Suspenden un fallo que permitía eludir el juicio por la muerte de dos motociclistas a cambio del pago de $400.000 mensuales
El Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó una resolución de la jueza de garantías Karina Breckle que beneficiaba al conductor imputado. La decisión había sido criticada por la Fiscalía y por los familiares de las víctimas.
El Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó una resolución de la jueza de garantías Karina Breckle, quien había aplicado la figura de la suspensión de juicio a prueba en el proceso penal contra un conductor acusado de atropellar y matar a dos motociclistas en la ruta 25, entre Rawson y Trelew.
Tal como contó ADNSUR, el polémico fallo establecía que, mediante el pago de una cuota mensual a las familias delas víctimas, el conductor del Fiat Uno que embistió a las víctimas evitaría el juicio en el que estaba imputado por “homicidio culposo agravado”.
La propuesta de aplicación de esa figura legal mediante un ofrecimiento económico a las familias de las víctimas, había sido propuesta por la abogada defensora del imputado, Elian Alberto Saucedo. La procuradora fiscal Janet Davies se opuso y esta postura fue avalada ahora por la sala penal del Superior Tribunal de Justicia.
El ofrecimiento de reparación, realizado a través de la defensora particular Gladys Olavarria, consistía en el pago de $200.000 mensuales durante tres años a cada una de las dos familias de las dos víctimas.
La jueza Breckle coincidió con la defensa, pero la procuradora de fiscalía Davies impugnó ante el Superior Tribunal de Justicia esa resolución. El máximo órgano de Justicia de la provincia le dio la razón a la representante de la Fiscalía de Rawson.
En su resolución, los jueces Camila Banfi Saavedra, Javier Raidan y Ricardo Napolitani, indicaron: “El ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, la decisión que suspende el proceso a prueba requiere el consentimiento previo y expreso del titular de aquella acción”, en alusión a la oposición manifestada por la procuradora Davies.
CÓMO FUE EL TRÁGICO ACCIDENTE
El 25 de noviembre del año 2023, Saucedo conducía un vehículo Fiat Uno desde Rawson hacia Trelew. En sentido contrario y en una moto marca Corvent lo hacían las dos víctimas. Llevaban casco protector. En ambos sentidos se conducían varios vehículos en caravana a unos 60 kilómetros por hora.
Según automovilistas testigos, el Fiat Uno se cruzó imprevistamente de carril y dio de frente contra la moto. Uno de los motociclistas, Alexis Rojas, perdió la vida en el acto y su acompañante, Cristian Ramos, falleció horas después.
NEGATIVA DE LOS FAMILIARES A LA REPARACIÓN ECONÓMICA
El imputado Saucedo, a través de su defensora Olavarria, ofreció el pago de $ 200.000 por mes. Además, estuvo de acuerdo en que se lo inhabilite para conducir durante tres años y el cumplimiento de pautas de conducta.
Davies se opuso y planteó la necesidad de que el caso vaya a juicio oral y público, con una expectativa de pena de cinco años de prisión efectiva para Saucedo. Afirmó que “la gravedad de un hecho de esta naturaleza implica un interés social en su resolución”, que el accidente “causó un daño inconmensurable por la pérdida de las vidas de dos personas de mediana edad, con sus respectivas familias. Por eso hay que saber lo que ocurrió y que la sentencia sea un dictamen ejemplificador hacia la sociedad”.
Presentes en aquella audiencia, familiares de las dos víctimas expresaron su oposición a la reparación económica. Indicaron que lo ocurrido fue por “imprudencia” del conductor del vehículo, y que la pérdida de esas dos vidas humanas “nos cambió las vidas”.
En su impugnación, la procuradora de fiscalía Janet Davies centró su argumentación en la gravedad del caso y la falta de conformidad de las víctimas. En este sentido destacó el rol del Ministerio Público Fiscal como “representante y titular de la acción penal y los intereses generales de la sociedad, en su carácter además de tutelar a las víctimas, puntualmente en este caso, a los familiares de los dos hombres fallecidos”.
Asimismo, destacó la posibilidad de realizar el juicio oral y público “para que las víctimas sepan en realidad lo que sucedió, con las pruebas, testimonios y pericias, independientemente de la pena que se pretende desde esta Fiscalía”.
