanudando los plazos de suspensión. En el ínterin el doctor se postuló al cargo de juez Penal y dentro de los requisitos para postularse hay un reglamento  donde está que el postulante tiene que acompañar un certificado emitido por el Colegio de Abogados donde esté matriculado y donde surjan los antecedentes disciplinarios o no”.

Por ello, Demitriou aseguró que Romero “pidió el certificado; nosotros informamos con los antecedentes de sanciones y calculo que él ha presentado el certificado ante el Concejo de la Magistratura. Ellos son los que tienen que evaluar los antecedentes y si tienen una gravedad tal que implique que no pueda acceder al cargo”. Y sostuvo que “en todo caso hay que indagar en el Concejo de la Magistratura”.

A su vez, el Presidente del Colegio Médico aseguró que “la resolución que establecimos es que a partir de los 30 días de notificado comienzan a ser operativos los cuatro meses restantes”. Decisión que se tomó “en resguardo de las personas que están siendo respaldadas por el doctor. Él ya está notificado y el plazo comenzaría a regir a partir del 27 de agosto”.