RAWSON (ADNSUR) - La Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia del Chubut decretó la suspensión de términos legales y judiciales para los días 10, 11 y 12 del corriente mes y año, en todos los organismos dependientes de la Judicatura de todas las Circunscripciones Judiciales de la Provincia del Chubut y para el Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o a cumplirse.
Se hace saber que los organismos referidos en el punto anterior, sin excepción alguna, deberán garantizar una prestación razonable del servicio de Justicia.
La Resolución fue adoptada teniendo en cuenta los siguientes considerandos:
-Las medidas de fuerza que continúan desarrollándose con fundamento en la falta de pago, por parte del Ejecutivo Provincial, de sueldos atrasados y el marco del contexto social reinante.
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-El pedido formal de la Cámara de Apelaciones de Trelew, contenido en el Acuerdo referido y lo peticionado, en forma conjunta, por numerosos Magistrados y Funcionarios de todas las estructuras que conforman el Poder Judicial de la Provincial del Chubut.
-Que se mantienen las condiciones tenidas en cuenta al momento del dictado de la Resolución, las que fueran expuestas por representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chubut (AMFJCH) y del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (S1TRAJUCH), en ocasión de la reunión celebrada la semana próxima pasada.
-Que ante el incumplimiento en el pago de los haberes correspondientes a los meses de enero y febrero, a lo que debemos sumar la incertidumbre generada respecto a la posibilidad de su cobro, se provoca una situación -repudiada por este Superior Tribunal de Justicia- que resiente el normal desenvolvimiento de la actividad judicial en todos los Tribunales de esta Provincia.
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A consecuencia de las circunstancias referidas, se hace necesario y conveniente adoptar recaudos que ayuden a atenuar el impacto negativo que las mismas conllevan y evitar que se menoscabe, aún más, el servicio de Justicia y se agrave la situación de los usuarios y operadores del servicio de justicia.
