Los senadores Ignacio Torres  y Edith Terenzi, de Juntos por Chubut, presentaron una fuerte denuncia contra la jueza Mariel Suárez ante el Consejo de la Magistratura, para quien solicitan su destitución a partir de sus visitas al condenado Cristian ‘Mai’ Bustos. Los denunciantes fueron acompañados por familiares del policía Tito Roberts, la víctima de uno de los homicidios de Bustos, al tiempo que toman como punto de partida el informe del jefe de turno de la penitenciaría que detalló que la jueza compartió “mates, abrazos y besos (en la boca)” con el condenado.

Entre los fundamentos para promover la destitución de la jueza, la presentación encabezada por Torres y Terenzi sostiene que Suárez aún integraba un tribunal que debe resolver cuestiones legales vinculadas a la sentencia de Bustos, como puede ser la impugnación por parte de la defensa. 

Por ello se alude a una vulneración del artículo 80 del Código Procesal Penal, que califica como falta grave la omisión de apartarse del conocimiento de una causa cuando existen motivos legales para ello. 

“Como la jueza Suárez desliza en sus manifestaciones públicas que su vínculo fue con posterioridad al dictado de la sentencia (…) nos adelantamos a decir que el dictado de la sentencia no fue una vuelta de página como lo pretende Suárez ni mucho menos implicó el cese de su desempeño en la causa, toda vez que la sentencia (en la que ella votó en disidencia y se pronunció en contra de la prisión perpetua que dispuso el tribunal por mayoría) había sido leída el mismo día que ella se desplazó 400 kilómetros desde Comodoro Rivadavia a Trelew para intimar con Bustos”.

Según se consigna en la denuncia, “el tribunal leyó la sentencia por vía virtual el 29 de diciembre de 2021 (la sentencia está fechada el día anterior, 28 de diciembre) y ese mismo día tuvo lugar el primero de los encuentros íntimos entre Suárez y Bustos que hasta acá se conocen”.

“Esto significa que la jueza Suárez intimó con Bustos cuando aún era una magistrada a cargo de la causa en tanto integrante de un tribunal que al momento de los encuentros seguía teniendo jurisdicción para recibir recursos contra la sentencia…”, añade la presentación.

La denuncia agrega otro detalle importante, al indicar que la defensora de Bustos anunció que impugnaría la sentencia sobre la base del voto de la jueza Suárez en la sentencia, ya que ésta pidió una pena menor para el condenado, por considerar una serie de atenuantes en su favor y en abierto cuestionamiento al accionar de la policía el día del tiroteo. 

“Así las cosas –se lee en la denuncia- la jueza Suárez tuvo un vínculo de intimidad con Bustos cuando el tribunal que integraba todavía estaba a cargo de la causa”. 

“Es notorio que Suárez estaba cautivada por Bustos”

La denuncia también cuestiona el desempeño de la jueza Suárez al momento de evitar su voto en la sentencia y la cuestiona por la empatía con el imputado, a quien llama en algunos pasajes “Cristian”, sin el apellido del acusado, lo que connota familiaridad, pero además la cuestiona porque sus razonamientos parecen defender al imputado.

“En sus expresiones se advierte una animosidad impropia de quien tiene que mantenerse imparcial. Está claro que Suárez estaba afectivamente comprometida con Bustos –sostienen los acusadores-. En todo caso puede resultar discutible que el hecho de ser prófugo incida en el monto de la pena, pero en ningún caso que como lo propone Suárez deba ser tomada como una suerte de pena anticipada que habilite a reducir el reproche penal”.

Más allá de la cuestión técnica, la denuncia afirma que el voto de la jueza “está escrito desde la empatía con Bustos y la enemistad con las fuerzas de seguridad, a las que incluso (…) ‘verduguea’ y ‘carga’ aludiendo a que las fuerzas de seguridad de Chile lograron lo que no pudieron las de Chubut”, en referencia a l detención de Bustos luego de permanecer 10 años prófugo.

Para los denunciantes, la jueza hizo una argumentación “desde su parcialidad para terminar propiciando la imposición de la pena mínima para el tipo penal de homicidio simple: sólo 8 años de prisión”.

