COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- La investigación que lleva adelante la fiscalía tiene hasta ahora identificado a un grupo importante de personas, pero además queda por añadir a otra cantidad importante, sobre todo porque las personas que pagaron por las “carpetas” quedan expuestas a ser partícipes de un delito.

El fiscal, Héctor Iturrioz, manifestó que “hay gente que está inscripta en el IPV desde el año 1991  y nunca le dieron una vivienda, pese a que cumple con todas las condiciones. Y esa gente dice que en Comodoro Rivadavia no se puede acceder a una vivienda si no es por izquierda, con algún conocido en el organismo o en los sindicatos, o si no pagando. Hay gente que se inscribió ‘hace dos minutos’ y ya tiene su vivienda, lo que escapa a todo valor de justicia distributiva”, dijo.

Sobre el monto obtenido por los imputados, recordó que en la cuenta bancaria se registraron movimientos por 40 millones de pesos, pero si se confirmara la cantidad de afectados y el monto promedio de 200.000 pesos, la cifra ascendería a 140 millones de pesos. De todos modos, recordó que muchos “quedaron debiendo cuotas y todos los que participaron de este entramado se quedaron con su tajada, aunque la porción del león se la quedaban los jefes”.

Cuando la investigación se hizo pública, algunas de las personas que pagaron por la vivienda lograron una devolución del dinero por parte de quienes participaban de la asociación ilícita, aunque el fiscal indicó que todavía no tiene ningún caso acreditado.

En cuanto a la situación de los imputados, recordó que el pasado 17 de noviembre se renovó la prisión preventiva de Maximiliano González, pero solamente por 10 días, por lo que se realizará una nueva audiencia el próximo día 27.

Los hechos imputados se basan en la figura de la asociación ilícita, en concurso con falsificación de documentos, falsedad ideológica de documento público, y exacciones ilegales bajo la modalidad concusión, además de exacciones ilegales bajo la modalidad concusión. Además, hay una mujer, imputada, identificada como Griselda Jonás, que permanece con detención domiciliaria.