RAWSON (ADNSUR) - El inicio del juicio oral por la causa de la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia, cuya primera audiencia estaba prevista para mañana martes en la Oficina Judicial en Rawson, debió ser suspendida hoy luego del planteo de uno de los miembros del tribunal, quién pidió no exponerse por cuestiones de salud que pudieran perjudicar a su entorno familiar.

En un primer momento, los miembros de la oficina tenían previsto dar inicio al juicio a pesar de las restricciones establecidas a causa de la pandemia, aunque con medidas que iban a limitar el ingreso a la audiencia hasta 30 personas entre imputados, defensores y fiscales, sin presencia de público ni de la prensa. Pero el planteo de uno de los integrantes del tribunal -integrado por los jueces Miguel Caviglia de Comodoro Rivadavia; Fabio Monti de Trelew y Jorge Novarino de Sarmiento- motivó la suspensión de la primera audiencia, por lo que habrá que esperar una nueva fecha de reprogramación.

La causa cuenta con 12 imputados en total. Seis de ellos eran funcionarios y se los acusa como coautores de defraudación con administración fraudulenta con perjuicio al Estado en delitos continuados: el ex subsecretario de Unidad Gobernador,  Diego Correa, su colaborador, Diego Luthers, la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, la ex encargada del depósito de Familia, Viviana Barale, y el responsable de Compras del ministerio, Cristian Orsi. En un primer momento se investigó también al ex ministro Coordinador, Alberto Gilardino, porque aparece su firma en todos los expedientes, pero luego los fiscales lo desvincularon de la causa por no encontrar mayores pruebas que lo vinculen con el resto de los actores.

Y también por el delito de defraudación, pero en carácter de participes necesarios, están imputados seis responsables de comercios de la zona que facilitaban las presuntas "facturas truchas": son Franco Finiguerra, Bruno Taurelli Chiribao, Cecilia Sabada, Marta Fracasso, Guillermo Williams y César Hugues.

Según la acusación, la operación que partía del área de Correa -y para lo cual el área de Familia prestaba la colaboración necesaria en los trámites administrativos-, consistía en facturar millones de pesos en elementos como agua, leña, carne, colchones y nylon que nunca llegaron a destino y en muchos casos ni siquiera se entregaron, valiéndose de un decreto de emergencia firmado a fines de marzo de 2017 cuando se desató el temporal que inundó a la ciudad. La medida habilitaba la compra directa para buscar más agilidad en los trámites debido a la urgencia y la necesidad que estaba pasando la gente víctima del temporal, y según los fiscales, este instrumento habría sido utilizado para estafar al Estado y también a los vecinos que necesitaban una ayuda urgente.

Se cree que la primera audiencia del juicio, en la que se hacen planteos preliminares como ocurrió en el caso Embrujo, va a ser utilizada por los abogados defensores de los imputados que no eran funcionarios, para pedir el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, que si es denegada por los fiscales, es probable que sea apelada y genere un aplazamiento en el inicio del debate oral y público.

De todos modos, la noticia de último momento -que no sorprende teniendo en cuenta el contexto- es que ante las medidas restrictivas para evitar el contagio del Coronavirus, el juicio por la emergencia climática de Comodoro deberá esperar, al menos hasta abril.