Tras analizar varios pasajes del fallo de Suárez en la sentencia, los denunciantes insisten con la falta de imparcialidad de la jueza:

“Es notorio que Suárez estaba cautivada por Bustos y en tal sentido estaba tan afectada su imparcialidad que no duda en emplear calificativos de enjundia con él, al mencionar que es rápido y ágil, a la par que trata de ineficientes a quienes cumplían al función de captura al prófugo”, afirma la acusación.

“No puede ser imparcial quien comparte horas de abrazos, de besos y mates”

Para los denunciantes, la jueza debía apartarse del caso a partir de lo que prevé la ley de Etica Pública de la provincia, que en su artículo 18 establece que “deberán excusarse de intervenir en todo asunto en que por su actuación se puedan originar presunciones de interpretación y decisión parcial o concurrencia de violencia moral”.

“Es patente que éste era el caso, habida cuenta de que la vinculación íntima con una persona da lugar a un conflicto de intereses de tal entidad y trascendencia que torna imposible la imparcialidad que le es exigida a funcionario público para resolver una cuestión de interés general, y mucho más se lo impide a quien se desempeña como juez en un caso en el que debe decidir sobre la libertad de una persona y en su caso, la extensión temporal de la restricción de esa libertad”.

No parece compatible la imparcialidad y serenidad de juicio –añade uno de los párrafos más fuertes de la denuncia- tener que decidir la condena o absolución de aquella persona con la que se comparten horas de besos, abrazos, mates, confidencias y un proyecto ‘literario’ común”.

Los senadores chubutenses, acompañados por la familia del policía asesinado Tito Roberts, también acusan a la jueza de “chapear” con su cargo al momento de visitar a Bustos, en otra vulneración a la ley de Etica Pública, ya que hizo alusión a su cargo “para concretar un encuentro íntimo con un detenido sin cumplir con las reglas de horarios y motivos de visitas y pasando por alto que es la magistrada que con apego al deber de imparcialidad intervenía en el juicio en el que esa misma persona afrontaba la imputación del delito de homicidio agravado”.

Inasistencia al despacho y retardo de justicia

Otro de los cuestionamientos a la jueza comodorense es por su inasistencia al despacho a su cargo el día 30 de diciembre, cuando aún se encontraba en Trelew para mantener la segunda reunión con Bustos. 

Ese día, la magistrada debía llevar adelante una audiencia de control de detención en Comodoro Rivadavia, pero adujo no poder concurrir por “problemas de salud”, debiéndose postergar la audiencia para el día siguiente. 

Los denunciantes piden verificar si para justificar la falta la jueza presentó un certificado médico, lo que resultaría falso, “habida cuenta que el 30 de diciembre se encontraba en buen estado de salud y reunida con el condenado Bustos”. 

En base a lo anterior, los denunciantes afirman que hubo retardo del servicio de justicia, además de una vulneración del artículo 60 del Código Procesal Penal, que “prescribe que la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable”.

Otro de los fundamentos de la denuncia es la vulneración a los derechos de las víctimas, que en este caso son los familiares del policía Tito Roberts. 

“El maltrato y desconsideración de la jueza Suárez hacia las víctimas no amerita otro calificativo que de mal desempeño y da lugar a su remoción pues ha demostrado que no está en condiciones de impartir justicia con apego de la Constitución, los tratados internacionales y la legislación procesal y de ética en la función pública”, aducen.

“Se trata de un caso tal vez sin precedente que conmueve la estructura misma del sistema de justicia y lo somete a la prueba respecto de si es capaz de sacudirse las complicidades y condescendencias corporativas –concluye la parte argumental de la denuncia- para ser capaz de juzgar la conducta de una de sus integrantes, conducta que socava la confianza que el pueblo debería depositar en los magistrados”. 

La denuncia es firmada, además de los mencionados legisladores nacionales, por integrantes de la familia del policía asesinado: Mercedes Jara, Telma Roberts, Fabiana Roberts, Claudia Roberts y Leopoldo Roberts.

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